Exalcaldesa de Bosa, imputada

Cruz Roja explicó desarrollo del contrato en Bosa, que está bajo lupa de la Fiscalía

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El organismo internacional aseguró que el contrato investigado tuvo muchas complejidades debido a que fue el primero que se firmó para atender la emergencia en la capital, en esos primeros días de muchas incertidumbres. Sin embargo, aclaró que no por eso se cometieron irregularidades sino que por el contrario se cumplió y sirvió para saber cómo operar en las otras localidades.

Los primeros días de la emergencia sanitaria, que desencadenó el coronavirus, fueron caóticos en Bogotá. Seguro muchos recuerdan o fueron testigos de cómo en varios puntos de la capital se registraron protestas por parte de familias y barrios enteros en los que, debido al confinamiento estricto inicial, se agotaron los alimentos y escaseó el sustento de muchos hogares. Los clamores por mercados eran cada vez más fuerte y eso llevó a que a finales de marzo el Distrito declarara la urgencia manifiesta que daba vía libre a contratar todo lo necesario para atender la emergencia.

Fue en ese contexto que la entonces alcaldesa encargada de la localidad de Bosa, Tatiana Piñeros Laverde, firmó un contrato por $4.000 millones que hoy la tiene en líos judiciales, luego de que la Fiscalía le imputara cargos por presuntas actuaciones irregulares durante la ejecución del contrato firmado con la Cruz Roja. Y aunque dicha entidad internacional no está formalmente vinculada al proceso judicial, con el fin de evitar que las dudas de los investigadores los salpicaran decidieron explicar las características y el contexto bajo el que se firmó y desarrolló el contrato.

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Lo primero es que el contrato de Bosa es especial, pues fue el primero que se firmó en el marco de la atención de la pandemia. Luego se firmaron otros cuatro en Los Mártires, Santa Fe y La Candelaria, y finalmente otros 16 para las localidades restantes de la capital. Es decir, de acuerdo con la Cruz Roja, el contrato de Bosa fue el piloto para el desarrollo de las acciones de apoyo y ayuda humanitaria en toda la ciudad.

¿Por qué Bosa fue el piloto? Según explicó la Cruz Roja, se hizo allí debido a que era la localidad más grande en la que se estaban presentando desmanes a diario por la falta de mercados o ayudas monetarias que les permitieran a las familias soportar el periodo de cuarentena.

La Fiscalía, que investiga a Piñeros (quien hoy es la alcaldesa encargada de Los Mártires) por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, y peculado por apropiación a favor de terceros, asegura que hubo varias irregularidades durante la ejecución del contrato. En detalle, el ente acusador habla de una presunta ausencia de planeación y estudios previos de mercado y un supuesto direccionamiento del contrato y presuntos sobrecostos, entre otras inconsistencias que habrían derivado en un detrimento patrimonial de $304 millones.

En medio de ese proceso de formulación de imputación, la Cruz Roja aclaró que el contrato que está bajo lupa es único y no tiene relación con los otros 16. Asimismo, explicaron que si bien los estudios previos decían que era un convenio, está claro que era un contrato de prestación de servicios.

La directora de asuntos humanitarios de la Cruz Roja, Erika Cardona, manifestó que desde que se firmó el contrato hubo complejidades debido a las pocas certezas que había entonces sobre la pandemia. “El contrato arranca en medio de una incertidumbre porque estábamos en una situación atípica en el mundo. Había riesgo de contagio, problemas de entregas y definir cuál era la ayuda que se debía entregar. No era fácil prever lo que iba a pasar y el contrato preveía ayuda alimentaria, pero fue necesario hacer modificaciones para focalizar inversiones según la necesidad”, explicó.

Las modificaciones fueron necesarias debido a que la urgencia y el poco tiempo para desarrollar el contrato hizo que permanentemente cambiaran algunas condiciones. Uno de esos cambios era el contenido de los auxilios a entregar, sobre lo que Cardona aseguró que “arrancamos el contrato y para definir el tema de la minuta alimentaria, si bien nosotros tenemos experiencia en manejo de minutas porque tenemos albergues y alojamientos donde atendemos niños, tercera edad y población vulnerable, en este caso no fuimos consultados para el tema y quien da los lineamientos de qué debe tener cada mercado es la Secretaría de Integración Social, que tiene unas minutas contempladas y a nosotros nos entregan el documento donde dice cuál es la minuta que se debe entregar”.

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La funcionaria agregó que si era poco o mucho, o si alcanzaba para varios o algunos días no era una decisión de la Cruz Roja y que fue un documento de la Secretaría de Gobierno el que indicó cuál era la minuta que se iba a utilizar, porque es dicha entidad la que entrega el protocolo de funcionamiento del contrato.

Respecto a cuestionamientos como la posible falta de planeación y de estudios de mercado, la Cruz Roja indicó que se ejecutó en el marco de una declaratoria de urgencia manifiesta. “Es claro que ese contexto traduce que esto era algo apremiante y no había andamiajes o análisis de sector supremamente robustos. Frente a los proveedores, nosotros nos vimos enfrentados a tener que rebuscarnos y fue muy complejo porque tocó hacerlo en una semana”, señaló la encargada de asuntos humanitarios.

Entonces la Cruz Roja, como entidad experta en este tipo de acciones, acudió a algunos de sus proveedores conocidos. “No es la primera vez que entregamos ayudas, entonces ya conocíamos dos proveedores que podían cumplir. Otros fueron nuevos y tocó hacer una exploración de índole virtual. Era algo muy estricto porque no podíamos salir un día con que simplemente no había mercado y así generar más manifestaciones e inconformidades en la comunidad”.

Así las cosas, la urgencia era sobre todo para mitigar esas movilizaciones cada vez más violentas que se daban en Bosa. En esos primeros días de emergencia, dice la Cruz Roja, lo que hicieron fue abastecerse de productos y tener kits disponibles en bodega para poder hacer los operativos y las entregas. “Lo que hicimos fue comprar casi todo el volumen del contrato para dar sostenibilidad a la operación, entendiendo que en este momento se esperaba hacer la entrega de forma muy rápida”.

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Esas primeras provisiones se terminaron contratando con Mercados Zapatoca (para mercados) y con Cubrehogar (para kits de aseo), que según la Cruz Roja eran los que tenían un stock muy grande en sus bodegas, algo que no garantizaron ni siquiera las grandes superficies. “Se tocaron puertas de proveedores pues buscamos tener calidad, reconocimiento, seriedad, buenos precios, tranquilidad, pero muchos no quisieron. Eso fue para los primeros días. A mediados de mayo, cuando ya estaba más normalizado el ingreso de alimentos, pudimos contar con seis proveedores, entre los que ya había grandes superficies que ya se le pudieron medir, pero para los primeros mercados, la situación fue mucho más compleja y distinta”, concluyó Cardona.

Después de esos primeros días vinieron otras complicaciones. Lo primero, que las necesidades en otras localidades hicieron que los operativos fueran mucho más distanciados en el tiempo, aunque eso obedeció al cronograma que tenía el Distrito. “Cuando arrancó el contrato, luego fueron cuatro y luego otros 16 a la par, los tiempos en que se realizan los operativos ya no son lo mismo, pero no porque no se tenga la disponibilidad de hacerlo diario, sino porque estos operativos requerían un acompañamiento especial de la Policía y el Distrito debido a que siempre había alteración en algunas zonas de la ciudad, donde cogían los carros a piedra, intentaban hurtar los mercados, atentaban contra nuestros funcionarios y había otras situaciones de orden público”, explicó el área de de asuntos humanitarios de la Cruz Roja.

Por último, desde la entidad indican que el contrato tuvo una supervisión juiciosa y constante, que se adelantaron comités técnicos durante todo el contrato y que hubo reuniones permanentes para saber qué mejorar y qué inconvenientes había. Asimismo, consideran que es inadecuado juzgar un posible detrimento debido a que, como el contrato está en etapa de liquidación, aún hay pendientes unas revisiones, un pago de más de $400 millones. “El contrato todavía está vivo y estamos en el momento en que todo se ajusta y no entendemos esas afirmaciones tan fuertes. La operación en Bosa es palpable, se hizo”, remató la funcionaria de la entidad.

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