Cuerpos con memoria

Con un plantón frente a la Procuraduría, familiares de desaparecidos protestaron en la capital. La historia de una joven que busca la verdad sobre el paradero de siete de sus seres queridos.

Marcela Granados, de la organización Familiares Colombia, tiene desaparecidos a siete familiares. / Cristian Garavito
Rostros para la memoria. Frente a la sede de la Procuraduría General de la Nación, en el centro de la capital, los familiares de víctimas de desaparición forzada en el país ondearon una vez más la galería con las fotos de sus seres queridos y realizaron un plantón de protesta. Escogieron esta entidad porque a comienzos de marzo el procurador Alejandro Ordóñez hizo una solicitud polémica. Le pidió a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que concentrara su atención en dar con el paradero de las supuestas 2.760 personas desaparecidas por las Farc. El comentario despertó la indignación entre quienes, por supuesto, no se oponen a que esta comisión adelante las investigaciones, pero piden que no se invisibilicen a los demás desaparecidos. Este país sigue siendo un gran cementerio de fosas comunes, donde existen al menos 45 mil desaparecidos, víctimas de los grupos armados legales e ilegales.
 
Eso cree Marcela Granados. Sostiene el pendón frente a la Procuraduría, con la foto de su padre y de su primo desaparecidos. Tiene 28 años. Escapó de la guerra paramilitar en Chámeza (Casanare) hace 13, pero sólo hace dos años, después de muchos de tristeza, tuvo la fuerza para tratar de entender lo sucedido.
 
 Era un día de octubre de 2000 cuando a Chámeza, a 10 horas por carretera de Bogotá,  llegó el rumor de que iba a entrar el Ejército, después de años de ausencia. “Detrás de ellos también llegaron  los paramilitares. Primero fue mi tío, su esposa y sus dos hijos, en 2000; luego mi primo Adonay Romero Granados, desaparecido en octubre de 2002; después mi papá José Granados, desaparecido el 3 de marzo de 2003; luego mi hermano, en octubre de 2003, y finalmente una sobrina de 17 años y siete meses de embarazo, asesinada. Su cuerpo sí lo encontraron”, dice Marcela. Todavía recuerda la frase de su papá cuando el terror se tomó el pueblo. Le dijo que él no se iba, porque toda la vida había vivido en el campo y que  no le debía nada a nadie.
 
El 12 de marzo de 2003, siete hombres de las autodefensas, al mando de Martín Llanos, entraron a la finca a las 9 de la mañana. “Cuenta mi mamá que cuando mi papá iba a desyerbar la yuca le dijeron que no se podía ir, porque venían por él”. José Granados tenía 60 años y había perdido una mano trabajando caña en un trapiche.
 
“Cuenta un señor, el único que soltaron de toda la gente que se llevaron, que ese día caminaron hasta una vereda que se llama El Retiro. Allí los desnudaron, los amarraron a un palo a la tierra para que no pudieran levantar la cabeza, los golpearon con los fusiles, los metieron en una bolsa llena de jabón hasta que —Marcela Granados llora, toma aire y sigue su relato— se quedaban sin aire. La última vez que lo vio, mi papá tenía partidas las costillas y se quejaba. Al siguiente día oyó que gritó más fuerte que siempre y luego no lo escuchó más”. 
 
En Chámeza, Casanare, hoy siguen 60 personas desaparecidas, que fueron víctimas entre 2000 y 2003. Marcela Granados asumió la lucha por la verdad que inició su madre y otros familiares que, refugiados en Bogotá, buscan y esperan noticias de sus seres queridos. Aunque aún no forma parte del Registro Único de Víctimas, Granados logró que la Fiscalía se comprometiera a buscar y a exhumar cadáveres en el lugar en que dicen murió su padre. La cita es para enero de 2016. “Mi mamá se devolvió al pueblo a esperarlo. Nunca quiso sacar las cosas de mi papá, su ropa, sus zapatos. Ya es hora de poder enterrarlo y hacer un duelo”, cree con esperanza.