Contraloría investiga gestión de multas y sanciones de tránsito en Bogotá

El pleito entre el Distrito y Fedemunicipios empezó desde el 2002. /Archivo

La Contraloría General de la Nación inició una auditoría para evaluar la gestión fiscal que realiza la Alcaldía de Bogotá a los recursos provenientes de multas y sanciones de tránsito. La razón: una alerta de Fedemunicipios que señala una presunta indebida apropiación del 10% de lo recibido.

De acuerdo con el ente de control, tras investigaciones previas, el pasado viernes fue instalada la intervención, que se encargará de emitir un concepto de sobre la labor que realizaron las entidades encargadas, es decir, las secretarías de Movilidad y Hacienda, entre el 2016 y 2019.

Luego de ello se verificará la distribución y la ejecución de los recursos, junto con los riesgos y controles implementados, para que así, dentro de seis meses, el contralor Delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras tenga los resultados de la investigación.

“La intervención funcional de la CGR fue decretada por el contralor , Felipe Córdoba, mediante la Resolución Ordinaria 1036 del 17 de noviembre de 2020, teniendo en cuenta el origen de los recursos, el impacto social y económico en el ámbito local, así como la relevancia que tiene en la sociedad el correcto uso de los recursos públicos de que trata el artículo 10 de la Ley 769 de 2002″, indicó la Contraloría.

El origen de la investigación fue una solicitud hecha por la la Federación Colombiana de Municipios ante la negativa del Distrito de entregarles el 10% de lo recibido en multas y sanciones de tránsito para la implementación y actualización del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito SIMIT.

Pero el pleito jurídico no es nuevo. En 2018, la Procuraduría fue la que abrió una indagación contra los entonces secretarios de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, y de Hacienda, Beatriz Arbeláez ante una solicitud similar de Fedemunicipios y que viene desde 2002, cuando se implementó la plataforma del Simit, un sistema que permitía hacer control de las infracciones de tránsito y serviría como herramienta de información para establecer si una multa impuesta en Bogotá.

Desde el comienzo la entidad reclamó la comisión por las multas impuestas y pagadas en Bogotá, pero el Distrito se negó a dársela. En 2009, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de Fedemunicipios y obligó al Distrito a pagarle $80.000 millones por el recaudo del 10 % de las multas de tránsito. Pero, 15 días después de darse a conocer el fallo, en segunda instancia, el Consejo de Estado ordenó suspender el pago mientras se analizaba el proceso, que posteriormente fue derogado. La tensión continuó y terminó con la salida de Bogotá de Fedemunicipios.