Luego de que la Alcaldía de Bogotá presentará el plan de emergencias que tiene preparado la Administración Distrital para enfrentar la nueva ola invernal, la Personería Distrital presentó un informe detallado en el que se asegura que la ciudad no está preparada para dar respuesta ante eventuales emergencias por las lluvias.
“Pese a que desde diciembre de 2008 el Acuerdo 341 ordenó que en tres meses las entidades del Distrito debían elaborar, implementar y enviar para su aprobación al Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (Fopae), los Planes Institucionales de Respuesta a Emergencias (Pire), más de dos años y medio después ninguna de las dependencias que hacen parte del sistema de prevención le ha dado cumplimiento a la norma”, así lo estableció un estudio sobre el tema realizado.
De acuerdo con el Ministerio Público, varias entidades y alcaldías locales no han realizado aún una sola acción para elaborar el Pire, pese a la inminencia de una nueva ola invernal y las dificultades sufridas recientemente.
“Se encontró que la Administración no apropió presupuesto suficiente para conjurar los 518 sitios críticos detectados por el Fopae. Tampoco se ha venido reubicando de manera efectiva a las familias en alto riesgo ni se habían destinado los recursos necesarios para la prevención y atención de emergencias, al punto que en las temporadas invernales anteriores el Distrito tuvo que declarar una urgencia manifiesta para apropiar recursos adicionales para enfrentar la situación”, dice el informe.
Durante 2010 y 2011 el Fopae realizó visita técnica a 518 sitios por eventos de remoción en masa y determinó que las intervenciones para enfrentar esos deslizamientos se necesitaban $300 mil millones. Sin embargo, por restricciones de presupuesto, el Distrito, en marzo de 2011, priorizó sólo 30 sitios, es decir 5,79% del total de afectaciones y asignó $100 mil millones, equivalentes a 26,66% del total de recursos necesarios.
De esa forma quedaron pendientes de atender 94,21% de los sitios priorizados, situación preocupante si se tiene en cuenta, además, que para ellos se necesitan $200 mil millones equivalentes a 73,33% de los recursos estimados.
El estudio de la Personería determinó que a agosto del presente año, la Alcaldía Mayor, Secretaría de Gobierno, Universidad Distrital, Misión Bogotá, Empresa de Renovación Urbana, Corporación La Candelaria y nueve alcaldías locales (Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Usme, Teusaquillo, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz) no han realizado ningún avance en la elaboración del Pire.
En su conjunto, las doce Secretarías adelantaron en promedio cerca de 43,75%, cuando para la temporada de ola invernal debió haberse presentado el 100%. De las 11 alcaldías locales que realizaron algún avance del Pire, cinco presentaron un avance por debajo de 50% (Tunjuelito, Engativá, Suba, Los Mártires y Antonio Nariño). Las alcaldías de Tunjuelito, Engativá y Suba, que se vieron fuertemente afectadas por la temporada de ola invernal, presentaron el avance más bajo, en promedio 18%.
Después de 32 meses de sancionado el Acuerdo de 2008, a agosto de 2011 sólo 12 entidades distritales, de las 67 obligadas, han presentado Pire, entre el 80 y 95%, por eso la Personería iniciará una investigación disciplinaria contra los funcionarios responsables de incumplir la norma.
El ente de control encontró que durante la temporada de ola invernal se tuvo que acudir a la urgencia manifiesta para conseguir recursos, pues no estaban contemplados inicialmente en el plan de inversión. A través de esa figura se apropió un presupuesto adicional que hoy representa 90% de lo existente para atender emergencias. Por lo que se concluye que la Administración no estaba preparada para atender la emergencia invernal 2010-2011.
De ese rubro la Fopae maneja 58,79%, la Caja de Vivienda Popular (CVP) 14,57%, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 14% y otras entidades 12,64%.
El Programa de Reasentamiento inició en 1997 y debía terminar en 2010 como resultado de las acciones de prevención y control a los desarrollos ilegales. No obstante, en el presente año se recomendó la inclusión de 938 nuevas familias en el programa, por los problemas de remoción en masa acentuados por la fuerte ola la invernal y el incremento en las construcciones ilegales. La reubicación de las 938 familias le costaría al Distrito Capital alrededor de $25 mil millones.
Adicionalmente se determinó que el proceso de reasentamiento realizado por la CVP es lento, en muchos casos se toman hasta cinco años. De los 11.037 procesos de reasentamiento, sólo han terminado 6.654 familias, que equivalen a 60,28% de familias reubicadas. El 40% restante está en veremos.
“Mientras tanto, continúa la reocupación de predios y construcción ilegal en zonas de riesgo de deslizamiento o de reserva natural como en el sector de Nueva Esperanza en Rafael Uribe Uribe, el Parque Entre Nubes en Usme y el Divino Niño y Tesoro en Ciudad Bolívar, sin que las autoridades tomen acciones para evitarlo. Pese a que el Distrito gira 7,5% del impuesto predial a la CAR para el saneamiento del río Bogotá (cerca de medio billón de pesos en los últimos siete años) la falta de dragado del río incrementó los problemas para la ciudad en la pasada ola invernal. La Personería envió a la Procuraduría la certificación expedida por la Tesorería Distrital sobre el total de los recursos girados y que debieron ser invertidos en el río para la investigación disciplinaria que realiza contra la CAR”.