La defensa ambiental del POT

Activistas del país resaltan medidas como la ampliación de espacios verdes, una de las medidas que el Distrito contempla. Hoy el Cabildo decidirá si acepta discutir de nuevo el proyecto en una de sus comisiones.

La gran batalla en la que la administración aún no ha logrado un consenso a favor en el Concejo es su propuesta para modificar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Hoy, la corporación decidirá si acepta que el proyecto, hundido en la Comisión del Plan, tenga otra opción de debate, como lo pidieron los concejales progresistas Diana Rodríguez y Diego García. Entre tanto, un gran sector ambiental del país da su apoyo a la idea de tener más discusión sobre esta estrategia, por sus aportes a la sostenibilidad de la capital.

El sueño de trascender como una de las administraciones más ambientales de los últimos años no es de poca monta para el alcalde Gustavo Petro. Precisamente, su oposición a seguir urbanizando los bordes de la ciudad fue una de las banderas de su campaña y una de las diferencias radicales con contrincantes como el exalcalde Enrique Peñalosa. La forma de concretar esas ideas, con las que la administración se empeña en privilegiar la naturaleza por encima del cemento, es la modificación del POT.

Las críticas al proyecto del Distrito se centraron especialmente en su legalidad y en los efectos perversos que gremios de la ciudad como los constructores ven en él. Pero la discusión sobre las nuevas zonas de protección ambiental y la creación de más espacios verdes son sólo algunos de los puntos que pasaron inadvertidos. ¿Qué es lo que la administración busca con su apuesta ambiental en el POT? ¿Cuáles son esas medidas de protección por las que el alcalde, incluso, habla de expedir su proyecto por decreto si los concejales no acceden a discutirlo en los próximos días?

Una de las decisiones más importantes que el Distrito incluyó en su proyecto de revisión del actual POT es la ampliación de zonas verdes en la ciudad, producto de una concertación con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) el año pasado. Con este acuerdo más de 200 hectáreas resultaron añadidas al área ecológica del humedal Torca Guaymaral.

Así, el humedal pasará de tener 80 a 168 hectáreas (ver gráfico) y será suelo protegido, lo que en pocas palabras quiere decir que si usted pensaba construir en ese sector o consolidar una industria, ya no podrá hacerlo.

Para Andrés Ramírez, director de Ambiente y Ruralidad de la Secretaría de Planeación, temas como el aumento en el área del humedal son fundamentales para adaptarse al cambio climático, “en una ciudad que a largo plazo será mucho más seca y en la que las lluvias se reducirán un 11,6% entre 2020 y 2040”.

La defensa de los espacios de la naturaleza se relaciona también con la protección de la vida de los bogotanos. Luego de que en 2011 más de 800 familias que habitaban en la localidad de Engativá se vieran afectadas por el desbordamiento del río Bogotá, la modificación del POT pretende prohibir nuevos asentamientos en las zonas de amenaza media y reubicar a la población que habita en zonas de amenaza alta, explica Ramírez. Así, localidades como Engativá y Fontibón (junto a la ronda del río) ganarán áreas libres que serán utilizadas para contraer futuras inundaciones.

El director de Ambiente y Ruralidad de la Secretaría de Planeación añade que “el POT vigente reduce el área del río Bogotá, ganando área para urbanizar. Mientras que con el nuevo POT el río recuperaría su área hacia al occidente de la sabana”. Esto haría que ante una nueva ola invernal no se necesitara construir jarillones cada vez más altos, sino dejarle un área natural al cuerpo de agua para la inundación natural.

Otros de los cambios fuertes que contempla la administración son evitar la ampliación del Relleno Sanitario Doña Juana, ponerle freno a la construcción en los Cerros Orientales, reconocer la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del río Bogotá (olvidada desde hace décadas) y prohibir nuevas explotaciones mineras.

Estos son sólo algunos de los puntos que llevaron a activistas como Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, a pedirle al Concejo que profundice la discusión sobre el proyecto de la administración Petro, ya que directrices como la prohibición de la minería no sólo prevén la adaptación al cambio climático, sino que “retoman reivindicaciones históricas de sectores sociales y ambientales”.

Para concejales como Miguel Uribe, quien presentó la ponencia para hundir el proyecto en la Comisión del Plan, los argumentos del Distrito acerca del cambio climático han sido más una forma de sacarle provecho a esa bandera que una solución real para los futuros problemas en la materia.

Sin embargo, la exsecretaria de Ambiente Margarita Flórez, quien lidera la Fundación Ambiente y Sociedad, asegura que la ciudad debe empezar a revisar las variables ambientales, y más en una herramienta como el POT, que es la que decide cómo se debe usar el suelo.

Aunque entes de control como la Veeduría Distrital reclaman que el alcalde retire su proyecto y el Concejo se resiste a revivir la discusión, el alcalde se empeña en seguir adelante con su carta ambiental, que sería expedida el 2 de agosto tal y como la ha propuesto, ante la negativa del cabildo a debatir.