Cundinamarca en 2019: los pendientes en la recta final

A Jorge Rey le queda un año para dejar contratado el Tren de Cercanías y darles vía libre a nuevos corredores que faciliten la movilidad de municipios cercanos a Bogotá. Dentro de sus planes también están el Hospital de Zipaquirá y la discusión por la Van der Hammen.

Mónica Rivera Rueda - Javier González Penagos
08 de enero de 2019 - 02:00 a. m.
Antes de un área metropolitana con Bogotá, Rey apuesta primero por una provincia de gestión y planeación. / Luis Ángel
Antes de un área metropolitana con Bogotá, Rey apuesta primero por una provincia de gestión y planeación. / Luis Ángel

A un año de que termine el período de alcaldes y gobernadores, el afán y el corre-corre se imponen en las administraciones para que sus proyectos se concreten y lleguen a buen puerto. Cundinamarca no es la excepción y el gobierno departamental precisa detalles, ajusta tuercas y concreta recursos para cumplir con su ambicioso Plan de Desarrollo, que abarca casi 600 iniciativas.

De acuerdo con el gobernador Jorge Rey, aunque en esta recta final de gobierno los proyectos más ambiciosos y los que se llevarán la mayor parte de los recursos son los relacionados con movilidad y nuevas vías, no se dejarán de lado programas en salud y educación, así como la integración regional, buscando consolidar un área metropolitana que abarque a Bogotá y municipios cercanos.

Según Rey, este año quedarán listos “no menos de 100 proyectos que tendrán una gran incidencia en la transformación de vida de las personas”. Sumado al fortalecimiento de las relaciones con Bogotá —un actor clave en los intereses de Cundinamarca—, el gobernador tendrá que consolidar su plan departamental de aguas y encarar discusiones como la propuesta de intervenir la reserva Thomas Van der Hammen.

¿Cuáles son los proyectos que les queda por hacer en este último año?

Tenemos una gran prioridad y es sacar adelante el Tren de Cercanías o Regiotram, ideado para conectar los municipios del occidente con Bogotá.

Esta obra pública —en la que la nación puso el 70 % y el departamento, el 30 %— está hoy en etapa de estructuración técnica, financiera y legal, con la que se busca establecer el modelo jurídico contractual más viable para que su construcción y operación se desarrollen con el menor grado de riesgo.

Los resultados deben estar en marzo y esperamos adjudicar la obra de $1,5 billones en octubre o noviembre de 2019. Habrá que hacer recuperación predial en un 3 % del tramo para que en 2021 empecemos la obra y en 2023 arranque la operación.

¿Cómo van con las fases II y III de Transmilenio a Soacha?

Este es un proyecto de $950.000 millones que adjudicaremos en agosto y que va a tener seis estaciones nuevas y el patio portal más grande del sistema, mejorando las frecuencias y la oferta de transporte, que hoy supera los 400.000 pasajeros al día. Por la fase I se están transportando alrededor de 80.000 pasajeros al día, pese a que fue construida para atender una demanda de 40.000 usuarios.

¿Qué otros temas viales hay pendientes?

Vamos a dejar contratadas, junto con el Distrito, la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) en el tramo sur; parte del sector de Canoas, que va hasta la calle 13 y será par vial del transporte de carga para descongestionar la Autopista Sur y permitir que los trancones se reduzcan al ingreso y salida de Soacha. También está la troncal de los Andes, una doble calzada de cuatro kilómetros que desviará el tráfico de carga que ahora toma la avenida Pradilla en Chía y genera congestiones de largas horas sobre ese corredor.

Adicionalmente, en etapa de factibilidad ante el Instituto de Concesiones y Construcciones de Cundinamarca está la Perimetral de la Sabana y la Conexión de Occidente. La primera será una alternativa a la concesión de Chía a Mosquera, reduciendo los tiempos de desplazamiento, y la segunda unirá las Américas a Mosquera.

¿Cuándo se entregará el Hospital de Zipaquirá?

Ya está totalmente construido. Estamos adquiriendo todos los equipos biomédicos y esperamos entregarlo en operación a mitad de año, a través de un convenio administrativo con el Hospital Universitario de la Samaritana. En el nuevo centro médico, que será de mediana y alta complejidad, vamos a atender aproximadamente a 800.000 personas de las provincias Sabana-centro, Almeidas, Guavio, Ubaté y Rionegro.

Vamos a garantizar recursos para que los primeros meses el hospital pueda funcionar sin ningún inconveniente, mientras recupera vía tarifa los servicios que presta. Además, hemos considerado aumentar la estampilla y la transferencia a la Samaritana para que atienda posibles déficits en los primeros cinco años de funcionamiento.

¿Cuántos colegios van a entregar?

Actualmente, tenemos veinte en obra y seis arrancarán este mes, todo con una inversión de $200.000 millones. Ya entregamos en Chocontá, Villapinzón, Tocaima, Ricaurte, Guaduas, Villeta y Guasca, y esperamos entregarlos todos antes de terminar la administración. Estamos interviniendo 180 de las 283 instituciones educativas de Cundinamarca, haciéndoles más aulas, laboratorios y escenarios deportivos, con una inversión de $100.000 millones.

¿Cómo esperan solucionar el problema de agua en el departamento?

Tenemos el plan departamental de aguas más grande del país por el número de proyectos que maneja y es el único que recurre a crédito. Ningún otro departamento tiene la capacidad de ir a la banca comercial para pignorar sus rentas del plan de aguas. Comprometimos recursos por medio billón de pesos para 16 nuevos planes maestros de acueducto, 17 nuevos proyectos de alcantarillado y estamos construyendo unas 15 nuevas Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP).

¿Qué proyectos no van a alcanzar a ejecutar?

Todo lo que significa mejoramiento de accesos viales a Bogotá diferentes a los que nombré. Por ejemplo, el corredor sur necesita mejores sistemas de transporte y vías, no solamente la ALO y Transmilenio. Construir la Perimetral Sur, que enlaza el transporte de Chuzacá al túnel de Boquerón y evita el ingreso a vías urbanas de Bogotá. También falta ampliar la calle 13, que se esperaba hacer a través de alianza público-privada (app), pero finalmente se optó de hacer estudios con regalías. Ojalá se alcance a dejar.

El corredor oriental es algo que no hemos podido solucionar. No se ha definido si vamos a tener una vía diferente a la de Patios para ingresar a La Calera o si por las calles 100, 170 o 153. Sabemos que hay un tema de tráfico y se necesita inversión privada, pero creo que ya no aguantamos un peaje más, llegó el momento de hacer obra pública con recursos propios.

Finalmente, esperamos el licenciamiento ambiental del embalse de Calandaima, pero eso depende de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Sería una gran frustración no poderlo hacer, porque tenemos el dinero.

¿Qué pasa con la integración regional?

Creo que la integración metropolitana se debe dar. Para mí, es como un matrimonio sin capitulaciones, con entrega absoluta de autonomía por parte de los municipios y de recursos del Distrito, por lo que debe haber confianza.

¿Qué se necesita?

Definir un esquema de gobernanza del agua, porque el 90 % de lo que consume Bogotá es del departamento y queremos que no haya un ejercicio de autoritarismo e imposición, sino un mecanismo coordinado. También es importante un sistema regional de transporte, ya que, por ejemplo, los transportadores de Sibaté y Soacha sufren mucho porque no les permiten ingresar a la capital, entonces la gente debe gastar mucho más para movilizarse.

Proponemos una figura dentro de la Ley de Ordenamiento Territorial que es la provincia de gestión y planeación, un mecanismo que no tiene una gran camisa de fuerza como un área metropolitana y que sería un buen primer noviazgo para luego pensar en un área metropolitana.

¿Cómo están las relaciones con Bogotá?

Siempre han sido sinceras y de alguna u otra manera técnicas. Sin embargo, creo que como nunca antes se han hecho notorias las diferencias, pero también se han generado proyectos que permiten mejorar calidad de vida para la región.

¿Qué ha pasado con la discusión de la reserva Van der Hammen?

Con la sentencia que puso un límite se produjeron bastantes reacciones técnicas y jurídicas. Sin duda hay una polarización gigante, entonces primero hay que despolitizar esa discusión. Estamos buscando una propuesta intermedia que sea proteccionista, pero que también le permita encontrar al Distrito una solución a la habilitación de suelo urbano. Estamos en el análisis jurídico y lo que queremos es que, cuando se entre al debate técnico, haya una alta socialización, ya que el tema tiene un alto carácter nacional y ambiental.

¿Cuándo estarían tomando una decisión?

Eso es relativo. Depende de que tengamos claro el escenario jurídico del cronograma que se debe presentar. Ya existe uno, pero sufrió retrasos por la sentencia. Muy seguramente en el primer semestre ya tendrá que haberse surtido todo el debate y haber tomado una decisión de fondo.

Por Mónica Rivera Rueda - Javier González Penagos

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