Contraloría General evalúa si pone lupa fiscal a Transmilenio por la Séptima

Archivo El Espectador

No ha sido la mejor semana para el proyecto del Transmilenio por la carrera Séptima. A los reparos de la Procuraduría –que obligaron al Distrito a suspender la licitación–, la alerta preventiva que lanzó la Veeduría Distrital y el fallo de un juez que deja en veremos el proceso, este jueves se sumó un pronunciamiento de la Controlaría General de la República, que evalúa si ejerce control fiscal sobre la obra, tasada en $2,4 billones.

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Así lo dio a conocer el jefe de esa entidad, Carlos Felipe Córdoba, quien aseguró que se estudia si se efectúa control excepcional al proyecto, es decir, intervenir para vigilar la gestión fiscal de los recursos públicos, sin que ello implique desconocer la competencia de la llamada a esta tarea, en este caso, la Contraloría de Bogotá.

“Estamos evaluando ese control excepcional para poder entrar a evaluar cada uno de los temas sobre el Transmilenio por la Séptima. Esa vigilancia consiste en verificar los recursos según la norma, la ley y el estatuto anticorrupción, que nos dan los parámetros de evaluación. Estamos decidiendo si aceptamos o no hacer ese control”, manifestó Córdoba.

La entidad ha señalado que dicho control excepcional se justifica, entre otras, cuando se trata de eventos “en los que puede dudarse de la imparcialidad del órgano territorial de control, debido a presiones o injerencias locales que puedan afectar su idoneidad”.

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Este jueves, un nuevo tropiezo le surgió al proyecto de la troncal de Transmilenio por la carrera Séptima, luego de que la Procuraduría abrió investigación contra ocho funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y pidió suspender la licitación, por lo que el Distrito decidió acatar la petición.

La advertencia de la Procuraduría tiene relación con el Plan Parcial El Pedregal, ubicado en el tramo 4 de la obra, pues según el ente de control no halló soportes sobre la armonización que debía existir entre dichas obras y los diseños de la troncal.

A esto se suma la decisión de un juez que, tras una acción popular presentada por residentes del barrio La Cabrera (Chicó), ordenó abstenerse de adjudicar los contratos de obra hasta que se resuelvan las dudas que existen sobre el tramo 3 del proyecto. De acuerdo con los vecinos, la construcción contempla dos puentes vehiculares, los cuales no cuentan con un estudio de riesgos ambientales, comerciales y de seguridad, lo que podría ocasionar daños en algunas de las propiedades.

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