La alcaldesa presentará una propuesta al Congreso

De Dilan y Diego Felipe al abogado Javier Ordóñez

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Si bien el Gobierno Nacional pide no estigmatizar a la institución, los casos de abuso policial contra ciudadanos no son nuevos. Uno de los problemas de fondo es definir cómo y para qué deben ser formados estos servidores públicos en la Colombia del siglo XXI. Y quién debe juzgarlos.

La indignación ciudadana llegó al máximo. Además del abuso policial que se dio alrededor de la muerte de Javier Ordóñez está el deceso de al menos 10 personas que, en medio de las manifestaciones, fueron atacadas con objetos, aparentemente de uso exclusivo de la Fuerza Pública. Aunque el detonante fue el caso del abogado Javier Ordóñez, de 44 años, todo es en resumen un cúmulo de las cosas que vienen en los últimos años en la ciudad, que se suman a la desesperación de otros por los efectos de la pandemia.

Tan solo hay que recordar casos como el de Nicolás Neira, el joven de 15 años asesinado por agentes del Esmad, quien recibió una lata de gas lacrimógeno directo en su cabeza; el del grafitero Andrés Felipe Becerra, de 17 años, a quien un policía le disparó por la espalda sin justificación, o el de Dilan Cruz, quien murió luego de que un agente le disparara un proyectil de un “arma no letal”, que quedó incrustado en su cabeza. También está el caso de Duván Álvarez, quien en mayo pasado, durante los enfrentamientos por los desalojos en Ciudadela Sucre (Soacha), recibió un disparo en el pecho, caso que hoy sigue en investigación y que se suma a la lista de abusos policiales que se han reportado este año.

Las ONG reportan que tan solo en Bogotá van 141, de los cuales la Policía solo tiene registro de 38. “Esto no se trata de hechos aislados, sino de un problema estructural dentro de la Policía”, señaló la alcaldesa Claudia López, quien en medio de la noche de caos prometió impulsar en el Congreso una reforma a la institución. Además de la revisión del protocolo de las armas no letales y la reeducación de quienes las portan, aseguró que apuntarán a reformar la oficina disciplinaria de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Además, propondrá el proyecto de ley para la reestructuración interna de la Policía en entrenamiento y la modificación del control disciplinario, es decir, que este tipo de casos no termine en manos de la justicia penal militar o al procedimiento interno de la Inspección General de la Policía, sino que vayan a la justicia penal.

Los desmanes fueron también escenario para notar las diferencias políticas del Gobierno nacional y el distrital. Ante los hechos, la repuesta de la nación, más allá de reprochar los actos de violencia, fue reforzar la Fuerza Pública en la ciudad y, de paso, defender el papel de la Policía como institución. “La Fuerza Pública ha sido heroica, ha trabajado con excelencia, pero también ha habido momentos en que algunos de sus miembros no guardan el honor del uniforme. No podemos dejar que surjan voces que estigmaticen a nuestra Fuerza Pública. La Policía anualmente adelanta 30 millones de procedimientos”.

La respuesta de López fue distinta. Ella instó a las autoridades a reconocer con humildad la gravedad de lo ocurrido y pedir perdón a la ciudadanía y a las víctimas reconociendo los hechos. “Eso es más importante que traer policía a Bogotá. No es una cuestión de cantidad de policías que tenemos, sino de calidad.

Para el penalista Carlos Arturo Ramírez, de la Universidad Externado, una reforma a la Policía no parece ser tan viable en medio del movimiento político que existe hoy en el Congreso, pero sí se puede pensar en movimientos internos, como la reestructuración de la Policía de Bogotá. “El problema se reduce a la formación policial, por lo que se requiere una ingeniería interna. Si se mira adentro está dividida y hay un problema con el tema de ascensos, de policías que no saben dónde poner y subintendentes que llevan más años que muchos de sus superiores, lo que genera un desorden en el que nadie se quiere meter”.

Por su parte, César Niño, docente de la Escuela de Política de la Universidad Sergio Arboleda, considera que debe haber una revisión no solo institucional en la formación, sino en su naturaleza de brindar seguridad y convivencia ciudadana, para reconstruir la legitimidad. “Es un aspecto muy sociológico, que se construye a partir de las vulnerabilidades compartidas, en el que el Policía no solo debe dar respuesta al hurto, sino que también es responsable de evitar peleas, intermediar en accidentes de tránsito y con su actitud ser actor pedagógico”.

Pero el problema va definitivamente más allá. La actual situación provocada por la pandemia también ha exaltado los ánimos de la ciudadanía, que quiere respuestas inmediatas a las condiciones económicas, lo que ha minado la confianza y ha profundizado el problema. Meses atrás la mandataria hablaba de modificaciones a la estructura de los CAI, para responder al crimen en la ciudad, pero de fondo sigue siendo la justicia uno de los temas que preocupa a los ciudadanos, por lo que la reactivación de la ciudad no solo debe estar encaminada a la parte estructura, sino además en los problemas que quedaron suspendidos en marzo.

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