¿Contralor sin control?

La Auditoría General de la República (AGR) asegura que Ardila se niega a que lo vigilen, mientras que él dice que la AGR no tiene esa competencia.

Diego Ardila Medina, contralor de Bogotá, y Jaime Ardila Barrera, auditor general de la República. / Archivo
Diego Ardila Medina, contralor de Bogotá, y Jaime Ardila Barrera, auditor general de la República. / Archivo

El contralor distrital, Diego Ardila Medina, negó la entrada a la entidad a un grupo de doce funcionarios de la Auditoría General de la República (AGR), entidad que dice ser la encargada de vigilar las funciones del órgano de control fiscal en Bogotá. La visita de los funcionarios tenía como finalidad iniciar el proceso auditor de la vigencia de 2012 a la Contraloría Distrital.

¿Cuáles fueron las razones? La orden de Diego Ardila fue dada a conocer por la contralora auxiliar, Ligia Inés Botero, a través de una misiva enviada a Édgar Villamizar, funcionario de la AGR, quien era el encargado de coordinar el proceso auditor.

Botero argumenta que esa entidad ya cuenta con un organismo encargado de hacer seguimiento a la contratación y al presupuesto de la Contraloría Distrital: la Auditoría Fiscal o Especial, en cabeza de Rodrigo Tovar, quien fue reelegido por dos años más, en agosto del año pasado, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La diligencia de la Auditoría General a la Contraloría de Bogotá estaba dirigida a estudiar los procesos que en ese organismo se han iniciado sobre el denominado carrusel de la contratación en Bogotá, además de otras investigaciones efectuadas por ese órgano de control que están relacionadas con la red pública hospitalaria de la capital del país.

Ante la negativa de Ardila Medina de autorizar el ingreso de funcionarios de la AGR, Jaime Ardila Barrera, auditor general, decidió iniciar un proceso sancionatorio contra el contralor de Bogotá, “por obstruir y obstaculizar el ejercicio del control a cargo de este organismo”.

Según Ardila Barrera, el contralor distrital estaría desconociendo la competencia que tendría la AGR para ejercer control fiscal a esa entidad. Es decir, establecer si la contratación y el presupuesto fueron destinados e invertidos bajo los principios de transparencia y legalidad contemplados por la ley de contratación pública colombiana. Ardila Barrera asegura que la AGR tiene esas funciones y que así lo definió la Corte Constitucional (sentencia 1339-00).

Pero el contralor distrital refuta ese argumento. De acuerdo con Ardila Medina, la AGR estaría extralimitando sus funciones ya que, según él, no es competencia de la Auditoría General vigilar y evaluar la gestión pública realizada por la entidad que él representa, mucho menos realizar control fiscal a la Contraloría Distrital.

El contralor asegura que su posición está sustentada en el Estatuto Orgánico de Bogotá. Ardila Medina afirma que es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el encargado de designar un auditor fiscal, independiente de la Auditoría General, quien debe realizar estas funciones (artículo 105).

“Nos respalda un régimen especial. Ahora, si el objeto de la visita de los funcionarios de la Auditoría General era hacerles una investigación a los procesos de nuestros sujetos de control, le estamos haciendo un favor al auditor general, ya que él estaría usurpando funciones que no son de su competencia”.

En una carta enviada por el contralor distrital al auditor general, conocida por este diario, Ardila Medina solicita a ese organismo que “en procura de evitar que dicha función sea ejercida por dos funcionarios, posibilitando una eventual violación al debido proceso..., respetuosamente solicito se sirva remitir las diligencias de orden administrativo que la Auditoría General adelanta contra la Contraloría de Bogotá a la Auditoría Especial, para que sea dicha autoridad la encargada de realizar la vigilancia a la gestión fiscal”.

La misiva fue enviada el 24 de abril de este año, una semana después de que la Auditoría General advirtiera públicamente que en la Contraloría de Bogotá están a punto de prescribir 173 procesos fiscales (algunos de estos relacionados con el carrusel de la contratación), lo que representaría un presunto hueco al erario capitalino de $116.000 millones.

Pero el auditor general no se quedó callado y ayer le contestó al contralor de Bogotá. En una carta, conocida por El Espectador, Ardila Barrera le recuerda al contralor distrital que la Corte Constitucional le asignó a la AGR la vigilancia de la Contraloría General de la República y de las contralorías departamentales, municipales y distritales. También le advierte que él no puede autocontrolarse y cita otra sentencia del alto tribunal (C-598 de 2011): “no es posible, desde el punto de vista constitucional, que exista autocontrol por parte de la entidad que ejerza control fiscal, y éste siempre deberá ser ejercido por un organismo independiente”.

La advertencia del auditor general compagina con las denuncias realizadas por la bancada progresista del Concejo de Bogotá, las cuales están direccionadas a que la Auditoría Especial depende presupuestal y administrativamente de la Contraloría de Bogotá y que por ende, ésta no tendría independencia e imparcialidad a la hora de vigilar al ente de control capitalino.

En ese documento, Ardila Barrera le anuncia al contralor que la visita de sus funcionarios a la Contraloría de Bogotá se repetirá el día de hoy y que de negarles la entrada, se encargará de poner esta situación en conocimiento de la Procuraduría y la Fiscalía, además de interponer las demandas necesarias.

En el transcurso del proceso, un funcionario de la Auditoría, Freddy Céspedes, le solicitó al Contencioso Administrativo suspender provisionalmente el artículo 105 del Estatuto Orgánico de Bogotá, el cual determina que “la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría se ejercerá por quien designe el tribunal administrativo que tenga jurisdicción en el Distrito”. En mayo del año pasado se decidió no suspenderlo. Mientras no haya decisión de fondo por parte del Consejo de Estado, seguirá este choque de trenes.

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