Declaran improcedente tutela de Hollman Morris para desenredar revocatoria de Peñalosa

El fallo judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca también niega la compulsa de copias que pidió el CNE para que Fiscalía y Procuraduría investiguen al concejal progresista.

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Para nadie es un secreto que la revocatoria, al menos en el caso de Bogotá, hace mucho tiempo tomó un tinte político. Los comités, que intentaron desmarcarse de las figuras de la oposición al alcalde Enrique Peñalosa, ya no ocultan sus movimientos para lograr que cambie el inquilino del Palacio Liévano. La última jugada fue de Hollman Morris, concejal de Bogotá (Movimiento Progresistas), quien presentó una tutela para lograr que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no intervenga en el proceso. Este miércoles, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la acción.

El fallo judicial, firmado por los magistrados Cerveleón Padilla Linares, Luis Alberto Álvarez e Israel Soler Pedroza, declara que la tutela no tenía objeto, puesto que días después se superó la motivación de Morris con la determinación del CNE de declararse competente para revisar los procesos revocatorios del mandato de cerca del 10 % de mandatarios electos en los comicios de 2015.

La solicitud del CNE, que pidió una compulsa de copias a la Fiscalía y la Procuraduría para que se inicie una investigación a Morris, también fue rechazada por el Tribunal, que por último da 24 horas a Morris para que interponga algún recurso de impugnación, antes de que el fallo llegue a la Corte Constitucional.

En este tramo del proceso de revocatoria, esta podría no ser la única tutela que se presente para acelerar u obstaculizar la llegada a las urnas, lo que hace recordar la muy similar “tutelatón” que se dio cuando quien estaba en el ojo del huracán era el exalcalde Gustavo Petro.

Mientras los promotores de la revocatoria preparan más tutelas contra el CNE, la mayoría señalando que la autoridad electoral está, según dicen, atentando contra los derechos de quienes firmaron para que se abriera el proceso. Por otra parte, el propio Peñalosa, a través de su equipo jurídico, interpuso una acción en la que pide que se respete su derecho fundamental a elegir y ser elegido. Ese proceso también es estudiado por el Tribunal Superior de Bogotá.

Desde que el CNE decidió reglamentar los procesos de revocatoria en todo el país se ha encontrado con varios escollos. Mientras algunos alcaldes lo ven como una oportunidad para ajustar este mecanismo de participación ciudadana, que pone en jaque la gobernabilidad, los comités lo califican como un atentado contra la democracia e incluso señalan que hay intereses políticos en esta decisión, para afectar el proceso que avanza en la capital del país.