Defensa de Petro, en segunda etapa

Lo que se viene es una oleada de recusaciones e impedimentos. Defensores del alcalde cuestionan imparcialidad de los jueces.

Gustavo Petro ya se había defendido ante el Consejo de Estado: en 2012 se había demandado allí su investidura. Petro ganó. / Gabriel Aponte

“El procurador no influye sobre todo el mundo en el Consejo de Estado, pero sí sobre la mayoría”. Ese es el pensamiento que ronda entre los asesores y defensores del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y que alimenta su temor de que éste podría perder más temprano que tarde la batalla legal que ha emprendido para permanecer en el Palacio Liévano y terminar su mandato. Pero si algo han dejado en claro los petristas desde que la destitución fue anunciada es que no piensan quedarse cruzados de brazos. Y ahora que las tutelas interpuestas en favor de Petro se encuentran a punto de ser revisadas en segunda instancia, las jugadas legales en este ajedrez continúan.

Frente a Petro se sitúan dos escenarios: uno en el Consejo de Estado, que está por recibir 36 tutelas en total del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y otro en el Consejo Superior de la Judicatura, ante el cual se interpusieron 353 tutelas. En ambos casos los recursos, producto de la “tutelatón”, se presentaron en busca de proteger los derechos políticos del alcalde y de sus electores. El escenario del Consejo de Estado es el que más inquieta a los defensores de Petro, pues creen que es la “casa” del procurador Alejandro Ordóñez: fue consejero de Estado entre 2000 y 2007, y fue este tribunal el que lo incluyó en 2008 en la terna para la Procuraduría.

Pero esa corporación tiene, además, la responsabilidad de investigar al procurador. Un dato esencial para entender la movida que se hizo en la última semana: uno de los ciudadanos que interpuso tutela en favor de Petro, de nombre Juan Guillermo Marín, presentó una queja disciplinaria contra Ordóñez ante la Corte Suprema. Ésta, a su vez, remitió la queja a la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso, señalándole que estaba “dirigida a su despacho”. El Espectador pudo confirmar que con base en esa queja —y otras que se presentarían en los próximos días—, la defensa de Petro recusará a los 27 integrantes que conforman el Consejo de Estado.

El argumento para hacerlo es que los consejeros no podrían conocer las tutelas que cuestionan las acciones de Ordóñez y, al tiempo, investigar si en ese mismo caso él cometió alguna falta disciplinaria, porque prejuzgarían. Lo que los defensores de Petro buscan a toda costa es ganar tiempo para que las votaciones programadas para el 2 de marzo, en las cuales se confirmaría o revocaría el mandato de Petro, se lleven a cabo. Dudan de la imparcialidad del Consejo de Estado, sobre todo después de que la semana pasada se negaran los impedimentos esgrimidos por ocho de sus integrantes —siete de ellos alegaron nexos con la Procuraduría—. Y temen que hoy, con Sala Plena de por medio, se tome una decisión contra el alcalde.

Los defensores del alcalde tienen la idea de que el consejero Alfonso Vargas, quien trabajó por siete años como magistrado auxiliar de Ordóñez, promovió de alguna manera que se negaran los impedimentos. Vargas no se declaró impedido. Ayer, precisamente, otro ciudadano que presentó tutela en favor de Petro puso en duda la objetividad de Vargas por su “amistad estrecha” con Ordóñez y lo recusó. Un punto más que estará en la agenda del día de la Sala Plena del Consejo de Estado. Lo mismo pensaban los petristas de Pedro Alonso Sanabria, lo cual se reforzó con la emisión de Noticias Uno del pasado domingo, medio que divulgó los nexos de este magistrado con Ordóñez. Ayer en la tarde, Sanabria se declaró impedido.

Sanabria forma parte de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, tribunal que estudiará el fallo de primera instancia en que se acumularon 353 tutelas interpuestas en favor de Petro. En esa sentencia, emitida el pasado 23 de enero, se suspendieron transitoriamente los efectos de la sanción de la Procuraduría contra Petro, igual como ha ocurrido con algunas de las 36 tutelas que se estudiarán en el Consejo de Estado. Como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no unificó las tutelas, al Consejo no han llegado aún todos los recursos que tendrá que estudiar, lo que indicaría que no es tan probable que hoy este tribunal tome una decisión de fondo en el caso Petro.

Fuentes del Consejo Superior de la Judicatura le aseguraron a este diario que no han recibido llamadas o presiones de algún tipo por parte “del procurador, ni del alcalde, ni del presidente”. Por la relevancia, urgencia y delicadeza del asunto, la presidenta de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, María Mercedes López, hizo una particular sesión de reparto el pasado viernes 7 de febrero, tras conocer que había llegado el fallo en primera instancia de las tutelas en favor de Petro. A las 4:00 p.m., con presencia de un delegado de cada magistrado —excepto Julia Emma Garzón, quien asistió personalmente, y de Néstor Osuna, recién nombrado— y un representante del Ministerio Público, se hizo el reparto manual del proceso.

El miércoles se reunirá la Sala Disciplinaria. Ese día se conocerá si el impedimento de Sanabria fue aceptado.