La primera parte del debate de control político que se realizó la semana pasada en el Concejo por las denuncias de posibles irregularidades alrededor del convenio que firmó el Fondo de Seguridad y Vigilancia con la ETB, para la modernización de la línea 123, fue lo más cercano a un campo de batalla. Paradójicamente, los que se enfrentaron fueron miembros de la administración, quienes aprovecharon el escenario para hacerse serios señalamientos sobre posibles intereses oscuros detrás del convenio. Hoy es la segunda parte de la discusión.
En este debate hay dos bandos. En una esquina están los directivos del Fondo de Vigilancia, que señalan al alcalde Gustavo Petro de querer obligarlos a seguir adelante con el convenio y a girarle $28.000 millones a la ETB, a pesar de las múltiples alertas de los organismos de control, que hablan de posibles irregularidades, sobrecostos y facturas sin sustento alrededor del convenio.
En la otra están el alcalde Petro, su secretaria general, su secretaria de Gobierno y la ETB, quienes se han defendido resaltando la necesidad de la modernización, con el argumento de que todo se ha hecho cumpliendo la ley, que no existen sobrecostos, como se viene denunciando, y han señalado que los directivos del Fondo son los que han querido armar el escándalo por tener posibles intereses ocultos en el negocio.
Estas posiciones fueron las que se plantearon en la primera parte del debate en el Concejo. Allí se escucharon denuncias como la que hizo el exgerente del Fondo, quien relató que un funcionario de la ETB le hizo una invitación a Cartagena para arreglar en un yate las diferencias. O que en el Fondo no existe un convenio que no genere dudas. O las que hizo la secretaria general Martha Lucía Zamora, quien relató cómo los directivos del Fondo pretendían contratar directamente a Itelca y fueron ellos los que sugirieron el otrosí al convenio, que ahora pretenden hacer ver como ilegal.
La discusión continúa hoy, a partir de las 9:00 de la mañana, y se espera que sea un día de respuestas. Están citados la secretaria de Gobierno, Gloria Inés Flórez; la secretaria general, Martha Lucía Zamora; el secretario de Hacienda, José Alejandro Herrera Lozano, y el exgerente del Fondo de Vigilancia, Fernando Arbeláez. Como invitados estarán el contralor distrital, Diego Ardila Medina; el personero, Ricardo María Cañón Prieto, y la veedora distrital, Adriana Córdoba Alvarado.
Previamente al inicio del debate, el alcalde Gustavo Petro emitió un comunicado de prensa en el que, una vez más, reiteró la necesidad de modernizar la línea de emergencia, asunto que nadie ha puesto en duda. Y agregó que, teniendo en cuenta el debate que ha salido a la luz pública, hay que aclarar que “cuando se habla de un otrosí es porque ya existe un contrato. Si no fuera así, no estarían hablando de eso, y ese contrato se firmó y existe y tiene toda la vigencia”.
También dijo que “para mantener la línea 123 se han firmado dos convenios entre la ETB y el Fondo de Vigilancia, uno que va desde el año 2005 hasta el 2014, y el nuevo, que se firmó el año pasado, con el objetivo de modernizar el sistema. Con respecto al otrosí, que es un cambio, si lo van a criticar, tendrían que ver si el contrato sirve o no sirve. O hay que analizar si lo que quieren es acabar con el contrato, que es algo diferente”, aseguró Petro.
Sesión
El concejal Javier Palacio, del Partido de la U, quien cita al debate, señaló que éste es la oportunidad de preguntar sobre varias inconsistencias que se han descubierto alrededor del convenio para la línea 123, así como de todos los convenios que ha firmado el Distrito con la ETB. “Hemos encontrado cómo se está usando la ETB como trampolín para pasar por encima de la Ley de Contratación y hacer convenios interadministrativos, que le salen más costosos al Distrito, que hacer contratar a través de licitación. Además, cómo a través de esta figura terminan contratando a dedo al que ellos quieren”.
Pone como ejemplo la negociación que se hizo en el convenio pasado para la línea de emergencia, en la que el Distrito le terminó pagando a la ETB casi $1.510 millones y ésta, a su vez, subcontrató a Itelca pagándole $820 millones. “Nos parece exagerado. La ETB cobra un dinero que nadie ha explicado y que, en vez de quedarse en manos del Distrito, está terminando en los bolsillos de algunos privados”, dijo el concejal Palacio.
“La idea de citar a este debate es esperar que el Distrito nos responda una serie de inquietudes que a la fecha no ha querido responder. Por ejemplo, hay una serie de gastos que no se saben de dónde salen. Ellos se han dedicado a evadir el debate y lo lamentable es que vemos cómo en el propio Distrito se están lanzando acusaciones los funcionarios sobre posibles actos de corrupción. Sabemos que sí hay corrupción, pero no sabemos dónde está. Por eso la idea de este debate es descubrir finalmente quién es el bandido. Alguien debe ser responsable por toda esta situación”, concluyó el concejal.