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Las calles del barrio María Paz, en Kennedy, están despejadas. No hay vendedores de tinto, pescado o líchigo. Tampoco los famosos coroteros, que rescataban de la basura objetos en buen estado y los vendían en la salida norte de Corabastos. Sobre manteles y cartones ofrecían cargadores, forros de celulares y muñecos, entre montañas de corotos. Los transeúntes podían, incluso, encontrar vestidos completos (camisa, pantalón y zapatos) en $5.000. El Distrito, el miércoles, adelantó una operación dirigida a golpear las estructuras delincuenciales. Sin embargo, según los vendedores ambulantes, el efecto colateral fue dejarlos la deriva.
Para nadie era un secreto que la zona, conocida como el Cartuchito, fue epicentro de todo tipo de delitos a manos de grupos y pandillas que se disputan la venta del microtráfico. De hecho, en los primeros siete meses del año hubo cuatro homicidios, siendo uno de los barrios de la localidad más afectados por este flagelo (ver gráfico). Los residentes se quejaban por los continuos robos y el consumo de droga. Sin duda, era uno de los puntos más calientes de la ciudad.
En la intervención, realizada en tres fases, se estaba cumpliendo una acción popular del 6 de octubre de 2011, que ordenó al Distrito adoptar “las medidas necesarias, incluso presupuestales, para recuperar el espacio público y lograr que cese, además, toda amenaza respecto a los derechos colectivos al goce de un ambiente sano (…)”.
En efecto, la Alcaldía hizo una intervención que concluyó con la recuperación de 3.206 metros cuadrados de espacio público, la instalación de barreras metálicas y la presencia de la Policía. Además, capturaron a 19 personas por tráfico de estupefacientes; se incautaron casi 100 dosis de droga, y cerraron cuatro establecimientos comerciales. La premisa era recuperar la seguridad y el orden. “Aquí no habrá islas de criminalidad como en el Bronx. Perseguiremos a los delincuentes donde estén”, dijo el alcalde Enrique Peñalosa.
Sin embargo, los recicladores (que también se dedican a vender corotos) no quedaron contentos. Para Hélbert Barreto, vocero de la Asociación Colombiana de Recicladores (Asocore), la acción popular se cumplió de manera parcial, ya que, según explica, no se adelantaron los procesos de reubicación de los vendedores informales. “La tercera orden dice que eso debía hacerse antes de la intervención y recuperación del espacio público”. Para algunos informales, por ahora no han recibido propuestas concretas y no han escuchado las alternativas que le han propuesto al Distrito.
Los recicladores hoy pueden ingresar a las bodegas para vender el material, siempre y cuando lo tengan seleccionado y no generen desorden ni contaminen las calles. No obstante, aseguran que no tienen un espacio para vender los corotos que recuperaban de la basura. “Llevamos tres días aguantando hambre. Estamos de acuerdo con la intervención y creemos que se debe atacar la delincuencia, porque somos los más afectados, pero no tenemos un espacio para vender nuestras cosas. Por eso insistimos en que la acción popular no se cumplió a cabalidad”, agrega.
Tras la intervención, los recicladores y coroteros insisten en que ahora las cuentas no les cuadran. Dicen que pueden percibir un promedio de $8.000 por el material reciclado que venden, pero sus ingresos diarios los complementan con los objetos que venden en la calle (entre $10.000 y $15.000). “Sin lo segundo estamos viviendo sin el mínimo vital”.
Según Barreto, desde que se falló a favor del barrio María Paz, los vendedores informales han propuesto alternativas como que el Distrito les ayude a arrendar o adquirir un lote o una bodega en donde puedan vender; poner en marcha una estrategia que les permita trabajar en horarios y zonas determinados, sin afectar la movilidad de peatones y vehículos e, incluso, crear un centro comercial del coroto. “Pero la respuesta es que no hay recursos. Me pregunto: ¿y el fallo? ¿Se cumple sólo en una parte?”.
La investigadora Donka Atanasova, quien ha trabajado con las organizaciones del sector, está de acuerdo con la recuperación del espacio público, pero pide que se exploren alternativas para no vulnerar el derecho al trabajo de los informales. “Son cientos de familias con la imposibilidad de laborar, que por lo general forman parte de familias vulnerables. Ellos quedaron a su suerte. Eso me parece irresponsable, porque se enfrentarán al rebusque o a la dinámica de economías ilegales”.
Ante los reclamos, la administración desmiente que no les estén ofreciendo alternativas. El alcalde Enrique Peñalosa dijo, que les hicieron ofertas de trabajo en María Paz a más de 450 vendedores y a 86 en la terminal de pesqueros. El IPES precisó que les ofreció la opción de reubicarlos en plazas de mercado, acceso a microcréditos y cursos de formación. “A la fecha se ha logrado la preinscripción de 138 vendedores, que han manifestado interés en las ofertas”.
Por su parte, la Uaesp, ante la solicitud concreta de un sitio para poder trabajar, se comprometió a buscar una bodega en la que puedan seguir con su actividad de manera digna y segura. “Es clave mencionar que la Unidad tiene en esta zona dos bodegas de reciclaje arrendadas, en las que se benefician a 68 recicladores de oficio”.
Los recicladores adelantarán acciones por lo que consideran un desacato al cumplimiento total de la acción popular. A pesar de esto, dicen tener las puertas abiertas para el diálogo; piden que los hagan partícipes de las iniciativas de renovación urbana del sector, y que respeten su labor como coroteros en la zona. “Lo que queremos es seguir trabajando”. El Distrito señala que está buscando salidas.
