Control al contralor

Esta semana será radicado un proyecto en el Concejo para que la auditoría fiscal distrital se vuelva independiente de la Contraloría. El trasfondo de esto es la pelea entre el alcalde y Diego Ardila.

Con 16 votos de 30 posibles, hace dos semanas los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca reeligieron para los próximos dos años a Rodrigo Tovar Garcés como auditor fiscal ante la Contraloría de Bogotá. Es decir, escogieron al funcionario encargado de vigilar la gestión que sobre los recursos de la entidad haga el contralor distrital, Diego Ardila: sus estados contables, los movimientos en la nómina y planes de mejoramiento, entre otros. Escogieron al control del contralor.

El problema histórico de esta oficina ha sido, sin embargo, la imposibilidad de ejercer a plenitud dichas funciones de vigilancia, pues se trata de un ente que depende administrativa y presupuestalmente de la Contraloría distrital, que es su objeto de control. Como quien dice, el vigilado le paga a su vigilante.

La Auditoría fiscal distrital cuenta con 11 empleados, todos parte de la nómina de la Contraloría distrital, y se ubica en el piso 8 del edificio en el que funciona dicho organismo. El despacho del contralor Diego Ardila está en el piso 17.

Una prueba de la ineficiencia de esta oficina es que, casi dos años después de que la Procuraduría destituyera e inhabilitara por 20 años a Miguel Ángel Moralesrussi, salpicado en el escándalo del cartel de la contratación, el polémico excontralor sigue pasando de agache frente a la Auditoría distrital, que no ha sido capaz de ejercer en su contra ningún tipo de sanción.

Esta inoperancia podría estar a punto de acabarse. Al menos eso intentará lograr un proyecto de acuerdo que busca convertir la Auditoría distrital en un órgano autónomo, con independencia presupuestal y física y cuya cabeza cuente con poder nominador.

El Espectador conoció que la iniciativa será radicada esta semana para su aprobación en el Concejo. Lo curioso es que va a ser presentada a nombre del alcalde Gustavo Petro y no, por ejemplo, a nombre de la Contraloría, cuyos recursos son los que garantizan el sostenimiento de esa oficina.

El hecho de que el alcalde quiera darle dientes y fortalecer el ente que vigila al contralor Diego Ardila genera más de una pregunta. ¿Acaso esta es la respuesta de la administración al control extremo que está haciendo la Contraloría sobre todos los contratos del Distrito?

A fines del mes pasado este diario reveló que a través de 132 visitas fiscales la Contraloría está escarbando hasta el más mínimo papel en las 110 entidades públicas bajo su control fiscal y que algunos empleados se sienten perseguidos. Ardila contestó que no se trata de una persecución y que las pesquisas seguirán.

Las diferencias entre el contralor y el alcalde no se limitan a estos episodios. Cuando Ardila fue elegido por el Concejo como contralor, en febrero pasado, Petro lo primero que hizo fue pedirle a la Contraloría General ejercer un control excepcional sobre Bogotá, porque no confiaba en Ardila. La contralora Sandra Morelli se negó.

El mandatario también pidió, en su Plan de Desarrollo, reducir considerablemente el presupuesto de la Contraloría distrital. Sin embargo, el Concejo denegó su solicitud.

Ahora buscará que en la Auditoría fiscal distrital los empleados pasen de 11 a 18, que el período del auditor no sea de dos sino de cuatro años y que la hoy oficina se convierta en una entidad con un presupuesto anual de alrededor de $3 mil millones. Al menos, eso dice el borrador del proyecto ‘Por medio del cual se organiza la estructura y funcionamiento de la auditoría distrital’, el cual fue conocido por El Espectador.

Petro está dispuesto a mover sus fichas para lograr este cometido. En la bancada progresista ya están enterados del proyecto y anuncian que trabajarán para conseguir los votos necesarios. Diego García, cabildante de ese movimiento, dijo que “esta será nuestra respuesta al hecho de que se quiera utilizar un ente de control como punta de lanza para hacer oposición”.

“La bancada progresista se sacude y le responde al contralor y a concejales como María Victoria Vargas (liberal) y Antonio Sanguino (verde), quienes se han prestado al juego del contralor Ardila”, añadió García.

El auditor Rodrigo Tovar Garcés, por su parte, aseguró que “el Distrito ya está buscando espacio físico” para que su oficina funcione y que el proyecto estará basado en un concepto del Consejo de Estado, según el cual es la Auditoría distrital, y no la General, la que debe ejercer la vigilancia fiscal sobre el contralor de Bogotá.

Advirtió el funcionario que, si el proyecto es aprobado y se vuelve autónomo, piensa implementar las visitas fiscales a la Contraloría de la misma forma y con la misma intensidad en la que el contralor Ardila las está haciendo a la administración.

Consultado al respecto, Ardila declaró que el hecho no lo trasnocha. “No es un tema mío ni que yo deba resolver. No me voy a inmiscuir y acataré la decisión que sabiamente tome el Concejo de Bogotá”.

¿Un proyecto de buenas intenciones para con la ciudad o una iniciativa para seguir una pelea casada con el contralor?

El tiempo lo dirá. Por lo pronto, llama la atención una afirmación hecha por el auditor a este diario, cuando se le preguntó por detalles de la propuesta: “No conozco todas las minucias. Esta iniciativa es del doctor (Guillermo) Asprilla”. Es el secretario de Gobierno.