Los últimos días no han sido fáciles para el proyecto de metro en Bogotá. Primero se reveló que la verdadera fecha de entrega será 2028 y no 2025, como había anunciado el exalcalde Enrique Peñalosa. Luego se sumaron diversas denuncias desde el Concejo sobre posibles nuevas irregularidades en torno a la estructuración de la obra. Todo esto derivó en un cruce de mensajes en redes sociales entre los últimos alcaldes de la ciudad (Claudia López, Enrique Peñalosa y Gustavo Petro),en el que discutieron sobre el mejor tipo de metro para la ciudad. Sin embargo, un informe de la Contraloría entró a zanjar el debate entre los mandatarios.
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Quien inició la discusión fue Peñalosa (2016-2019) al escribir “Hay especialistas en hablar. Hacer es más difícil. Obras Metro comienzan este año. Trenes comienzan a rodar 2026. Obras terminan: 2027. Inicio operación comercial: 2028. Lo importante es que nosotros contratamos el metro. Habrá metro gracias a nosotros. Lo demás son palabras”. Petro (2012-2015) le respondió que “simplemente las obras del metro no pueden comenzar este año porque como dice el contrato firmado por Peñalosa, se necesitan 27 meses para hacer los estudios de fase II y fase III, que el metro subterráneo ya tenía desde el 2014”.
Hay especialistas en hablar. Hacer es más difícil. Obras Metro comienzan este año. Trenes comienzan a rodar 2026. Obras terminan: 2027
— Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) March 1, 2020
Inicio operacion comercial: 2028
Lo importante es que nosotros CONTRATAMOS EL METRO.
HABRÁ METRO GRACIAS A NOSOTROS. Lo demás son palabras
No más peleas inútiles.
— Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) March 2, 2020
85% votamos el 27 de Octubre pasado por sacar adelante el contrato firmado desde el año pasado para la Fase1 de la primera línea del metro-PLMB. El contrato va bien y en los tiempos pactados: se inicia este junio de 2020 y entra en operación a los 7,3 años https://t.co/XPj24CRx8z
Tras la comparación, el documento concluye que el proyecto subterráneo, por lo menos en nivel de estudios, está un poco más avanzado que el proyecto elevado que ya fue contratado. “Los estudios del metro subterráneo llegaron a un nivel de ingeniería básica avanzada (ingeniería de detalle), mientras que los del elevado solamente alcanzaron el nivel de factibilidad. Es decir, se hace necesario llevar los estudios del proyecto del metro elevado a una definición más detallada, para determinar de manera más precisa su costo y sus bondades frente a los del metro subterráneo”, indica el documento.
De igual forma, el informe plantea una duda final respecto a la ejecución del metro, en comparación con el proyecto subterráneo: las externalidades. Para la Contraloría, “persisten algunas inquietudes, como por ejemplo, en qué medida las estaciones planteadas para el metro elevado, su entorno y la renovación urbana que se requiere, genere externalidades que afecten en tiempo y en dinero el nuevo proyecto. Situación que difiere con el proyecto subterráneo, pues la construcción de este tipo de estaciones y la renovación urbana implica modificar parte de la infraestructura y las construcciones de la ciudad, para adaptarla a nuevos usos y a diferentes actividades, para lo cual se requiere cambiar el ambiente urbano de una manera bien planificada, pues el estudio de factibilidad no es suficiente para detallar con mayor certeza estos eventos”.
Esto no significa que la Contraloría esté insistiendo en el metro subterráneo. De hecho, según la entidad, si no se presentan imprevistos que incidan en sobrecostos, la financiación de la línea de metro no tendría mayores dificultades y los beneficios que traerá justifican los costos y procesos alrededor del proyecto.
“El bienestar a recibir por implementar la primera línea de metro es considerablemente mayor a los costos incurridos, pues el valor presente neto social es positivo y la razón beneficio costo es mayor que 1, es decir, el aumento del bienestar justifica ampliamente los costos de construcción y las externalidades negativas asociadas” , agrega el informe.
Este documento no tiene que ver con el informe de auditoría sobre el manejo administrativo, contractual y financiero a la Empresa Metro de Bogotá (EMB) que presentó la Contraloría el pasado mes de septiembre. En dicho informe, de 180 páginas, el ente de control consignó 29 hallazgos administrativos, 19 disciplinarios, tres penales (relacionados con posibles delitos relacionados con la contratación), y cuatro fiscales, que podrían configurar un detrimento por $1.000 millones, pues la evaluación se hizo a los principios de economía, eficiencia y eficacia con los que se administraron los recursos; los resultados de los planes, programas y proyectos; la gestión contractual; la eficiencia del control fiscal interno, y la gestión financiera.
Aunque sobre el último informe de la Contraloría no hay respuestas del Distrito, en cuanto al informe de septiembre la EMB respondió que es solo el primer paso para verificar las posibles irregularidades expuestas por el ente de control, que el informe no es concluyente y que no se trata de más que una una solicitud a las autoridades fiscales y penales para que inicien el estudio de posibles irregularidades. “A partir de ese ejercicio, los organismos de control competentes podrían iniciar el análisis de procesos sancionatorios, si a ello hubiere lugar. En tal caso, la EMB presentará sus explicaciones y sus funcionarios ejercerán su derecho a la defensa”, indicó en su momento la empresa distrital.
Por ahora, lo único claro es que las recientes revelaciones menguaron la emoción por la adjudicación del contrato para construir el metro elevado. Ahora vienen los pasos más importantes que son la firma del acta de inicio, la realización de los diseños faltantes y el inicio de las obras que, si todo sale como espera la EMB, estarán listas en siete años y cinco meses.