De tierreros y otros robos de predios en Bogotá

La Policía capturó una nueva mafia dedicada a la oferta y venta ilegal de lotes en Suba a familias pobres, que suelen ser víctimas o desplazadas por la violencia.

La Arboleda está hoy en la mira del Distrito para un proyecto de vivienda. Sus habitantes están divididos. Gustavo Torrijos
Desde hace once meses, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación le seguían la pista a una organización de tierreros que se adueñaron ilegalmente de un lote de 717 hectáreas en la parte alta de la localidad Suba y pretendían dividirlo en tres mil lotes pequeños para después venderlos fraudulentamente a incautos, por 10 o 15 millones, en su mayoría personas humildes, desplazados económicos o sociales que buscan un hogar.
 
Siete personas fueron capturadas, luego de resistirse y tirarle piedra a la Policía. Al final, respondieron ante un juez de garantías por los delitos de invasión de tierras, estafa, fraude procesal, hurto, fraude a resolución judicial, falsedad en documento privado y concierto para delinquir, y por la gravedad de las conductas criminales fueron enviados a un centro penitenciario mientras avanza el proceso. 
 
Tenían guardianes que custodiaban una edificación que funcionaba como oficina comercial a la entrada del lote usurpado. Se valían de amenazas y promesas falsas para pedir y recibir los dineros por adelantado a cambio de lotes no autorizados.
 
La captura de los llamados tierreros de Suba por parte de la Policía pone de presente una problemática que acordona especialmente los márgenes de la capital, por eso las autoridades investigan si tienen alguna relación con otros conflictos de tierras en la capital.  
 
Para José Cuesta, subsecretario de Asuntos Locales de la Secretaría Distrital de Gobierno, el fenómeno de venta ilegal de tierras en Bogotá tiene detrás mafias organizadas y no es nuevo. Por ejemplo, se conoce el caso de los tierreros de San Cristóbal que desde los ochenta vienen con esta práctica ilegal. 
 
En Ciudad Bolívar cambian los nombres y los apellidos pero es el mismo ‘modus operandi’. El problema en esta localidad está principalmente en los siguientes sectores: El Paraíso, zona rural de Quiba; Altos de la Estancia; El Tesoro; El Paraíso; Bella Flor y La Colmenita. 
 
“Estos barrios coinciden con el área en la que el Distrito piensa ejecutar el proyecto del Cable Aéreo, sobre todo el área de Bella Flor y La Colmenita. También tiene una fuerte vocación rural, clave para garantizar las reservas de agua”, asegura Cuesta. 
 
A comienzos de mayo, la Secretaría de Gobierno intervino un predio en el barrio El Recuerdo, zona La Colmena, de Ciudad Bolívar. Este predio estaba dividido en 80 pequeños lotes listos para ser ofertados para 300 familias. Ese día, 200 miembros de la Fuerza Pública acompañaron a un equipo del gobierno distrital que con maquinaria pesada tumbaron los ranchos que estaban deshabitados y listos para la venta. 
 
Un sargento retirado de la Policía pidió proteger su patrimonio, que no era otro que 100 tejas de zinc, palos y polisombras. La casa era el presunto depósito de los materiales que utilizaban para hacer los pequeños ranchos que vendían después. 
 
Cuesta recuerda que dos horas después de empezar el operativo al lugar llegó, en una flamante camioneta con vidrios polarizados, un sargento pensionado de la Policía Nacional con dos escoltas que aseguró que se le estaba violando el debido proceso sobre su patrimonio. El Distrito siguió adelante por las condiciones de insalubridad y falta de servicios públicos. “Aquí hay mafiosos que comercian con la angustia de la gente”, sostuvo Cuesta. El sargento se fue. El Distrito tiene identificado que este supuesto policía retirado, cuya pista siguen las autoridades, estaría vinculado con tierreros en el proyecto Hacienda Los Molinos, en Rafael Uribe, y en Usme. 
 
La Secretaría Distrital de Gobierno pudo identificar que estas mafias de tierreros operan con sayayines, quienes realizan los cobros de forma armada, encapuchados que amenazan e intimidan cada ocho días a los compradores; y también con personas que ofertan los lotes, que pueden ir entre 5, 9 y 12 millones de pesos. Los pagos suelen hacerse a cuenta gotas a cambio de recibos ilegales, que no son otra cosa que extorsiones. 
 
Los márgenes de Ciudad Bolívar donde se realizan estos proyectos ilícitos son un corredor clave que se une con Usme y Sumapaz. Para Bogotá ese corredor significa riqueza hídrica. Pero para las mafias de drogas o “ganchos” ese borde oriental también se utiliza para ingresar cientos de toneladas de cocaína de los llanos orientales. Así lo han establecido las indagaciones del Distrito.
 
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