Contratos de malla vial, en entredicho

¿Pliegos a la medida de los contratistas? Concejales denunciaron a La Alcaldía de Usme por supuestas irregularidades en contratos por $11.383 millones.

Luis Ángel - El Espectador

Una vez más está en entredicho la contratación que adjudican las alcaldías locales. En esta oportunidad, durante una audiencia de control político, varios concejales denunciaron supuestas irregularidades esta vez en los contratos para la reparación de la malla vial. Los denunciantes fueron principalmente los concejales Sandra Jaramillo y Miguel Uribe. Según sus informes, en 2013 y 2014 se asignaron $546 mil millones a las 20 localidades para programas de movilidad, de los cuales $310.470 millones se destinaron al mantenimiento y construcción de vías locales.  Debido al monto, la preocupación no es menor, y especialmente cuando se encontraron casos donde los pliegos de condiciones “parecerían trajes hechos a la medida” de los contratistas y no de las necesidades de los barrios de la ciudad.

Sobre el tema, el concejal liberal Miguel Uribe señaló que estudió 86 contratos de obras de interventorías, en 2013 y 2014, para el mantenimiento, rehabilitación y construcción de la malla vial a cargo de las localidades. En ellos encontró que en algunos de esos procesos se impusieron requisitos financieros que limitaron la participación de muchos proponentes. También, se fijaron periodos muy cortos entre la apertura y el cierre de los procesos, y se contrató la interventoría mucho después de adjudicado el contrato, lo que dificultó y retrasó la ejecución de las obras. Es por eso que afirma que los pliegos parecieran estar diseñados para escoger a un proponente previamente establecido y “sin ningún criterio de transparencia, eficiencia y calidad”.  Establecer los tipos de pliegos y estandarizar sus tiempos fueron las propuestas de Uribe a la Alcaldía, para garantizar la transparencia en los procesos contractuales de los Fondos de Desarrollo Local.

El caso de Usme
En la localidad de Usme, se presentaron varios contratos de licitación pública en el que solo participó una empresa oferente y en el que, por ejemplo, se adjudicaron $11.383 millones en un proceso de solo 15 días, cuando el promedio debe ser alrededor 2, 3 o hasta 4 meses. De acuerdo con la concejal del Partido de La U, Sandra Jaramillo, esta licitación para la construcción de vías urbanas fue asignada al consorcio Cilca Ingenieros, por el  Fondo de Desarrollo Local de Usme, pasando por alto la prohibición de calificar la experiencia del proponente en contratos de obra pública, como dice la Ley 1150 de 2007.

Según Jaramillo, en la fase de elaboración del pliego de condiciones se tuvo en cuenta elementos que no corresponden. También se encontró que la experiencia del personal solicitado, equivalía al 35% de la calificación total y se incluyó una consultoría para estudios, diseños y presupuestos por $45millones , equivalentes tan solo al 0.4% del total del contrato. “Todo lleva a pensar, que los pliegos pudieron ser elaborados de acuerdo a los requerimientos del contratista”, sostuvo Jaramillo.

De nuevo a debate
Las nuevas denuncias en el concejo abren de nuevo el debate frente a las facultades de contratar que tienen las alcaldías locales y los controles que deben tener estos funcionarios. En 2013 fue la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República la que hizo un primer estudio en el que señaló que la contratación directa y los convenios eran la forma predilecta de las alcaldías locales para invertir los recursos del Fondo de Desarrollo Local.

Según el documento, al año las 20 alcaldías manejan un presupuesto cercano a los $500.000 millones y en ese lapso se firmaron casi 4.000 contratos o convenios, de los cuales, un gran porcentaje son con fundaciones y corporaciones, muchas de ellas sin experiencia. De estos, siete de cada 10 se asignan a través de contratación directa. El resto, con convenios, una modalidad que no exige un proceso riguroso de selección y, facilita la contratación a dedo.

En julio de 2014 se dio un debate similar, pero de manera puntual por la contratación directa y la participación de empresas denominadas “navajas suizas”, que en su objeto social dicen que hacen de todo (desde capacitaciones, pasando por organización de eventos, actividades culturales e, incluso obras de ingeniería), las cuales iban de localidad en localidad ofreciendo sus servicios y ganando multimillonarios contratos.

Ahora, de nuevo se plantean posibles irregularidades en la contratación, con lo que queda en evidencia la necesidad de temar medidas. La propuesta que surge es la de reformar el Estatuto Orgánico de Bogotá, con el objetivo de mejorar las condiciones de contratación en las alcaldías locales, propuesta que comparte la administración Distrital, al punto de que el año pasado, el subsecretario de Asuntos Locales, José Cuesta, realizó varias audiencias para ajustar la propuesta y lograr medidas para mejorar los procesos de contratación de los Fondos de Desarrollo Locales.