Corridas, cada día más lejos

El proyecto de restauración de la plaza de toros de Santamaría está estancado: sólo se presentó un proponente, que no cumple unos requisitos. Interventoría también se cayó.

En sus 84 años de historia, la plaza de toros no ha sido intervenida y no cumple con las normas actuales de sismorresistencia. / Archivo

La plaza de toros de Santamaría no abrirá sus puertas en marzo de 2015. Aunque en septiembre pasado la Corte Constitucional le ordenó al Distrito reanudar la fiesta brava en un plazo no menor a seis meses, la condición estructural del escenario taurino no permite su apertura. Además, el alto tribuna suspendió la sentencia mientras estudia el recurso de revisión presentado por la Alcaldía.

En noviembre de 2013, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) le presentó a la Corte los estudios que demostraban que la plaza se encuentra en un “alto nivel de vulnerabilidad sísmica”. Los grupos taurinos han catalogado el plan de reforzamiento estructural de la plaza como una estrategia del alcalde para dilatar la apertura del escenario. Hasta el momento, parece que Petro podrá terminar su mandato sin espectáculos taurinos en Bogotá. Se esperaba que este mes la Alcaldía tuviera adelantado el proceso de restauración, o que, por lo menos, hubiera seleccionado a la empresa que ejecutaría las obras.

Sin embargo, el proceso se ha complicado en las últimas semanas y las obras podrían dilatarse aún más. A la licitación pública para ejecutar el reforzamiento estructural de la plaza solo se presentó la Unión Temporal Shekina Ingenieros, compuesta por tres empresas nacionales y una portuguesa: Construtopo SAS, Constrope Colombia SAS, Fundación para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural (Funcores) y Constrope-Congevia, Engenharia e Construção, S.A.). La Unión Temporal, como lo demuestran las evaluaciones realizadas por el IDPC, no cumple con algunos requisitos exigidos en los pliegos.

En la evaluación preliminar publicada por el IPDC aparece que Shekina Ingenieros no cumple con el indicador de capacidad organizacional, por lo cual se encuentra "rechazado financieramente". La firma, de acuerdo con la misma evaluación, no cumple con todos los requisitos relacionados con talento humano. La Unión Temporal tiene cinco días para corregir las deficiencias señaladas por el Instituto. De lo contrario, podría perder el contrato para realizar el reforzamiento, que asciende a $4.429 millones.

María Eugenia Martínez, directora del IDPC, admite que han surgido ciertas dudas con el único proponente: “El 26 de diciembre se tomará una decisión definitiva. La firma interesada todavía puede subsanar algunas deficiencias encontradas. No tenemos la decisión definitiva sobre la adjudicación. Financieramente la empresa portuguesa es muy fuerte, pero las colombianas no, ese es un tema delicado. Si la empresa no cumple con los requisitos, sería necesario comenzar de nuevo el proceso”.

Para lograrlo, dice Martínez, “es necesario asignar los recursos a principio de año y quizá flexibilizando un poco los términos se presenten más firmas. La interventoría se declaró desierta, firmas muy importantes dijeron que no cumplían con las condiciones. La ciudadanía tiene que entender que es un proceso muy delicado, se trata de un monumento nacional”.

Así las cosas, si la Unión Temporal no soluciona los puntos que señaló el IDPC, el proceso deberá comenzar en marzo, lo que retrasaría las obras. Vale la pena decir que durante del proceso de licitación el IDPC atendió unas recomendaciones de la Procuraduría para mejorar los pliegos de licitación.

Otro dato que pasó desapercibido fue que la licitación para escoger al interventor de la obra se declaró desierta el miércoles. El IDPC tiene presupuestados $439 millones para la interventoría. Sin embargo, según pudo constatar este diario, las empresas interesadas en aplicar para esta licitación no cumplían con los requisitos exigidos por el Instituto y por eso no se presentaron.

- Corte suspende el fallo

En la tarde de ayer, el presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas, dijo que la sentencia sobre la reanudación de la fiesta brava en Bogotá quedó suspendida mientras es analizada la acción de revisión presentada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD): “La sentencia aún está bajo el cuestionamiento de la nulidad que se ha presentado”.

Es un hecho, entonces, que Bogotá no tendrá temporada taurina en marzo: “El tema relativo a la reanudación o no reanudación de estos espectáculos de toros ha quedado en ‘salmuera’, para que se resuelva en los próximos meses del año entrante. La sentencia por lo tanto no ha quedado en firme, porque está cuestionada mediante la interposición de ese medio de impugnación ante la Sala Plena”, precisó el magistrado. Con un proceso de restauración enredado y una suspensión de la sentencia por parte de la Corte, Bogotá está cada vez más lejos de las corridas.

 

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