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El contralor distrital Diego Ardila le exigió al alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro que suspenda de su cargo al alcalde local Luis Fernando Escobar. La razón que argumentó el ente fiscal es que contra Escobar se adelantan seis procesos de responsabilidad fiscal, una de las cuales asciende los $1.400 millones. La medida cautelar es para evitar poner en riesgo otros recursos públicos.
Según la misma Contraloría de Bogotá, la entidad realizó el traslado de cuatro procesos por presunta corrupción en alcaldías locales a la Fiscalía. Además, se adelantan 13 procesos disciplinarios en la Personería.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Hugo Ernesto Zárrate, indicó que la Contraloría no es la encargada de pedir la suspensión de ningún alcalde local.
"El único que puede ordenar la suspensión de un alcalde local es el Personero al cual yo ya le solicité esta investigación. Si no es él es la oficina de control disciplinario de la Secretaría de Gobierno, pero debe surtir un debido proceso. El próximo 25 de agosto se realizará una audiencia para que el investigado pueda defenderse y se pueda emitir un fallo al respecto", dijo Zárrate.
En mayo pasado, la Personería Distrital en primera instancia destituyó e inhabilitó del cargo a Escobar. El contrato que provocó la destitución de Escobar fue el que la Alcaldía Local firmó con la Fundación para el Desarrollo de la Educación, la Salud y una Nueva Cultura de Vida en Colombia (Fudescu), por $350 millones. Su objeto era capacitar a un grupo de ciudadanos en proyectos productivos, crear 50 unidades productivas (inscribiéndolas en Cámara de Comercio), darles los insumos y finalmente hacer ferias con la muestra productiva. Este convenio quedó firmado por el exalcalde de Kennedy Jesús Antonio Mateus, un día antes de que dejara su cargo (también fue destituido e inhabilitado). Luego llegó Escobar, quien hizo varias modificaciones a la forma de pago.
Según la Personería Distrital, el alcalde Luis Fernando Escobar fue quien hizo modificaciones, como prórrogas y porcentajes de pago, autorizando desembolsos sin que la fundación hubiera cumplido los requisitos contractuales. Por ejemplo, en el contrato inicial, la forma de pago era un anticipo del 40% ($141 millones), un segundo pago del 30% ($105 millones) a los tres meses de ejecución, un tercer desembolso del 20% ($70 millones) a los cinco meses de ejecución y un 90% de avance, y un pago final del 10% ($35 millones) contra acta de liquidación.