Corte Constitucional evaluará justificaciones de Peñalosa para no asistir a debates en Congreso

En agosto pasado, Peñalosa acudió al Congreso de la República, pero esta vez para hacer un balance de la intervención del Bronx. /Alcaldía de Bogotá

Ante la Corte Constitucional deberá comparecer este miércoles el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, para que presente las razones y los argumentos por los que se ha negado a asistir a los debates de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, que en repetidas ocasiones lo ha requerido para que explique sus pretensiones de urbanizar parte de la reserva forestal Thomas Van der Hammen.

Será el alto tribunal el llamado a evaluar las justificaciones del mandatario que, entre otras, ha señalado que no acude al Congreso dado que el proyecto de intervenir la reserva es de orden local y no nacional, por lo que el escenario al que estaría llamado a responder sería el Concejo de la capital.

La Administración Distrital ha argumentado además que, según la jurisprudencia, si a un alcalde lo invitan a un debate por un tema local en el Congreso, como lo han hecho los representantes a la Cámara para hablar de la reserva Van der Hammen o su Plan de Desarrollo, no tiene la obligación de asistir. Pero si lo citan a un debate sobre un tema de injerencia nacional, como en lo hicieron en mayo pasado un grupo de senadores para hablar de las EPS y la salud, sí debe acudir. (Lea: Peñalosa al fin atendió una cita en el Congreso)

El representante a la Cámara por Bogotá, Inti Asprilla (Alianza Verde) –quien ha insistido en la citación en compañía de otros integrantes de la Comisión Quinta, que se ocupa de temas ambientales– presentó una solicitud ante la Corte para que sea este organismo el que obligue a Peñalosa a asistir al debate.

“Si se falla en derecho estamos totalmente confiados en que la Corte le obligará al alcalde a ir la Comisión Quinta”, declaró el congresista, que en mayo pasado citó al mandatario a un debate de control político para discutir técnica, política, jurídica y socialmente la importancia de las 1.400 hectáreas de reserva, considerada por ambientalistas como Julio Carrizosa como una zona especial por la riqueza de su suelo y su posición es estratégica entre los cerros orientales y el río Bogotá. (Lea: Peñalosa, a responder en el Congreso por urbanización de reserva Van der Hammen)

Un rifirrafe de vieja data

Ante la negativa del alcalde de acudir a la Cámara de Representantes, en mayo pasado algunos congresistas –como forma de protesta– optaron por instalar en el recinto un alcalde de plastilina, que reemplazó a Peñalosa en uno de los foros a los que estaba citado. (Lea: Un alcalde de plastilina reemplazó a Peñalosa en foro del Congreso)

A este hecho simbólico se suma a la serie de desencuentros entre Peñalosa y los representantes, que en abril llegaron a su punto más álgido, cuando se desató un rifirrafe a través de los medios, en el que el mandatario dijo que los congresistas eran un "sindicato" para torpedear el avance de Bogotá” y ellos le respondieron calificándolo de “cínico”. (Lea: La Cámara contra plan de Peñalosa de urbanizar la Van der Hammen) y (“Cínico”: bancada de representantes por Bogotá a Peñalosa)

El Distrito ha justificado su plan de urbanizar la mayor parte de la reserva forestal (que cuenta con casi 1.400 hectáreas, de las cuales el 50 % está en manos de particulares, con intereses claros en urbanizar) con la proyección del crecimiento demográfico de la ciudad.

Según cifras que ha presentado el alcalde Enrique Peñalosa, la ciudad tendría 3,6 millones de nuevos habitantes en el 2050, lo que genera una necesidad indiscutible, para él, de convertir la reserva –cuyo valor ambiental fue promulgado por el Ministerio de Ambiente en el 2000, la Corporación Autónoma Regional (CAR) en el 2011 y por más de 50 estudios académicos– en un espacio urbanizable. Esto, para contribuir a la superación del déficit de 300.000 viviendas que, asegura, tiene la ciudad.

Más allá del debate, lo cierto es que para poder urbanizar, faltan trámites. El Distrito o el Ministerio de Ambiente tendrían que radicar ante la junta directiva de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) una petición oficial para que se revise y se levante la resolución que declara la zona protegida. Es decir, el futuro de la Van der Hammen está en manos de la autoridad ambiental.