Cuatro argumentos del Distrito para impedir las corridas de toros en la Santamaría

A raíz de las declaraciones de Felipe Negret en El Espectador se desató una batalla entre el Distrito y la Corporación Taurina.

Plaza la Santamaría. / Archivo

El debate sobre las corridas de toros en la plaza la Santamaría no ha terminado. Primero fue Felipe Negret, presidente de la Corporación Taurina de Bogotá, quien arremetió contra el Distrito: “se han vulnerado unos derechos fundamentales, como el de la libre empresa y el de la gente a asistir libremente a un escenario que fue ilegalmente cerrado”. Más tarde, la secretaria de Cultura, Clarissa Ruíz, respondió: “El levantamiento del mandato a la Corporación Taurina se hizo en seguimiento de una acción popular y de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferido en julio de 2012”.

Negret no aceptó la respuesta de la secretaria: “El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) no dio por terminado el contrato con base en el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mencionado por la doctora Ruiz”. El contrato en cuestión, según Negret, se dio por terminado a través de una resolución. La Secretaría de Cultura, una vez más, le respondió a la Corporación Taurina que la entidad estaba acatando un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sin embargo, la entidad no se refiere a la resolución que Negret menciona en su carta. Estos son los cuatro argumentos con los que la Secretaría se ha defendido ante los señalamientos del presidente de la Corporación:

1. El contrato de arrendamiento que suscribió el IDRD con la Corporación Taurina de Bogotá en 1999, que más tarde se modificó a un contrato de mandato, fue revocado dando término a la relación contractual en los términos debidos. Esta decisión fue avalada dos meses después por la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; como consecuencia de la acción popular interpuesta en 2007 por la Empresa Taurina Toriles.


2. El fallo concluye que en caso de que el Distrito decida entregar el escenario para realizar actividades artísticas o culturales deberá adelantar las gestiones necesarias de un proceso contractual (para seleccionar el contratista que quiera hacer uso de la Plaza). El fallo deja en claro que la gestión que se había adelantado para entregar la Santamaría a la Corporación Taurina de Bogotá no cumplía con los principios establecidos en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, al no haber permitido una participación de otros interesados.


3. La Corporación Taurina de Bogotá y otras agremiaciones interpusieron una acción de tutela contra la Alcaldía Mayor de Bogotá por considerar que se le estaban vulnerando varios derechos constitucionales, entre ellos, la libertad de expresión artística y al debido proceso. Esta acción constitucional fue fallada en favor del Distrito; tanto en primera como en segunda instancia por los Juzgados 57 Civil Municipal y 25 Civil del Circuito, siendo seleccionada en enero del 2013 por la Corte Constitucional para sus revisión, de la cual es ponente el Doctor Mauricio González Cuervo.


4. Los estudios sobre vulnerabilidad sísmica realizados a la plaza la Santamaría no son nuevos: en 2002 el Instituto Distrital de Recreación y Deporte contrató a la firma Proyectistas Civiles Asociados P.C.A., quien determinó que la estructura debería ser rehabilitada, debido a su alto nivel de vulnerabilidad sísmica, de acuerdo con lo contenido en el Titulo A 10 de la NSR 98. La rehabilitación o reforzamiento estructural propuesta en ese momento, estaba enfocada al encamisado de las columnas y vigas de los pórticos en forma simétrica y a la construcción de muros cortina, en sitios que estratégicamente reducen el grado de vulnerabilidad de la estructura existente. El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural(IDPC) adelantó un concurso de méritos, adjudicando el contrato de consultoría al Consorcio V&P, para actualizar los estudios técnicos de restauración, adecuación funcional y reforzamiento estructural de la plaza.

 

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