Critican retrasos y sobrecostos en obras de peatonalización de la 7ª

Los trabajos comenzaron en $ 10.357’818.183 y ya van en $ 14.451.056.978.

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Debido a las circunstancias actuales del proyecto de peatonalización de la carrera Séptima en el centro de Bogotá y por solicitud del contratista e interventor, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) prorrogó el contrato con el Consorcio PV Avenida Jiménez por un mes más. Las críticas no se hicieron esperar desde el Concejo de Bogotá en donde cuestionaron los retrasos y los sobrecostos de la obra.

El pasado 25 de julio venció el plazo contratado con el consorcio para la construcción de la peatonalización de la carrera Séptima, por lo que el Distrito aseguró que realizó la concesión, aduciendo a que se garantice la entrega de la obra en óptimas condiciones asegurando también un seguimiento continuo en la ejecución de esta obra.

“Tal como lo he venido denunciando nuevamente se prorrogó la entrega de la primera fase de la peatonalización de la carrera Séptima. Una obra contratada para diez meses va en quince, y todavía no sabemos si esta vez el contratista sí cumplirá el nuevo plazo”, dijo la concejal Lucía Bastidas.

“Pero no solo tenemos cinco meses de demora en la entrega de las obras del tramo de la calle 10 a la avenida Jiménez, sino que la obra que comenzó en $10.357’818.183 va en $ 14.451.056.978, sin contar el costo de la interventoría”, agregó.

Bastidas aseguró que no convence la explicación de la administración con relación a que las demoras obedecen a que se trata de una zona antigua e histórica y a que los costos adicionales corresponden a obras nuevas no contempladas en el contrato inicial.

A la fecha, el avance general de las obras entre la calle 13 y la 10, que debían estar culminadas para este 25 de julio, es del 80% ejecutado contra un 100% programado en el cronograma de actividades, aprobado por la Interventoría. La directora Técnica de Construcciones de la entidad, Carolina Barbanti, explicó que la prórroga no generará ningún costo adicional a la ciudad y que fue autorizada para culminar los trabajos de la museografía, además de la ejecución de la obra civil para el traslado de la placa de los desaparecidos del Palacio de Justicia y la terminación de las obras de las intersecciones de la calle 12, calle 11 y calle 10.

Según el Distrito, este proyecto demanda una inversión total de 15.897 millones de pesos, discriminados en $14.446 millones para las obras civiles y $1.446 millones en la interventoría a cargo de la firma MAB Ingeniería de Valor S.A.

“¿Para qué son los estudios sino para identificar las características de la zona que se va a intervenir y el tipo de obras que se va a realizar? ¿Se enteró el IDU que la zona es histórica y que tiene redes antiguas y que podría encontrar reliquias arquitectónicas solo después de firmar el contrato? Los bogotanos esperamos respuesta a esa pregunta, porque si es así, y el IDU solo se enteró después de firmar el contrato de la complejidad que tiene la carrera 7ª, que para nadie es un secreto es una zona histórica, sería una nueva muestra de improvisación del gobierno del alcalde Gustavo Petro, que pone a sus funcionarios a actuar a la carrera para cumplir sus deseos, sin pensar en las consecuencias para la ciudad”, indicó Bastidas.

Más grave aún, dice la cabildante, es lo que reveló el director del IDU: que el contratista, que demostró solvencia técnica, financiera, legal y administrativa en documentos a la hora de presentarse a la licitación, ya no la tiene. A la hora de ejecutar el contrato “esa solvencia desaparece y el contrato, en su ejecución, empieza a afectarse”, dijo el director.

“Grave, muy grave, porque eso muestra que algo está fallando en el proceso de selección de los contratistas. El mismo director del IDU, William Camargo, acaba de informar que algunos subcontratistas se retiraron y no les entregaron suministro a tiempo porque no había giro oportuno del contratista. Hay un problema estructural en la obra de la primera fase de la peatonalización de la carrera 7ª. Y eso muestra por qué un atraso detrás de otro nos tiene en vilo”, puntualizó.

La obra buscará beneficiar a los habitantes y peatones de la zona, quienes podrían acceder a los sistemas de transporte disponibles, incluyendo la ciclorruta; además, la peatonalización espera mejorar la movilidad del centro de la ciudad con la disminución en los tiempos de desplazamiento, e incrementando la productividad de los ciudadanos que trabajan en este sector.

El IDU indicó que se impusieron sanciones al Consorcio PV Avenida Jiménez, que se confirmó el 11 de mayo con la Resolución 32152 por una cuantía de 112 millones de pesos. La sanción se basó en que el contratista no cumplió con la entrega de las obras en el tramo comprendido entre las calles 13 y 12C, y de la 12C a la calle 12B, costado occidental.