Cundinamarca podría perder $39 mil millones por acueducto Anapoima-La Mesa

Mientras los racionamientos se han vuelto ley en la región, el departamento y la Secretaría de Transparencia de la Nación buscan salvar una obra vital que fue incumplida por el grupo Nule.

Tiene 52 kilómetros de largo, costó 48 mil millones de pesos y no sirve para nada. El acueducto La Mesa-Anapoima, comenzado a construir hace siete años y que debía ser entregado en febrero de 2011, se ha convertido en el encarte más caro y vergonzante de la Gobernación de Cundinamarca, y el elefante blanco que con más visibilidad dejó el grupo Nule en departamento.

Ideado en 2006, durante la gobernación de Pablo Ardila, y estructurado en cuatro fases, el acueducto Anapoima-La Mesa debía poner fin a los usuales racionamientos de agua que afectaban por igual a los habitantes de estos dos municipios y a los miles de turistas bogotanos que, ya fuese en un hotel tradicional de La Mesa o en una lujosa villa de Anapoima, visitan cada fin de semana este destino de “tierra caliente”.

Entonces, los técnicos de la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Obras Públicas del departamento (la Contraloría de Cundinamarca aún no registra funcionarios responsables de manera individual) plantearon que la solución al problema de estos municipios consistía en transportar agua desde la sabana de Bogotá, vía Mosquera-Madrid.

Pero desde el comienzo —y eso es algo cada vez más claro para todos los que hoy investigan el caso— todo estuvo mal planeado. Empezando por lo más esencial: el agua. Según un informe de auditoría abreviada, realizado el año pasado por la Contraloría de Cundinamarca, en ningún momento el departamento garantizó que el Acueducto de Bogotá proveería de agua al nuevo proyecto.

No hay un convenio ni un contrato ni medio papel en el que conste que el Distrito se hubiera comprometido legalmente a enviar, 700 metros montaña abajo, los más de 100 litros de agua por segundo para los cuales se pensó, estructuró y licitó la obra.

La consecuencia de este sutil olvido es que hoy, siete años después de firmado el primero de los cuatro contratos de construcción del acueducto, el departamento no ha contado con una sola gota de agua para, por lo menos, hacer las pruebas hidráulicas de la red y determinar si la millonaria obra sirve para algo.

Como si esto fuera poco, el asunto es aún más complejo desde que el alcalde Gustavo Petro, a través del entonces gerente del Acueducto de Bogotá, Diego Bravo, ordenó que se parara la venta de agua en bloque por parte de Bogotá a los municipios.

Con agua o sin agua los problemas del acueducto son mayores. Tres de los cuatro contratos firmados para el proyecto fueron incumplidos (el primero con una lluvia de prórrogas que duró 48 meses) y hoy, a excepción de un pequeño tramo entre La Mesa y Anapoima (fase IV), el acueducto es una lamentable sucesión de obras incompletas, donde incluso los tubos no empatan ni se conectan (ver infografía).

Por decirlo de otro modo: si hoy se le pone agua, ésta se derramaría en el primer boquete que aparezca en este remedo de acueducto.

Detrás de buena parte de este asunto se encuentra el grupo empresarial de los condenados Guido, Manuel y Miguel Nule, así como algunos de sus socios, hoy investigados por la justicia y los entes de control en el marco del escándalo del carrusel de la contratación.

Tanto la fase I como la fase II del proyecto fueron contratadas con dos consorcios conformados por tres empresas del grupo Nule y la firma H&H, del barranquillero Javier Haddad (hoy declarada en quiebra). La primera fase, en 2006, se firmó con Consorcio Anapoima, por una valor de $20.999 millones, y la segunda, en 2007, con Consorcio Acueducto Regional, por un valor de $7.100 millones.

No contentos con eso, los Nule también licitaron para ganarse la interventoría del proceso. Y lo lograron. En la primera fase, a través del consorcio Redes de Cundinamarca, del que hacían parte Bitácora Soluciones (parte del grupo Nule) y dos empresas más: Interaudit S.A. e Hidrotec. En la segunda fase, Hidrotec, asociado con una nueva empresa (Reingeniería de Proyectos Ltda.), se quedaría con la interventoría.

Hoy, al mirar el estado inservible en el que se encuentra el acueducto, todos los involucrados en este proceso (Gobernación, Contraloría departamental, Secretaría de Transparencia del Gobierno Nacional) aseguran que es evidente que al controlar las interventorías fue fácil para los contratistas avanzar de tal manera en el proceso sin que nadie hiciera sonar la alarma.

Tan es así que apenas el año pasado la Gobernación declaró el incumplimiento de los contratos (incluyendo el de la fase III, firmado con otro grupo de empresarios agrupados en el consorcio Aguas de Cundinamarca) y hoy se encuentra resolviendo jurídicamente cómo recuperar los $33 mil millones desembolsados para las tres primeras fases.

Según la Contraloría de Cundinamarca, “del total desembolsado se recuperaron recursos por valor de $2.222’636.193 por las declaratorias de incumplimiento ante las compañías de seguros. El valor total del posible detrimento patrimonial sufrido por el departamento de Cundinamarca fue de $31.186’000.694. Estos recursos, al traerlos a valor presente, arrojan el valor de $8.351’655.440, para un valor total de merma patrimonial en cuantía de $39.537’656.134”.

No sobra repetirlo: 39.500 millones de pesos que posiblemente se fueron por el sifón. Y una pregunta en el aire: ¿Qué hacer con el Acueducto?

En noviembre del año pasado, el gobernador Álvaro Cruz inauguró la fase IV del acueducto La Mesa-Anapoima. Esto es, el tramo comprendido entre ambos municipios y que, con agua del acueducto de Tena, logró suavizar las presiones de poderosos actores que vacacionan en Anapoima. Sin embargo, el volumen de agua es insuficiente (sólo 23 litros por segundo, de los más de 100 que se tienen contemplados).

Hoy el panorama en La Mesa es crítico. El municipio se ha visto obligado desde 2010 a racionar el agua de manera permanente. El abastecimiento se hace a través de carrotanques, cuya demora en ciertos momentos ha provocado manifestaciones callejeras, entre ellas la ocurrida en marzo de este año, cuando el aumento de los turistas hizo que colapsara el sistema.

La situación es tan crítica, que la Secretaría de Transparencia del Gobierno Nacional, a pedido de la Contraloría de Cundinamarca, decidió acompañar el proceso desde enero de este año, luego de que el contralor departamental, Néstor Leonardo Rico, le recordara al gobernador Álvaro Cruz, en su rendición de cuentas de 2012, que su despacho debe definir el futuro del acueducto.

Pero Cruz no está en una posición fácil. Como ingeniero, sabe que el acueducto tiene serios problemas técnicos —de hecho, la Contraloría también identificó que nunca contó con estudios de diseño y factibilidad—. Si continúa con la obra, podría ser investigado por detrimento; y si no lo hace, también.

Adicionalmente, el gobernador Cruz y el gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Alberto Merlano, siguen conversando sobre la forma de reactivar la venta de agua por parte del Distrito a los municipios. Sin ello no habría como realizar pruebas hidráulicas.

En diálogo con El Espectador, Cruz y Merlano aseguraron que actualmente se encuentra en discusión la firma de un convenio que permita, al menos, que el Acueducto facilite el agua para realizar las pruebas técnicas que definan los pasos a seguir.

Cruz asegura, además, que Empresas Públicas de Cundinamarca adelanta un proceso para contratar una firma de ingeniería que realice un peritazgo “hidráulico, geológico, geotécnico y electromecánico” y establezca si la millonaria obra tiene futuro. La contratación de los estudios se realizaría en agosto.

Como no se sabe si para ese entonces la EAAB les daría agua a los municipios, Cruz tiene como plan B la perforación de dos pozos de agua en el municipio de Bojacá. El primero está listo y estaría en la capacidad de suministrar 40 litros por segundo, según el gobernador. El segundo, sin embargo, aún es un proyecto.

En medio de tantas incertidumbres, el secretario de Transparencia de la Nación, Rafael Merchán, les ha pedido a todos los actores involucrados compromiso para salvar el acueducto, terminarlo y garantizar lo más importante: que suministre agua.

“Tenemos una gran preocupación por las inversiones que terminan siendo verdaderos elefantes blancos”, asegura Merchán. “Si no se actúa con urgencia, este acueducto terminará haciendo parte de esa lista de obras millonarias donde se conjugan mala administración y muy posiblemente rampante corrupción”.

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