Críticas por suspensión del alcalde de Kennedy

Habitantes hicieron un plantón por la decisión del alcalde Gustavo Petro y la tildan de persecución política. La suspensión fue por solicitud del Contralor Distrital.

Fernando Escobar. /Archivo

A mediados de mayo, en fallo de primera instancia la Personería Distrital destituyó e inhabilitó por 11 años al alcalde de la localidad de Kennedy, Luis Fernando Escobar Franco. De inmediato sus abogados apelaron la decisión y la calificaron como una persecución política. A pesar de que se mantuvo en el cargo, porque el fallo disciplinario no estaba en firme, hoy sale de la administración local por decisión del alcalde Gustavo Petro.

El mandatario distrital lo hizo acatando, con reparos, la solicitud del Contralor Distrital Diego Ardila quien pidió suspender a Escobar Franco del cargo de forma preventiva. El contralor Ardila justificó la petición diciendo que era para evitar riesgos sobre los recursos públicos de la ciudad, ya que en contra de Escobar se adelantan seis procesos de responsabilidad fiscal (que suman casi $1.400 millones), de los cuales cuatro se remitieron también a la Fiscalía, y 13 procesos disciplinarios en la Personería.

El pasado viernes el alcalde Petro expidió el decreto con el que lo separa del cargo al mandatario local “hasta que culminen dichos los procesos de responsabilidad fiscal”. El alcalde de Kennedy fue notificado desde el fin de semana y desde ayer inició el empalme con Miguel Antonio Cortés, quien será su reemplazo. Todo apunta a que, al menos por este año, Escobar Franco no regresaría a su puesto.

Tras conocerse el decreto de suspensión, el contralor Ardila se comprometió a acelerar los procesos para tener una decisión lo antes posible. "Emitimos directrices para acelerar los trámites de los procesos fiscales, respetando los términos de ley y los derechos de defensa, para tener decisiones definitivas lo antes posible ", indicó.

Frente a su suspensión, el alcalde Escobar Franco dijo que por ahora no se iba a pronunciar, ya que tenía mucho por decir y apenas estaba en el proceso de empalme. “La reunión de empalme es más amplia de lo prevista. Esta operación es clame para mi futura tranquilidad”, señaló el suspendido mandatario.

La decisión provocó que 120 habitantes de la localidad hicieran un plantón al frente de la alcaldía local, para protestar por la suspensión, ya que consideran que detrás hay intereses políticos. Francisco Castañeda, voceros de la protesta, dijo que detrás está la clase política de la localidad.

Proceso

Mientras se esperan avances en los procesos de responsabilidad fiscal en contra de Luis Fernando Escobar para saber si regresa al cargo o no, por ahora el proceso más adelantado está en la Personería Distrital. Ya hay fallo de primera instancia, que lo destituye e inhabilita por 11 años, a raíz de posibles irregularidades en el pago de un convenio con una fundación que no se cumplió a cabalidad.
Actualmente este proceso está en segunda instancia. Sin embargo, los abogados del alcalde de Kennedy pidieron a la Procuraduría aplicación del poder preferente para que sea esta entidad la que revise la decisión de primera instancia, pero a la fecha no ha tomado una decisión.

Frente al avance del caso, en la Personería señalaron que siguen esperando la respuesta de la Procuraduría. “Si la Procuraduría acoge la petición, todo el expediente se va para allá. De lo contrario, el caso podría seguir en la Personería, donde avanzan los análisis de segunda instancia. El proceso no está congelado, se avanza en la revisión del fallo”, dijeron fuentes de la entidad.

La solicitud de los abogados a la Procuraduría fue debido a que no están tranquilos con el futuro del proceso en la Personería, ya que hay dudas sobre cómo se está manejando el caso en este ente de control y sienten que no tienen garantías. Incluso hablaron de un posible “tufillo” de corrupción en el caso.

Según Jorge Caviedes, abogado del alcalde, denunció públicamente que “la noche anterior al fallo de primera instancia, al alcalde le dijeron que había dos proyectos de fallo: uno donde lo suspendían por tres meses y otro donde lo inhabilitaban por 11 años. ¿Cuál era el mensaje? Sencillamente que se diera dinero para que dejaran la sanción en tres meses. Por eso, en este proceso hay visos de extorsión o cohecho”, denunció el defensor, quien agregó que, si bien en el cuestionado contrato sí hubo irregularidades “fue el mismo alcalde Escobar el que denunció los hechos de corrupción”.

Ante las denuncias del abogado, en la Personería señalaron que abrirían investigación interna para determinar la veracidad del episodio. Además, ordenó compulsar copias a la Fiscalía General para la investigación penal, respecto de los hechos mencionados por los abogados del alcalde local. Por ahora, el suspendido alcalde de la localidad de Kennedy esperará el desarrollo de las investigaciones en su contra por fuera de la administración.

El fallo de la Personería

El contrato que provocó la destitución del alcalde de Escobar fue el que la Alcaldía Local firmó con la Fundación para el Desarrollo de la Educación, la Salud y una Nueva Cultura de Vida en Colombia (Fudescu), por $350 millones. Su objeto era capacitar a un grupo de ciudadanos en proyectos productivos, crear 50 unidades productivas (inscribiéndolas en Cámara de Comercio), darles los insumos y finalmente hacer ferias con la muestra productiva. Este convenio quedó firmado por el exalcalde de Kennedy Jesús Antonio Mateus, un día antes de dejar su cargo (también fue destituido e inhabilitado). Luego llegó Escobar, quien hizo varias modificaciones a la forma de pago.

La fundación sólo hizo la capacitación, e incumplió la actualización de pólizas para proteger el dinero público, no eligió a los beneficiarios del programa de forma objetiva, no entregó los insumos, no se conformó las unidades productivas, ni cumplió con el cronograma establecido. A pesar de esto, la Alcaldía le desembolsó casi el 70% del presupuesto.

Según la Personería Distrital, el alcalde Luis Fernando Escobar fue quien hizo modificaciones, como prórrogas y porcentajes de pago, autorizando desembolsos sin que la fundación hubiera cumplido los requisitos contractuales. Por ejemplo, en el contrato inicial, la forma de pago era un anticipo del 40% ($141 millones), un segundo pago del 30% ($105 millones) a los tres meses de ejecución, un tercer desembolso del 20% ($70 millones) a los cinco meses de ejecución y un 90% de avance, y un pago final del 10% ($35 millones) contra acta de liquidación.

Aunque mantuvo las condiciones, Escobar modificó inicialmente los porcentajes de pago con un anticipo del 20% y luego tres desembolsos de 30%, 40% y 10%. Dos meses después autorizó una nueva modificación: autorizó aumentar el segundo pago del 30% al 50% ($176 millones) una vez terminadas las capacitaciones (que era apenas la fase inicial del contrato) y un último pago del 30%. La justificación era que la fundación pudiera cumplir con la segunda fase del contrato, es decir, la entrega de insumos.

Estos cambios fueron los que provocaron su destitución, ya que, a pesar de que argumentó que las modificaciones eran para beneficio de la administración, al final el contratista recibió el 70% del dinero del contrato y no pasó de la fase de capacitación. “Quedó comprobado que desde el inicio del contrato incumplieron... No obstante que el convenio se encontraba incumplido, solicitó y suscribió una modificación contractual del objeto y de la forma de pago, para viabilizar el segundo desembolso al contratista, sin establecer mecanismos para garantizar la correcta aplicación de los recursos. Esto ocasionó un detrimento al Distrito por $239 millones”, dijo la Personería.

Actualmente se adelanta un proceso de declaratoria de incumplimiento contra Fudescu, fundación registrada en junio de 2006 como entidad sin ánimo de lucro. Entre sus actividades económicas aparecen la formación académica no formal, la consultoría informática, actividades de administración de instalaciones informáticas y otras actividades profesionales, científicas y técnicas. Desde 2011 tiene registrados cuatro contratos: uno con la Alcaldía de Teusaquillo, en diciembre 26 de 2011, por $144 millones, y tres con el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, en diciembre de 2011, marzo de 2012 y abril de 2012, que suman casi $1.100 millones. Entre estos falta el contrato con la Alcaldía de Kennedy, que hoy pone en tela de juicio tanto a los exalcaldes como a la fundación.