Se adjudicó en diciembre, por $173.000 millones

Contrato de semáforos en Bogotá: ¿lo ganaron con documentos alterados?

Una denuncia pide anularlo, al hallar que documentos presentados por el principal miembro del consorcio ganador tienen inconsistencias en firmas y datos financieros. Distrito y firma involucrada dicen que están revisando.

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Mientras el Distrito dice que la instalación de la nueva red de semáforos en Bogotá arrancará en junio, el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, tiene en su despacho una papa caliente: una solicitud de terminar unilateralmente el contrato con el consorcio Movilidad Futura 2050, integrado por las empresas Sutec de Argentina (99 %) y la multinacional Siemens (1 %). (Lea: Movilidad Futura 2050 se queda con la licitación de semáforos en Bogotá) 

La petición tiene un recuento de posibles irregularidades en la licitación y documentos que respaldan una grave denuncia: los datos y las rúbricas de los estados financieros que presentó la firma Sutec en Colombia no coinciden con los que radicó ante las autoridades argentinas, donde está su casa matriz. Es decir, de ser cierto, presentó documentos con posibles inconsistencias para ganarse el contrato. (Ver facsímiles al final de la nota)

El denunciante le pide a Bocarejo declarar nulo el contrato, “dado que se celebró contra expresa prohibición constitucional o legal”. La copia de la petición también fue enviada a la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y la Personería. Vale recordar que Sutec no es un desconocido para Movilidad, ya que forma parte de la unión temporal Segrup, que en los últimos años manejó el negocio de patios y grúas. (LEA: Luz roja a licitación para semáforos inteligentes: Distrito suspende el proceso) 

¿Precio bajo?

Desde que se abrió la licitación para renovar la red de semáforos, los entes de control pusieron la lupa. La Procuraduría pidió suspender el trámite y cuestionó “la estructuración de la licitación, la falta de planeación, la improvisación en el cálculo económico y el probable favorecimiento de oferentes, así como el alto riesgo para la salvaguarda del patrimonio público invertido”. A pesar de estas quejas, el Distrito dio sus explicaciones y adjudicó el contrato el 28 de diciembre. (Lea: Investigan al secretario de Movilidad por licitación de semáforos para Bogotá)

Una de las denuncias tiene que ver con el valor de la obra. En este caso, según el estudio de mercado que hizo Movilidad y en el que analizó las cotizaciones de siete empresas, se calculó que renovar la red de semáforos costaría inicialmente $215.000 millones. No obstante, el Consorcio Movilidad Futura presentó una oferta por $173.000 millones (casi $42.000 millones menos). Aunque dicho consorcio estuvo por unos días inhabilitado al no pasar la evaluación técnica, lo cual luego fue subsanado, surgieron dudas entre los proponentes y el propio Distrito alrededor de la oferta del Movilidad Futura al existir indicios de que su oferta posiblemente era artificialmente baja. Esto llevó al comité de evaluación a solicitar explicaciones al consorcio, quien presentó su explicación con un documento en el que solicitó que algunos apartes se mantuvieran en reserva bajo el argumento de la protección del secreto comercial. Tras el análisis que adelantó el Distrito, Movilidad Futura finalmente revivió y ganó el contrato. 

(Lea: Por solicitud de Procuraduría, suspenden licitación para semáforos inteligentes en Bogotá)

Según la denuncia, la adjudicación pasó por encima del manual de contratación pública, que advierte sobre elegir a una empresa que hace una oferta muy por debajo del presupuesto. Y con algo adicional: pese a que los otros interesados quisieron conocer la explicación de cómo el consorcio ejecutaría el contrato con un presupuesto tan bajo, se mantuvo en reserva por solicitud del contratista.

¿Falsedad?

Quizá la denuncia más grave es la de una posible falsedad de documentos, relacionada con los estados financieros y la solvencia económica de la firma Sutec, con sede en Argentina. Por un lado, el denunciante dice que, si bien en la licitación hubo quejas sobre este aspecto, el Distrito no las tuvo en cuenta. Y era entendible, ya que en su momento no se presentaron evidencias concretas.

Sin embargo, en esta oportunidad la denuncia llegó con documentos que corroborarían la queja. Se trata de los estados financieros 2016 de Sutec S.A., presentados ante las autoridades argentinas y que, comparados con los que presentó ante la Cámara de Comercio de Bogotá, no sólo ratifican sus líos financieros, sino que serían la evidencia de una posible falsedad en Colombia o en Argentina.

Según los certificados, mientras en Colombia reportó activos por $28.523 millones, pasivos por $11.663 millones y un patrimonio de $16.860 millones, en Argentina dijo que sus activos sumaban $29.000 millones, sus pasivos $24.828 millones y su patrimonio de $4.201 millones. Es decir, mientras acá se mostró solvente, en su país estaba casi quebrada e, incluso, su presidente advirtió que 2016 fue un año con tantas pérdidas que la empresa “estaba a punto de llegar a causal de disolución”.

La diferencia en las cifras es clave, pues con ellas Movilidad evaluó la liquidez y el nivel de endeudamiento exigidos para participar en la licitación de semáforos. Con las cifras que reportó Sutec en su país de origen hubiera sido descalificada. “El índice de liquidez y el nivel de endeudamiento son diferentes a los aportados en Colombia, por lo cual se puede inferir que fueron también alterados”.

Por si fuera poco, a pesar de que los documentos presentados en Argentina y en Colombia aparecen avalados por el contador público Maximiliano J. Álvarez, como síndico titular; el contador Julio Ómar Gallo, y el presidente Andrés Cufiño, al revisar la forma de las firmas, no coinciden. A estos detalles se suman otras denuncias que se conocieron en la licitación como las deudas con el fisco en Buenos Aires y reportes de cheques devueltos por falta de fondos. “Con la información financiera de Sutec registrada en Argentina, el consorcio no cumplía los indicadores exigidos por Movilidad, lo cual hubiera sido causal de rechazo”, dice el documento.

Y agrega: “Es claro que, al tener en cuenta estos estados financieros de Sutec S.A. en Argentina, el Consorcio Movilidad Futura 2050 no cumple los indicadores exigidos en la licitación y, por lo tanto, no podía ser adjudicatario. Por lo anterior, reitero mi petición de nulidad del contrato entre la Secretaría de Movilidad y Movilidad Futura 2050 Nº 2017 1913 de diciembre 28 de 2017”, dice la carta.

Y concluye: “Solicito a la Secretaría de Movilidad publicar la totalidad de las explicaciones dadas por el Consorcio sobre la oferta artificialmente baja; publique un informe sobre el estado del contrato, sus modificaciones o ajustes y las razones por las cuales no se ha dado inicio a su ejecución”.

A pesar de la seriedad de la queja y los documentos que la respaldan, su origen está en entredicho. Si bien la petición está a nombre del veedor René Leonardo Reyes, él niega ser el autor. “Nosotros sí hicimos observaciones el año pasado y posiblemente de ahí sacaron mis datos. Sin embargo, ese documento lo desconozco. A pesar de eso, le haremos seguimiento, porque es una denuncia de corrupción”, indicó.

Vamos a revisar

Ante la denuncia y la solicitud de terminación del contrato, Jorge Armando Pérez, gerente de Sutec en Colombia, señaló que apenas se está enterando del asunto. “Nos estamos empapando y, por ahora, no podemos decir nada. Lo pondremos en conocimiento de Sutec en Argentina, que es la encargada de elaborar la documentación. Revisaremos el asunto, haremos un análisis, y con base en esto haremos un pronunciamiento público”.

¿Por qué tanto ruido con este contrato? A esta pregunta Pérez respondió: “Como todo proceso licitatorio, donde hay intereses particulares, se intenta desacreditar y poner en duda las actuaciones de funcionarios y de las empresas ganadoras, para favorecer intereses propios. En este caso, lo primero que tiene que ver la ciudadanía es que hubo un ahorro significativo frente a las demás propuestas. Nuestra oferta, más que artificialmente baja, es un precio competitivo. Todo lo justificamos ante la Secretaría de Movilidad”.

Por su parte, Siemens, socio minoritario del consorcio, también se mostró sorprendido con la denuncia y resaltó que tanto ellos como Sutec son empresas independientes y, a pesar de que se hizo un análisis cauteloso antes de asociarse, en principio no encontraron anomalías. “La información que sirvió como base para la evaluación de la capacidad del consorcio, incluidos sus estados financieros, fue debidamente verificada y certificada en el Registro Único de Proponentes (RUP) por la Cámara de Comercio de Bogotá, entidad encargada de realizar este proceso bajo la ley colombiana. Por estar allí registrada, se presume que es cierta y veraz”.

Finalmente, el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, reconoció que la denuncia existe, pero que se está analizando. “Cuando tengamos una respuesta al respecto, se hará un pronunciamiento”, señaló la oficina de comunicaciones de la entidad.

Por ahora, sin empezar la renovación de semáforos en Bogotá, los líos persisten. El caso ya está en manos de las autoridades, y de la celeridad con la que se analicen las evidencias y se actúe, se podrá conocer si la necesidad de tener una nueva red se concreta o seguirá siendo una historia de enredos y denuncias.

En contexto

La ciudad lleva 10 años tratando de renovar la red de semáforos, pero los intentos han terminado empantanados por denuncias. La reciente licitación que abrió la Secretaría de Movilidad, por $215 mil millones, no fue la excepción. Desde el anuncio, la Procuraduría hizo reparos y criticó la falta de claridad del secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.  El Ministerio Público cuestionó los cambios al convenio con la ETB, para operar el sistema; un posible conflicto de intereses de los que estructuraron el proceso, y que no armonizó el plan con la modernización del transporte. 

Los fracasos en este proceso tienen antecedentes desde 2008, cuando Movilidad abrió una licitación que declaró desierta porque nadie cumplía las condiciones. En 2009 la abrió de nuevo, por $215.000 millones, pero la cerraron por falta de presupuesto. Ante ese panorama, planteó dividir la modernización en tres fases, que culminarían en 2012, pero tampoco la realizó. El último intento lo hizo la administración Petro en 2015, pero fracasó luego de que la Procuraduría advirtió inconsistencias en los pliegos. La licitación suscitó especial interés, debido a que la Movilidad había fracasado en la compra de insumos para modernizar la red de semáforos, que le valió una investigación al exsecretario de Movilidad Rafael Rodríguez y al concejal conservador Severo Correa, quien al parecer medió entre los contratistas y el Distrito para cerrar el negocio.

La historia parece repetirse, y lo que preocupa es que la gente debe seguir lidiando con la vieja red semafórica que atenta contra la agilidad del tráfico en Bogotá. Esta es una de las secuelas del incumplimiento de un macroproyecto que buscaba crear un Sistema Inteligente de Transporte (SIT), que pretendía controlar el tráfico desde un centro tecnológico, donde se manejarían los tiempos, de acuerdo con la situación en la que se encontraran las vías.

NOTA DEL EDITOR:

Por solicitud del secretario de Movilidad, quien asegura que no hubo reuniones entre funcionarios del Distrito y los ganadores del contrato de semáforos y, además, advierte imprecisiones en el párrafo del artículo que señalaba “Aunque dicho consorcio quedó inicialmente descalificado, por considerar que su ofrecimiento fue artificialmente bajo, revivió y ganó el contrato tras dar sus justificaciones al Distrito, en reuniones a puerta cerrada”, se hacen las siguientes precisiones y aclaraciones:

1. Si bien el consorcio sí estuvo inicialmente descalificado, no fue su oferta, sino por aspectos técnicos, que luego fueron subsanados. No obstante, el Distrito sí le solicitó al proponente aclarar su oferta, bajo la sospecha de que se podía tratar de un precio artificialmente bajo, como lo señalan documentos de la licitación.

2. El consorcio presentó sus explicaciones, pero pidió de manera clara que se tratara como estrictamente confidencial y no compartirlo con los demás oferentes, al señalar que tenían carácter de secreto comercial. Fue el estudio de este documento el que se hizo a puerta cerrada.

 

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