Contraloría dice que gestión de Unidad de Servicios Públicos es ineficiente

El ente de control asegura que ha faltado celeridad para exigir la titularidad y disponibilidad de los bienes de aseo por parte de los operadores privados.

Archivo El Espectador

La Contraloría de Bogotá envió una advertencia fiscal al alcalde Gustavo Petro por la falta de gestión de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) para exigir la titularidad y disponibilidad de los bienes y elementos de la concesión del servicio público de aseo, cuyo vencimiento tuvo lugar en el año 2010.

Según el clausulado de dichos contratos, que se firmaron en 2003 por el término de siete años, la remuneración a los operadores para la prestación del servicio público de aseo se hizo vía tarifa, es así como la estructura financiera de la concesión incluía la amortización de los bienes requeridos para la organización y puesta en marcha del servicio, como camiones compactadores y barredoras.

En este sentido, al finalizar los contratos, dichos bienes deberían haber pasado a ser propiedad del Distrito, pues según la Cláusula de Reversión establecida en la Ley 80 de 1993 “(…) En los contratos de explotación o concesión de bienes estatales se pactará que al finalizar el término de la explotación o concesión, los elementos y bienes directamente afectados a la misma pasen a ser propiedad de la entidad contratante, sin que por ello ésta deba efectuar compensación alguna”.

Llama la atención de la Contraloría de Bogotá que no obstante el vencimiento de dichos contratos, el Distrito aún no tiene la titularidad y disponibilidad de los bienes objeto de la Cláusula de Reversión que fueron amortizados vía tarifa, con el agravante que la Administración de la ciudad no ha aplicado oportunamente las acciones contractuales previstas.

La Cláusula de Reversión es una Prerrogativa Exorbitante que se encuentra implícita en los contratos de concesión, en los cuales de manera expresa se previó que la remuneración a los operadores comprende la amortización de las inversiones efectuadas por los concesionarios como la de los vehículos compactadores, que debieron ser transferidos al Distrito Capital sin mediar pago adicional o compensación alguna.

Para el contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, ha existido ineficiencia en la gestión por parte de la Uaesp en cuanto al manejo de la Cláusula de Reversión, pues desde hace tres años aproximadamente que terminó el primer plazo de ejecución de los contratos, no realizó oportunamente las acciones tendientes a hacer efectiva dicha cláusula.

Así mismo, desde el año 2010 los diferentes operadores del servicio público de aseo debieron haber cancelado al Distrito el valor correspondiente a la utilización y explotación de dichos vehículos, así como el que hoy paga la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP por el alquiler de los compactadores usados que tuvo que importar para el efecto.

Para la Contraloría de Bogotá, esta situación contribuyó a poner recientemente en riesgo la continuidad en la prestación del servicio de aseo, lo cual condujo a la Administración Distrital a tomar decisiones de última hora, que evidenciaron serias fallas de planeación que se tradujo en mayores costos financieros, como la improvisación con el uso de volquetas y el incremento de personal que esto conllevó.

De esta manera, y debido a estas situaciones, el ente de control le solicitó a Petro informar sobre las acciones que se adelantarán para evitar la afectación del patrimonio público como consecuencia de no hacer efectiva la Cláusula de Reversión.
 

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