Contraloría Distrital ratifica sanción contra Petro por rebaja de tarifas en Transmilenio

Una resolución del ente de control sostiene que la disminución efectuada en 2012 causó detrimento al Distrito. El exmandatario tendrá que pagar $217 mil millones y sus cuentas fueron nuevamente embargadas.

AFP

La Contraloría de Bogotá emitió un fallo de responsabilidad fiscal contra el exalcalde Gustavo Petro, a quien halló responsable de haberle causado un detrimento patrimonial a la ciudad por la reducción de las tarifas de Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

La resolución, que establece una sanción contra Petro por $217 mil millones sumado al embargo de sus cuentas, tiene que ver con la medida adoptada por la Administración en agosto de 2012, cuando el exmandatario redujo la tarifa y estableció un esquema de franjas horarias, según horas valle y pico (la tarifa bajó $50 en hora pico y $350, en hora valle).

A pesar de que algunos usuarios celebraron la medida, la Contraloría Distrital desde ese momento puso la lupa en la decisión, al considerar que esto se configuraba en un subsidio que era ilegal y que el exalcalde no contaba con un respaldo fiscal que blindara la medida para evitar un detrimento.

Además de Petro, la decisión afecta a su exsecretario de Hacienda, Ricardo Bonilla y a la exsecretaria de Movilidad, Ana Luisa Flechas, considerados los principales responsables de las posibles pérdidas que sufrió la capital. Al ser hallados responsables fiscalmente por el detrimento según la Contraloría (que investiga y juzga) los procesados tendrán que reponer el dinero que supuestamente perdió la capital.

La sanción inhabilita también al exalcalde para ejercer cargos públicos hasta tanto se reponga el dinero. Así, Petro –quien suena como uno de los presidenciables por parte de la izquierda– quedaría al margen de las elecciones de 2018.

Conocido el fallo, que firma el actual contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, el exmandatario se pronunció a través de su cuenta en Twitter, donde responsabilizó al vicepresidente Germán Vargas Lleras de motivar la sanción.

“Contralor distrital vuelve a embargar mi cuenta bancaria que está ya dos veces embargada. Esta es la policía política de Vargas Lleras (…) Tendré que pagar $200.000 millones porque para el contralor de Vargas Lleras, los usuarios del bus deben pagar hasta el último peso de su costo (…) La línea de Ordóñez se extiende a Vargas Lleras. Me criminalizan por expedir políticas públicas en las que ellos no están de acuerdo”, reclamó Petro.

El caso se desprende del seguimiento que hizo a finales de 2012 el Grupo Especial de Apoyo y Fiscalización de la Contraloría Distrital a la rebaja de las tarifas de Transmilenio y el SITP. El organismo hizo una indagación preliminar a las secretarías de Hacienda, Planeación y Movilidad, a la Alcaldía Mayor y a Transmilenio por las presuntas irregularidades en el proceso del cambio de tarifa. La conclusión fue que, por la medida, entre agosto y noviembre de 2012 el Distrito dejó de recibir $64 mil millones.

Luego, en mayo de 2013, la Dirección de Movilidad de la Contraloría advirtió que al monto que se estableció inicialmente se debían sumar $46.743 millones, recursos que el Distrito había dejado de recibir entre el 1° de diciembre de 2012 y el 20 de marzo de 2013. A pesar de que estos recursos se los ahorraron los ciudadanos, para el ente de control esto sería un detrimento que podría representar un riesgo para la sostenibilidad financiera del sistema de transporte.
Ante este proceso, Transmilenio se ha defendido diciendo que “la rebaja de la tarifa no obedece al otorgamiento de subsidios a los usuarios del sistema, sino a un nuevo esquema tarifario establecido por la administración de la ciudad”.