Por cuatro delitos es la denuncia contra tres funcionarios de la Contraloría de Bogotá

El contralor Juan Carlos Granados le pidió a la Fiscalía que investigue a sus subalternos por concusión, cohecho, concierto para delinquir y fraude procesal. Dos de ellos llevan 24 años en la entidad.

Sede de la Contraloría de Bogotá. Foto: Archivo

El contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, destapó esta semana lo que parece ser otra olla podrida dentro de ese organismo de control, que al menos desde la época de Carrusel de la Contratación (administración de Samuel Moreno, 2008-2011) no ha logrado dar un mensaje contundente de que la vigilancia de los dineros públicos de la ciudad está en las manos adecuadas.

En esa época, como se recordará, hasta la propia cabeza de la entidad, Miguel Ángel Moralesrussi, terminó enfrentado a la justicia por su presunta participación en el desfalco a Bogotá. Estuvo detenido, con medida de aseguramiento, entre 2011 y mayo de 2016, cuando un juez determinó que podía afrontar su proceso penal en libertad.

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Ahora, Granados ha puesto en conocimiento de la Fiscalía y de los medios de comunicación que por lo menos tres de sus subalternos están inmersos en lo que parece ser una red interna de cobro de coimas a ciudadanos investigados por ese organismo de control, a cambio de favorecerlos en las indagaciones en su contra.

El detonante fue un audio de 45 minutos que recibió el pasado martes 20 de diciembre un asesor de su despacho, de manos de dos contratistas que al parecer eran víctimas de los empleados de la Contraloría. En concreto, en la grabación se escucha la conversación entre uno de los denunciantes y una funcionaria que Granados identifica como Hermelina Angulo. Ella le pide al contratista $60 millones a cambio de favorecerlo en una investigación.

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Después de escuchar el audio, Granados acudió a la Fiscalía y la denunció a ella y a otros dos funcionarios por cuatro delitos: concusión, por pedir la coima; cohecho propio, por aceptar plata a cambio de omitir sus funciones; fraude procesal, por el posible fraude en la decisión que favorecería a los contratistas; y concierto para delinquir, pues aparentemente no se trata del acto aislado de unos funcionarios, sino de una posible estructura de corrupción organizada dentro del organismo de control.

Esto último es algo que se infiere de la grabación, como lo hizo notar Granados en su relato ante la Fiscalía. Allí hizo énfasis en que la señora Angulo advierte que “esto es una organización”, habla del “jefe mayor” y agrega: “el tema no es mío (…) yo soy tan solo una fichita aquí”.

¿Quiénes son los denunciados?

Además de Hermelina Angulo Angulo, la denuncia también involucra a Gabriel Alejandro Guzmán Useche y a Óscar Ricardo Calderón Camacho. Los tres han trabajado juntos, en distintos niveles, en la fiscalización de los recursos de las alcaldías locales.

Para entender mejor el vínculo entre ellos hay que tener en cuenta que en el organigrama de la Contraloría de Bogotá hay una Dirección de participación ciudadana y desarrollo local, encargada de fiscalizar los recursos que manejan las localidades. El director de esa dependencia fue hasta esta semana Gabriel Alejandro Guzmán Useche, a quien el contralor declaró insubsistente y sacó de la entidad por el escándalo que acaba de estallar. Era un funcionario de libre nombramiento y remoción, no de planta, que llegó a la entidad el 14 de mayo de 2012, cuando el contralor distrital era Diego Ardila, quien terminó su periodo de cuatro años el pasado 14 de febrero.

De la Dirección de Participación Ciudadana depende la Subdirección de Gestión Local, donde trabaja Ómar Ricardo Calderón Camacho y donde, en años anteriores, ha trabajado Hermelina Angulo Angulo, los otros dos funcionarios enredados. Ambos son de planta y llevan 24 años en la Contraloría.

Calderón Camacho es un arquitecto que llegó a la Contraloría el 12 de febrero de 1992. El pasado 9 de febrero, cinco días antes de que el entonces contralor Gerardo Ardila terminara su periodo, lo nombró gerente encargado de la Subdirección de Gestión Local. Esta dependencia es la que controla las gerencias de la Contraloría en las localidades, es decir, a los funcionarios conocidos como contralores locales, de los que hay uno por localidad. Calderón Camacho se desempeñaba como contralor local de Usme hasta que se descubrió su posible vínculo con la exigencia de coimas. La investigación de la Contraloría por la que aparentemente se exigió dinero es por un contrato en esa localidad.

Hermelina Angulo Angulo, por su parte, es abogada oriunda de Barbacoas (Nariño) e ingresó a la Contraloría el 15 de mayo de 1992. Ocupa un cargo en la Subdirección de Capacitación, pero también ha estado como encargada en puestos directivos de las subdirecciones de Gestión Local y de Responsabilidad Fiscal. De hecho, desempeñaba un encargo en esta última, que lleva las investigaciones por posibles detrimentos patrimoniales, cuando el contralor Granados conoció la grabación que la implica en la presunta exigencia de dinero.

A los dos funcionarios de planta no solo los investigará la Fiscalía, sino la oficina de control interno de la Contraloría, anunció Granados. La Auditoría Fiscal, encargada de vigilar la gestión de la Contraloría de Bogotá, anunció también que revisará las investigaciones archivadas en los últimos dos años para evaluar su soporte jurídico y probatorio.

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El Espectador conoció, por fuentes de la Contraloría, que una vez Granados dio a conocer este caso varios contratistas del Distrito se han acercado al organismo de control con la intención de denunciar más irregularidades. Lo que indicaría que el lío de los tres funcionarios sería solo la punta del iceberg.

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