'Contratación distrital sí se puede revisar'

Dice Eduardo Noriega, alcalde encargado de la capital, mientras Gustavo Petro regresa de su descanso.

Eduardo Noriega, secretario general del Distrito, es el alcalde encargado de la ciudad mientras que Gustavo Petro vuelve de Estados Unidos, luego de una semana de reposo. Noriega no quiere que se le hagan perfiles, ni que se resuman su vida y su trabajo en notas de prensa sólo porque ahora es mandatario designado; dice que su verdadera “lidia” está en los toros y en la defensa jurídica del Distrito. Aunque precavido con la información, habló con El Espectador acerca de las negociaciones con los operadores de recaudo que tendrá que liderar.

¿Cuál es la agenda del Distrito para esta semana?
Antes de irse, el alcalde dejó arreglada, con cada uno de los secretarios, la agenda sobre los temas que en este momento son vitales para la ciudad. Acordó con ellos unos trabajos para esta semana y el cronograma se viene cumpliendo según lo acordado. El alcalde tiene una conversación fluida con cada uno de los secretarios y directivos del Distrito, lo que permite una coordinación permanente con él, así no esté. La agenda no tiene sobresaltos y los temas siguen.

¿Se descongelaron las negociaciones con los operadores?
No estaban congeladas. Se ha avanzado en la negociación con los operadores y Recaudo Bogotá, y ayer se firmó un primer acuerdo que permitió el inicio de operaciones de ese concesionario; con los operadores de Transmilenio se avanzó hasta un punto en la discusión. Con los operadores se avanzará y se desarrollarán los acuerdos que sean posibles, y donde tengamos desacuerdos la administración tomará decisiones. La administración distrital entiende que el transporte público es su responsabilidad y los concesionarios tienen obligaciones contractuales que cumplir, pero quien define cómo se cumplen esas obligaciones y cómo se garantiza el cumplimiento de las mismas, así como la movilidad y el servicio, es la administración, y en esto hemos sido claros con ellos.

¿Cuáles son esos ajustes que la administración ve necesarios?
Básicamente, con el estado de ejecución o de madurez de los contratos. Los operadores de la Fase I tenían unas condiciones contractuales algunas de las cuales deben ser revisadas en virtud del tiempo transcurrido en la ejecución de ese contrato y en virtud del ingreso del Sistema Integrado de Transporte Público. Esa es responsabilidad de la administración y la va a ejercer con todo rigor, respetando, por supuesto, los derechos y las cláusulas contractuales que establecen la ecuación económico-financiera del contrato con relación a ellos, pero introduciendo los ajustes necesarios para garantizar que el servicio sea de calidad y con una tarifa razonable, además de que se garantice la sostenibilidad fiscal en el modelo de financiamiento público de la ciudad.

¿Entonces, en la firma de esos contratos, en pasadas administraciones, se tomaron decisiones antieconómicas para el Distrito?
Para la ciudad y los bogotanos. Lo que pasa es que hay que acabar con el mito de que los contratos suscritos por la administración no se pueden revisar. Todo lo contrario, la legislación contractual prevé que cada vez que sea necesario, la administración está en la obligación de revisar, ajustar y modificar los contratos para garantizar el servicio.

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