Crimen de Diego Felipe Becerra: cinco años de montajes, dilaciones y condenas

Cuando se cumplen cinco años del asesinato del grafitero en Bogotá se conoció que por vencimiento de términos quedó en libertad Wílmer Alarcón, el patrullero que disparó contra el joven.

Cinco años tuvo que esperar la familia de Diego Felipe Becerra, el grafitero de 16 años que murió al recibir un disparo del patrullero Wílmer Alarcón, para ver los primeros atisbos de justicia. Este año, tres patrulleros han llegado a acuerdos con la Fiscalía para entregar sus testimonios y aceptar sus culpas. La justicia administrativa, por su parte, condenó a la Policía y el Ministerio de Defensa por la muerte del joven y determinó la existencia de un montaje, orquestado por civiles y uniformados, para desviar la investigación. Asimismo se prevé que hoy una juez determine si Alarcón es culpable de la muerte de Becerra.Pese a los avances de los últimos meses, el caso ha estado signado por las dilaciones judiciales. Tanto así que la mayoría de los capturados, que superan la decena, han quedado libres por vencimiento de términos. Y mientras empiezan a aparecer confesiones de policías de rangos bajos, aún queda por establecer el rol de tres coroneles y un general en el entramado que buscaba sepultar la verdad sobre la muerte de Becerra.

2011

EL CRIMEN

El 19 de agosto, a las 10:15 p.m., el patrullero Wílmer Alarcón le disparó a Diego Becerra, en inmediaciones de la calle 116 con avenida Boyacá. El grafitero, de 16 años, fue trasladado a la Clínica Shaio, a donde llegó sin signos vitales. Horas después, en la madrugada, apareció una pistola Sterling en la escena del crimen que, según la Policía, fue usada por el joven, a quien acusaron de haber asaltado una buseta. Cinco días después, cuando circulaba en los medios el testimonio del conductor Jorge Narváez asegurando haber sido víctima del robo, se conoció el dictamen de Medicina Legal, según el cual Becerra no manipuló un arma de fuego el día de su muerte. El caso pasó a la justicia militar, pero por petición de Naciones Unidas volvió al sistema ordinario.

2012

EL GENERAL

Alarcón, quien fue recluido en la cárcel de Facatativá, no aceptó culpas por la muerte de Becerra. En octubre fueron capturados otros tres uniformados que habrían participado en el montaje tejido alrededor del crimen. También detuvieron al abogado de Alarcón, Héctor Ruiz, y a Jorge Narváez, el conductor de la buseta que dijo que Becerra robó su vehículo. En octubre compulsaron copias ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema para que investigara al general Francisco Patiño, entonces comandante de la Policía de Bogotá. Familiares de Becerra aseguraron que el oficial le ofreció prebendas a Narváez para montar la versión del robo de la buseta.

2013

LOS CORONELES

El CTI capturó a los coroneles José Javier Vivas y Nelson de Jesús Arévalo, subcomandante de la Policía de Bogotá y comandante de la estación de Suba, respectivamente. Las autoridades los requirieron para responder por los delitos de falsedad en documento, fraude procesal, porte ilegal de armas y favorecimiento de homicidio, todos ellos presuntamente, cometidos durante el intento de encubrimiento de la muerte de Becerra. En julio, un fiscal delegado ante la Corte Suprema llamó a interrogatorio al general Francisco Patiño, excomandante de la Policía de Bogotá.

2014

LLAMADO A LA CIDH

Otro oficial fue enviado a la cárcel en medio del proceso. Esta vez fue capturado el coronel John Harvey Peña, en agosto, quien era subcomandante de la estación de Suba cuando ocurrió el asesinato de Becerra. También fueron recluidos en la cárcel de Facatativá el patrullero Fléiber Zarabanda y el subintendente Giovanny Tovar, del CAI de Alhambra, quienes habrían ayudado a conseguir el arma que fue plantada en la escena del crimen. Por su parte, Miriam Pachón, la abogada de la familia de Becerra, interpuso un recurso, que fue aceptado en septiembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que estudiara el caso, especialmente en cuanto a las dilaciones del proceso y las amenazas que han sufrido abogados y algunos de los policías que han colaborado con la justicia.

2015

LAS DEMORAS

La lentitud del proceso se hizo evidente. Apenas en agosto de ese año comenzó el juicio contra el patrullero Alarcón, preso desde febrero de 2012. Además, Héctor Ruiz, el abogado que asesoraba jurídicamente a la Policía de Bogotá y que estaría involucrado en el montaje, quedó libre por vencimiento de términos. En adelante, la mayoría de los 12 capturados en el proceso recuperaron la libertad por la misma razón.

2016

LAS CONDENAS

Los patrulleros Freddy Navarrete y Nelson Rodríguez llegaron a un acuerdo con la Fiscalía: aceptaron sus responsabilidades en el encubrimiento del crimen y fueron condenados a cuatro años de prisión. El patrullero Giovanny Tovar también consiguió un trato con el ente investigador. Reveló cómo consiguió el arma que se plantó en la escena del crimen y sería condenado a ocho años de cárcel. Asimismo se logró el avance más claro en el proceso: la justicia administrativa condenó a la Policía y al Mindefensa por la muerte del grafitero y señaló que hubo un montaje en el que participaron civiles y policías. Al igual que los tres coroneles, en la tarde de este jueves ordenaron la libertad por vencimiento de términos de Wílmer Alarcón, el patrullero que disparó contra el joven.

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