La valorización que aprobó el Concejo de Bogotá en noviembre pasado sigue sumando detractores. Tras la demanda que interpuso la concejal Ángela Garzón (Centro Democrático), este viernes se conoció una nueva acción judicial que busca tumbar la autorización que le dieron al Distrito para hacer el cobro.
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Un grupo de ciudadanos, liderados por el exviceministro del Interior Luis Ernesto Gómez, radicó una demanda para declarar nulo el Acuerdo y, en paralelo, pidió medidas cautelares para suspender la iniciativa, con la que el Distrito se propone recaudar $906.579 millones de los bolsillos de los propietarios de 503.000 predios en estratos 4, 5 y 6.
En el nuevo recurso se asegura que no hubo planeación de las obras, que los predios aledaños a los proyectos no se valorizarán y que no hubo suficiente socialización para conocer lo que se buscaba con los nuevos recursos.
"Hay varios ejemplos que lo demuestran. Esta semana el alcalde (Enrique) Peñalosa presentó los componentes de la licitación de Transmilenio por la carrera Séptima que incluye todas las obras de urbanismo y complementarias, y en el Acuerdo de valorización se aprobaron $15.000 millones para las conexiones peatonales transversales al sistema de transporte de la Séptima con calles 73, 79 y 85; lo que indica una clara indebida planeación", aseguraron.
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El recurso guarda similitud en la demanda que presentó la concejal Garzón, en la que se advierte que no se habría hecho un estudio actualizado de la capacidad de pago de los contribuyentes, que las obras no contarían con estudios de factibilidad, que se incluyeron prórrogas al plazo para la ejecución de algunos proyectos y que no se habría guardado la unidad de materia, pues se habrían incluido elementos de otros proyectos que serían similares.
“El Acuerdo le otorga discrecionalidad al IDU para definir el monto de valorización, competencia que es propia del Concejo y que, en este caso, se desprendió de sus facultades y las delegó a la administración (…) Como quedó aprobado, ni siquiera es claro cuál es la información catastral que sirvió de base como estudio para adoptar semejante decisión”, alegaron los demandantes.
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Reclamaron también que el Concejo habría autorizado al Distrito para efectuar un recaudo adicional por $80.000 millones, sin considerar que para ello ya existen los impuestos ordinarios. “Es una exigencia burocrática que carece de razonabilidad y de fundamento objetivo. En consecuencia, es arbitraria, excesiva y desproporcionada”, dijo Gómez.
Finalmente, al insistir que el Acuerdo generaría un “eminente perjuicio patrimonial”, aseguraron que en la fórmula para determinar quién debe pagar por la valorización se calcula el valor de la contribución, mas no si el propietario está en condiciones de pagarla. “Existe un error de derecho al pretender que el avalúo catastral del inmueble presupone capacidad de pago y beneficio de los inmuebles que se gravarían, sin evidencia técnica frente a ello”, concluyó Gómez.
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