Corrupción y política: la desconfianza en la Contraloría de Bogotá

Juan Carlos Granados Becerra asumió la Contraloría Distrital a mediados de 2016. / Óscar Pérez - El Espectador

Los escándalos alrededor de los entes de control del Distrito no sorprenden. El llamado de la Fiscalía al actual contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, a quien mañana le imputará cargos en medio del caso Odebrecht y para quien pedirá medida de aseguramiento, se suma a una lista de hechos que generan desconfianza y reviven los reparos a la manera como se elige a los jefes de los entes de control en las regiones.

Ciertamente, el balance en Bogotá no deja mucho que desear. Revisando lo ocurrido con los últimos cuatro contralores elegidos por el Concejo, se encuentra que tres han estado en la mira de la Procuraduría o la Fiscalía y todos han sido señalados de usar el organismo políticamente, bien sea a través de sus decisiones o como fortín burocrático para pagar favores.

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Óscar González Arana (2004-2007), por ejemplo, fue elegido con el respaldo de la coalición mayoritaria (liderada por el Polo) para vigilar la gestión de Luis Eduardo Garzón, a pesar de haber trabajado en su campaña a la Alcaldía. Luego fue destituido por la Procuraduría tras comprobarse que él y su esposa (quien era asesora del senador Jairo Merlano) tuvieron un incremento patrimonial injustificado durante los dos primeros años al frente del organismo de control.

Miguel Ángel Moralesrussi (2008-2011), quien tuvo una larga trayectoria en los entes de control y trabajó con Juan Antonio Nieto, excontralor y exsecretario de Ambiente de Samuel Moreno, llegó con el respaldo del Partido Liberal y resultó electo con apoyo unánime del Concejo. Fue condenado en medio del escándalo del carrusel de la contratación por sus nexos con el exrepresentante Germán Olano y por pedir dinero para no investigar contratos irregulares.

Diego Ardila (2012-2016), por su parte, llegó al cargo tras obtener 31 votos de concejales de diferentes vertientes (Polo, la U, Cambio Radical, Partido Verde y Liberal). Sin embargo, fue criticado por su cercanía con Ovidio Claros, excontralor y magistrado investigado por el carrusel de las pensiones, y con concejales procesados por el carrusel de la contratación, así como por contratar personas cercanas a los magistrados involucrados en el cartel de la toga.

Ahora quien está en el ojo del huracán es Granados Becerra (2016-2019), quien llegó con el respaldo del senador Germán Varón y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que impulsaron su elección a través de los nueve concejales de Cambio Radical (CR) en Bogotá (bancada mayoritaria). En su elección, supuestamente se estrenó la meritocracia. No obstante, pese a ocupar el puesto 37 en las pruebas de conocimiento (de 43), logró el respaldo de 35 concejales.

Lo investigan, al parecer, por haber recibido, a través del exsenador Plinio Olano, alrededor de $200 millones de la multinacional Odebrecht para su campaña a la Gobernación de Boyacá y luego de haber intentado retribuir ese respaldo con contratos de infraestructura a la multinacional brasileña. A pesar de que la Fiscalía insiste en que tiene evidencias para llevarlo ante la justicia, él insiste en su inocencia y argumenta que la única relación con dicha empresa ha sido como contralor, tras reabrir la investigación por el posible detrimento en el proyecto Tunjuelo-Canoas.

El origen político

Este panorama, sumado a las investigaciones que se han adelantado contra otros funcionarios de menor nivel en la Contraloría Distrital, por haber pedido dinero para desviar procesos, son razones suficientes para justificar la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones de gobierno. Según Bogotá Cómo Vamos, solo el 12 % de los ciudadanos cree que los recursos públicos se están invirtiendo bien, el 51 % piensa que la corrupción ha aumentado y el 35 % que sigue igual. Es decir, 86 de cada 100 bogotanos sienten que la gestión de las entidades públicas no es transparente.

“La encuesta muestra que la gente confía cada vez menos en las instituciones. Estas cifras son el reflejo de cómo la confianza en las instituciones se ha minado por todos los casos de corrupción que han golpeado a la ciudad. Todo, en el fondo, termina afectando el sentimiento de lo público entre los ciudadanos”, dice Ómar Oróstegui, director de Bogotá Cómo Vamos.

El problema, según algunos expertos, tiene que ver con la arquitectura institucional y el método para elegir a los contralores territoriales, trámite que estaría viciado desde el nivel central, al estar permeado por un fuerte componente político. Esta crítica es evidente en la forma como se ha elegido a los últimos contralores de Bogotá. Hasta 2015 la terna de candidatos la elegía el Tribunal de Cundinamarca. Luego, con el equilibrio de poderes, cambió a concurso de méritos, para evitar posibles favorecimientos. Sin embargo, en ambos casos el que elige es el Concejo.

Esto ha llevado a que los aspirantes, en medio del lobby por los votos de los cabildantes, terminen debiendo favores a quienes tienen que vigilar, haciendo pactos con ellos o repartiendo los cargos de la entidad entre quienes los apoyaron. “El problema no solo está en la Contraloría, también en la Personería. Ambas tienen origen político. El elegido termina distribuyendo el organismo entre quienes lo apoyaron, siendo más un peaje politiquero que entidades que cuiden los recursos de la ciudad”, señala el concejal Juan Carlos Flórez (ASI).

Este peaje tiene una razón: tradicionalmente, los políticos han visto los entes de control como una buena fuente de empleo para sus colaboradores, y en Bogotá más, si se tiene en cuenta que la Contraloría Distrital maneja un presupuesto de $137.000 millones al año y una nómina de 1.045 empleados, conformada por 125 directivos, 31 asesores, 621 profesionales, 103 técnicos y 165 empleados de nivel asistencial, de los cuales el 20 % son de libre nombramiento. Esto sin contar los casi 200 contratistas que apoyan diferentes dependencias.

Aunque todos los contralores han sido señalados por retribuir con puestos a los concejales, el caso más reciente es el de Granados. Por él votaron las bancadas que hoy respaldan a la administración de Enrique Peñalosa: Cambio Radical, Partido Liberal, Centro Democrático, la U, Partido Conservador, Alianza Verde y Opción Ciudadana. Cuando asumió se rodeó de algunos profesionales relacionados con los partidos que lo apoyaron, tanto para llegar al cargo como en su carrera política.

En la lista de contrataciones hubo casos que generaron ruido, como el de Liliana Jaramillo Mutis, exesposa de Germán Varón Cotrino, su padrino político; los de Ximena Bustos y Yara Malo, hijas de magistrados investigados por posible corrupción; la expersonera de infraestructura Nelcy Cárdenas, investigada junto con el condenado expersonero Francisco Rojas Birry, y varios herederos de los votos de concejales procesados por el carrusel de la contratación.

Elisabeth Ungar, exdirectora de Transparencia por Colombia, va más allá al considerar que, pese a que la función de la Contraloría es perfecta, la forma como se elige desvirtúa su papel. “El sistema es perverso, pues abre la opción de que el contralor termine al servicio de políticos y contratistas. Generalmente, las mayorías en los concejos coinciden con el alcalde de turno y al final no hay control efectivo. Si los ciudadanos no confían en quienes deben ejercer el control fiscal, todo está mal. Esto se tendría que acabar”.

Un análisis de la Fundación Liderazgo y Democracia, el Instituto de Ciencia Política y Transparencia por Colombia señala que casos como estos llevan a que no exista “un sistema de control fiscal territorial efectivo, debido a la politización de las contralorías”, situación que ha “facilitado la realización de numerosos ilícitos en los gobiernos locales y ha estimulado el avance de la corrupción”.

“¿Cómo puede ser independiente para controlar al gobernante de turno? Según el Financial Times, Colombia es uno de los países donde más se roban los dineros públicos. Y si eso es así, quiere decir que estamos frente a un sistema de control fiscal que no sirve. Para corregir el rumbo tocaría cambiar ese origen político. Acá tenemos que recuperar la ética pública”, dice el concejal Flórez.

El efecto lo evidencia un informe de la Auditoría General, que revela cómo entre el 2013 y 2015 las contralorías recibieron 16.462 requerimientos ciudadanos, pero atendieron menos del 20 %. Además, que pese a haber advertido un presunto detrimento patrimonial de $18,9 billones en las regiones, solo recuperaron $322.432 millones, es decir, $2 de cada $100.

¿Qué hacer?

Fuera de la Contraloría General, en el país hay 64 contralorías territoriales (32 departamentales, cuatro distritales y 28 municipales). En todas las regiones se escucha la misma crítica a la forma como se elige al jefe del ente de control y a sus pactos con los políticos. Por esta razón, en los últimos años se han hecho varias propuestas para ponerle fin a la situación.

Una es la del excontralor Edgardo Maya, quien sugirió eliminarlas, bajo el argumento de que debía existir una sola contraloría en el país y no 64, actuando de manera independiente. En agosto pasado el movimiento Cambio Radical radicó en el Congreso el proyecto de reforma a la justicia, en el que incluyó este asunto.

Otra opción es la que plantearon el año pasado varias ONG, en las que pidieron quitarles la elección a los concejos y asambleas, para crear un verdadero proceso meritocrático y elegir funcionarios con capacidad técnica e independencia. Esta quizás se complementa con la que hizo la Secretaría de Transparencia a comienzo de año, acatando las recomendaciones de la OCDE, que planteaba devolver la competencia de elegir las ternas de candidatos a los tribunales administrativos, pero para presentarla ante el contralor general.

Finalmente, aunque el actual contralor general, Carlos Felipe Córdoba, ha dicho estar parcialmente de acuerdo con su antecesor, para él la solución es cambiar el modelo de control fiscal por uno con una institución técnica que vigile, investigue y recaude las pruebas, pero tenga que llevarlas luego ante un tribunal administrativo que determine su validez. Esto serviría para separar su actual tarea de investigar y juzgar.

“En el caso del actual Contralor de Bogotá, como en el pasado, los concejales se rasgan las vestiduras, pero olvidan que cuando lo eligieron había cuestionamientos por su gestión en Boyacá. Hoy piden su renuncia, que está bien, pero esta situación no los debió coger por sorpresa. Hoy debemos pensar en mecanismos más rigurosos e independientes para elegir al contralor. Mientras no existan concursos de méritos serios será difícil que esto cambie”, concluyó Ungar.

La imputación de cargos al contralor de Bogotá 

Gaviria, quien también fue condenado por el carrusel de la contratación, hoy negocia beneficios por su testimonio. En su declaración contó cómo Olano le pidió apoyo para Granados al entonces presidente de Odebrecht, Luiz Bueno. Incluso habló de reuniones en el apartamento del contralor a las que asistieron funcionarios de la multinacional, para hacer acuerdos en caso de que resultara electo. 

En su defensa Granados ha dicho que se trata de una retaliación por la investigación fiscal que adelanta por las irregularidades que supuestamente rodearon el contrato del túnel Tunjuelo-Canoas y que perjudican los intereses de Odebrecht. Además, ha insistido en que durante su gestión como gobernador no se entregó contrato alguno a Odebrecht. A su vez, Olano en su defensa ante la Corte Suprema sostuvo que nunca se reunió con Gaviria y que no recibió un solo peso de Odebrecht. Tanto Granados como Olano aseguraron que Gaviria es un falso testigo. 

¿Quién es Juan Carlos Granados?

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En 2011 ganó la Gobernación de Boyacá, con apoyo de los partidos Liberal, Conservador, CR y la U, así como del excongresista Cristóbal Rodríguez y del senador Jorge Hernando Pedraza. Como mandatario del departamento le abrieron varias investigaciones. Una de ellas la de la Procuraduría, por presuntas anomalías en la elección de alcaldes en el consejo directivo de la CAR, y dos procesos por posibles irregularidades en contratación, abiertos por la Contraloría General.

Granados sonó como posible aspirante a la Contraloría de Bogotá desde antes de terminar su mandato. Aunque estuvo en la baraja para ocupar el Ministerio de Transporte, el senador Germán Varón Cotrino sugirió su nombre para el ente de control distrital. A través de los nueve concejales de Cambio Radical en Bogotá (bancada mayoritaria), lo catapultaron al cargo.

Pese a no haber obtenido el mejor puntaje en las pruebas de conocimiento (ocupó el puesto 37 de 43 finalistas), tuvo el respaldo de 35 de los 45 concejales de Bogotá, especialmente de las bancadas que hoy respaldan a la administración de Enrique Peñalosa: CR, Liberal, Centro Democrático, la U, Partido Conservador, Alianza Verde y Opción Ciudadana.

¿Quién controla a los contralores?

En los últimos dos años, la Auditoría encontró 1.900 hallazgos negativos (administrativos) en las revisiones que hace de las contralorías territoriales. Además de otros 85, entre fiscales (daño al patrimonio público), sancionatorios, penales (posible delito) y disciplinarios (incumplimiento o extralimitaciones en cargos públicos), según se desprende de sus informes anuales.

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