Contralor de Bogotá se defiende y niega vínculos con Odebrecht

Juan Carlos Granados es investigado por supuestamente favorecer a la empresa mientras fue gobernador de Boyacá entre 2012 y 2015. / Cristian Garavito

Tras una semana de haber escuchado los alegatos de la Fiscalía, el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, compareció ayer ante el Tribunal Superior de Bogotá para asumir su defensa frente a la investigación que adelanta el ente acusador porque supuestamente habría intentado favorecer a la firma Odebrecht con contratos de infraestructura cuando fue gobernador de Boyacá (2012-2015).

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El funcionario —a quien la semana pasada le imputaron los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias como servidor público— llegó al recinto pasadas las 9:00 de la mañana y a lo largo de su intervención insistió en su inocencia y negó cualquier tipo de vinculación con la multinacional de origen brasileño.

En su declaración, que se extendió varias horas, el actual contralor de la capital manifestó que no recibió $200 millones de la firma brasileña para financiar su campaña a la Gobernación y negó —en contravía de lo dicho por la Fiscalía— que haya utilizado su influencia para favorecer a Odebrecht durante su mandato.

Previamente, el ente acusador había señalado que, como prestación por los dineros que supuestamente entregó la multinacional a la campaña de Granados, éste habría hecho las gestiones para que se le adjudicara el contrato de la vía Duitama-Charalá-San Gil, pero la constructora terminó declinándolo por considerar que no era viable financieramente.

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Inicialmente, el contralor desmintió haberse reunido con directivos de la empresa y con políticos antes de su elección, para supuestamente concretar el pago de los $200 millones. Según había señalado la Fiscalía, la cabeza detrás de estos encuentros era el exsenador Plinio Olano, otro destacado político boyacense, quien permanece en prisión por su posible participación en el esquema de sobornos.

Aunque Granados admitió que se reunió con Olano, negó que en la reunión hubieran participado empleados de Odebrecht, así como el empresario Federico Gaviria, entonces asesor externo de la firma Odebrecht en Colombia y quien ha testificado contra varios políticos por sus vínculos con la empresa. En su defensa, el contralor manifestó que el propósito del encuentro, que habría contado con la presencia de dos representantes a la Cámara por el Partido de la U, era coordinar su plataforma política y los apoyos de esa colectividad con miras a la Gobernación.

“Jamás he participado en reuniones, siendo candidato, con el señor Luiz Bueno (entonces presidente de Odebrecht en Colombia) ni con Federico Gaviria (…) Él dice en sus declaraciones —que son cruzadas entre ellas— que en esa reunión no había nadie más sino Luiz Bueno, Plinio Olano, él y yo, pero ese día estuvo Luis Guillermo Barrera, representante a la Cámara del Partido de la U por Boyacá, y Pablo Sierra, también representante. Era una reunión política para plantear mi programa de gobierno y para organizar eventos del Partido de la U a un mes de las elecciones”, dijo Granados.

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Aseguró que no hay pruebas contundentes de que haya asistido a otras reuniones y, respecto a la vía Duitama-Charalá-San Gil, declaró que ni siquiera estaba incluida en el programa de gobierno que les propuso a los boyacenses, pese a que sí fue incluida después en el Plan de Desarrollo departamental.

“Cuando fui elegido, esa vía estaba concesionada a un tercero con un contrato que data de 2008. Yo no propuse esa vía, no la incluí en mi plan de gobierno, porque excedía mi competencia. Esa es una carretera de 123 kilómetros: 46 km en Boyacá y 74 km en Santander. En un programa de gobierno uno no plantearía cosas para hacer en otro departamento”, indicó.

Juan Carlos Granados también desvirtuó que en 2011, cuando aún era candidato, se hubiese acordado que la vía terminaría en manos de Odebrecht a través de una alianza público-privada (APP), teniendo en cuenta —argumentó— que la ley que reguló este esquema de financiación es de 2012. “El señor Federico construye hechos del pasado con cosas del futuro”, agregó Granados, quien admitió que, aunque se reunió ya en su condición de gobernador con empleados de Odebrecht, se trató de encuentros netamente administrativos: “Yo sí conocía al señor Luiz Bueno, pero cuando yo era gobernador, no candidato, porque ellos buscaban presentarse”.

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La acusación de la Fiscalía señala que, una vez Granados resultó elegido gobernador, la multinacional lo habría contactado en 2012 para concretar el acuerdo. Para ello, dijo hace ocho días el ente investigador, el interlocutor habría sido el exsecretario de Infraestructura de Boyacá Bernardo Umbarila. Desde entonces se habrían realizado varias reuniones para ajustar el proyecto vial.

En respuesta, Granados manifestó que no delegó a nadie y que el contacto de Umbarila con Odebrecht hacía parte de sus funciones, en su papel de funcionario encargado de atender a eventuales interesados en proyectos de infraestructura.

“Yo no lo delegué. Él fue a atender una intención de una iniciativa de alianza público-privada, como atendió otras. Con Odebrecht, el entonces secretario tuvo dos reuniones, una para pedir información y otra en la que ellos querían saber si la Gobernación aportaría dinero a la vía, a lo que respondimos que no, pues la política era sí APP, pero con plata de particulares”, precisó.

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Por otro lado, el contralor negó que, en su papel de miembro del consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), hubiese hecho gestiones con su entonces director, Alfred Ballesteros, para favorecer a la multinacional en el proceso contractual para la ampliación de la planta de tratamientos residuales El Salitre (PTAR Salitre) en Bogotá, en el que la multinacional resultó precalificada.

Granados aseguró que en ese procedimiento hubo unas mismas reglas de juego y que el proyecto fue vigilado por el Banco Mundial. “Dice el señor Federico que no se pudo adjudicar esa obra a Odebrecht por el escándalo en Brasil y tengo cómo demostrar que Odebrecht quedó de segundo en la oferta económica y por ello no le adjudicaron. Es una decisión completamente objetiva”, precisó.

Por orden del juez, la audiencia en la que se definirá si Granados es enviado o no a la cárcel se reanudará el próximo 19 de noviembre.En caso de que el funcionario sea cobijado con medida de aseguramiento, la Contraloría Distrital quedaría provisionalmente sin cabeza y podría quedar como encargado el contralor auxiliar, Andrés Castro Franco.