Defensoría pide frenar las 'batidas'

Aunque la norma es clara, el Ejército tiene su propia interpretación. Jóvenes pobres son la mayoría en las filas de las Fuerzas Militares.

La libreta militar es un requisito de ley para formalizar la vinculación laboral con cualquier empresa.  / Archivo
La libreta militar es un requisito de ley para formalizar la vinculación laboral con cualquier empresa. / Archivo

El debate sobre las detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento por parte del Ejército, conocidas como ‘batidas’ ilegales, parece haber llegado a un punto irreversible en busca de reformas estructurales que modifiquen el procedimiento para definir la situación militar obligatoria para los hombres mayores de 18 años y su implementación.

A pesar de que el fenómeno no es nuevo y las autoridades de reclutamiento defienden su legalidad, organizaciones sociales, concejales de Bogotá de cinco bancadas políticas, parlamentarios y hasta el alcalde de la capital, Gustavo Petro, han retomado las numerosas denuncias que recientemente se han conocido, para señalar sin titubeos que los derechos de los jóvenes más pobres se siguen vulnerando por cuenta de las continuas detenciones arbitrarias por parte del Ejército con fines de reclutamiento que se realizan en estos procedimientos.

A pesar de ser de diferentes partidos, las voces de los concejales de Bogotá Antonio Sanguino, Roberto Sáenz, Clara Lucía Sandoval, Alejandra Rodríguez, Diego García, Carlos Vicente de Roux, Marco Fidel Ramírez, Álvaro José Argote, Venus Albeiro Silva, entre otros, se unieron como pocas veces para retomar las denuncias sobre detenciones arbitrarias en ‘batidas’ militares y para recordar la jurisprudencia que sentó la Corte Constitucional, en especial la Sentencia C-879 de 2011, que señala que no se puede retener ni conducir a ningún ciudadano a distritos militares para verificar su situación militar. El propio alcalde Gustavo Petro reiteró esta semana que estos operativos tipifican “secuestro simple agravado” y fue más allá al decir que la “directriz” que les ha dado a los funcionarios de la Secretaría de Gobierno es que la Policía “debe detener a quien esté cometiendo este delito de reclutamiento ilegal”.

Pero, ¿por qué a pesar de esta jurisprudencia las autoridades militares siguen conduciendo en camiones a jóvenes que aún no son remisos? En primer lugar, porque los muchachos son en su gran mayoría personas pobres o sin conocimiento de las leyes. Entre 2012 y lo corrido del año se denunció oficialmente en Personería y Defensoría del Pueblo la retención arbitraria por ‘batidas’ militares de 349 jóvenes, todos en localidades de estratos 1 y 2. Usme encabezó la lista, seguida por Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Ciudad Bolívar y Puente Aranda.

Esta realidad, que vulnera en su mayoría a los más pobres, la corroboró la Dirección Nacional de Reclutamiento del Ejército que, en respuesta a un derecho de petición, señaló que de los 466.377 soldados reclutados entre enero de 2008 y diciembre de 2012, el 81% pertenecía a los estratos 1 y 2 o serían personas en condiciones de pobreza extrema. Por su parte, los soldados de estratos 4, 5 y 6 no sumaban siquiera el 1% de esa cifra de reclutamiento.

Otro de los problemas en la práctica, como ya lo planteó El Espectador, tiene que ver con la interpretación del tema que hace el Ejército. “De acuerdo con la Corte Constitucional, la autoridad puede conducir a un joven al distrito militar más cercano para verificar si está inscrito (en el proceso para definir su situación militar). Si no lo está, se inscribe y se suelta inmediatamente. Aquella persona que ya haya sido inscrita y resulte apta puede ser conducida a Arauca o a donde lo decida y necesite el Ejército”, dijo el director de Reclutamiento del Ejército, coronel Pedro Prieto, en diálogo con este diario.

De igual forma, el oficial recordó que no tienen sistemas para inscribir en las calles y que por eso son conducidos a los distritos militares. El coronel Prieto aseguró conocer la Sentencia C-879 (aunque en el marco legal de la página web www.reclutamiento.mil.co no hay una mención de la misma), pero se limitó a decir que aquí se declaró exequible el término compeler. Esa es la misma posición que sostuvo el martes, durante el debate en el Concejo de Bogotá, el coronel Néstor Leonardo Díaz, director de operaciones del Batallón de Reclutamiento de Bogotá.

Los dos aseguran que la Corte Constitucional declaró exequible “compeler a los jóvenes remisos”, pero no explican que el fallo fue claro en decir que “la única comprensión de ‘compeler’ (obligar a alguien, por fuerza o autoridad, a que haga lo que no quiere) es que quien no haya cumplido la obligación de inscribirse para definir su situación militar, sólo puede ser retenido de manera momentánea mientras se verifica tal situación y se inscribe, proceso que no requiere ningún formalismo y que se agota precisamente con la inscripción. Por lo tanto, no puede implicar la conducción del ciudadano a cuarteles o distritos militares y su retención por autoridades militares por largos períodos, con el propósito no sólo de obligarlo a inscribirse, sino de someterlo a exámenes y, si resulta apto, finalmente incorporarlo a filas”.

Aunque el Ejército dice que está en su derecho (Ley 48 de 1993) y obligación de adelantar la incorporación de los declarados remisos (quienes a pesar de estar inscritos no acuden a la citación para ser incorporados a las filas del Ejército, un proceso que puede tardar en definirse un año), es importante aclarar que a la luz del concepto de la sentencia de la Corte esa incorporación no podría ser inmediata como ocurre actualmente, sino que debe cumplir con unos trámites y tiempos legales.

La misma claridad que ya había hecho la Corte Constitucional, cuando prohibió las llamadas ‘batidas’ ilegales, en su Sentencia 879 de 2011, y que esta semana también ratificó la Defensoría del Pueblo al decir, en su más reciente reporte que: “Nota con preocupación que las autoridades militares insisten en que la declaratoria de exequibilidad de esta norma les faculta a detener a los ciudadanos arbitrariamente con fines de reclutamiento, desconociendo el alcance de la decisión de la Corte Constitucional. Así, en las compilaciones conducen ciudadanos a cuarteles o distritos militares por largos períodos con el propósito no sólo de obligarlos a inscribirse, sino de someterlos a exámenes y si resultan aptos incorporarlos inmediatamente a las filas vulnerando derechos fundamentales como la libertad de circulación, la libertad personal y el debido proceso”. Por eso la Defensoría del Pueblo pidió al Ejército que se abstenga de hacer esos procedimientos
Sin embargo, un paso importante en el respeto de estos derechos vulnerados dio ayer el jefe de Reclutamiento del Ejército Nacional, el coronel Mauricio Martínez, en entrevista con este diario: reconoció que es un procedimiento irregular conducir a jóvenes en camiones, que no han iniciado su proceso de inscripción o no son remisos, a distritos militares para verificar su situación militar con fines de reclutamiento (vea la entrevista completa en la página web).

Por lo pronto, el informe de la Defensoría del Pueblo, que conoció El Espectador, titulado: “Servicio militar obligatorio en Colombia: incorporación, reclutamiento y objeción de conciencia” identificó nuevas irregularidades, como que “se llevan a cabo incorporaciones de padres de familia y jóvenes que conviven en unión permanente, hijos únicos e hijos de padres incapacitados para trabajar, todos casos que prohíbe la ley”. La entidad señala que ha tenido que “solicitar a las autoridades militares el desacuartelamiento de jóvenes que están en estas circunstancias e igual son reclutados”.

A esto se suman otras irregularidades relacionadas con los procedimientos y la violación a la objeción de conciencia de los jóvenes frente a la prestación del servicio militar obligatorio. En el documento, la Defensoría pide concretamente al Ejército que reconozca el derecho a objetar conciencia frente al servicio militar y resolver de fondo las solicitudes que se instauren.

En una coyuntura de proceso de paz, donde el presidente Juan Manuel Santos aseguró en campaña que acabaría con el servicio militar obligatorio si se llega a firmar un acuerdo de paz con las Farc, parece que hay reformas sobre el tema que no dan más espera. En el Concejo de Bogotá, por ejemplo, se escuchó al concejal Álvaro Argote diciendo que buscará la recolección de firmas para presentar una iniciativa en el Congreso de la República, para que éste sea voluntario. El 26 de septiembre, esta vez en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, será el parlamentario Alirio Uribe quien insistirá en lo mismo durante un debate de control político al Ministerio de Defensa, que convocó para reiterar estas denuncias.

Algo parece agitarse luego de décadas en que el debate sobre las llamadas ‘batidas’ militares no levantaba cuestionamientos. Por lo pronto, es al menos curioso que a finales de agosto, luego de las denuncias hechas por este diario, fuera relevado de su cargo como jefe de Reclutamiento del Ejército Nacional el general Félix Iván Muñoz. Entregó su mando al coronel Mauricio Martínez Ricardo y en el comunicado quedó claro “que se busca continuar con el mejoramiento de los procesos para la definición de la situación militar de los hombres colombianos”.

Es el mismo Martínez quien reconoce que las cuotas de reclutamiento aumentaron este año. Los números son dicientes: la meta de incorporación para el Ejército en 2014 es de 80.240 hombres. De esos, 23.240 son soldados bachilleres, 50.000 son soldados regulares y 7.000 son soldados campesinos. A la fecha faltarían por incorporar entre soldados bachilleres y regulares alrededor de unos 28.000, según Martínez. Una meta alta si se tiene en cuenta que los jóvenes humildes, que no tienen dinero para comprar la libreta militar, no encuentran en los $94.000 que el Ejército da mensualmente un incentivo para presentarse voluntariamente a presentar el servicio militar obligatorio en regiones alejadas de sus hogares.

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Promesas incumplidas de la Jefatura de Reclutamiento

Ante las dificultades por las que han tenido que pasar miles de jóvenes que no han logrado resolver su situación militar, la Jefatura de Reclutamiento del Ejército creó una página web (www.libretamilitar.mil.co), que en teoría agilizaría los pasos para acceder a la libreta militar. A través de una atención en línea, los jóvenes podrían adelantar los trámites para obtener la libreta (ahorrándose otros procesos, como la visita al Distrito Militar y evitando las batidas). Sin embargo, desde comienzos de este mes la página está caída y, como le dijeron voceros de la Jefatura de Reclutamiento a este diario, “los procesos que se estaban adelantando de manera virtual tendrán que hacerse directamente en el Distrito Militar”. Admitieron, además, que los trámites podrían tardar un poco más: “La página está en mantenimiento y no se ha dado una fecha oficial de reapertura. Quedan abiertas líneas telefónicas y las redes sociales. Se les recomienda a los ciudadanos acercarse al Distrito Militar”.

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Buscarán eliminar servicio militar

Luego del debate sobre las batidas que se realizó este martes en el Concejo, el concejal Álvaro Argote dijo que promoverá la recolección de firmas para presentar una iniciativa popular ante el Congreso con el fin de eliminar el servicio militar obligatorio y crear un servicio social como alternativa.

Argote también pidió que la administración consolide la estrategia que venía implementando la Secretaría de Gobierno para hacer una mesa de supervisión del cumplimiento de los requisitos previstos para el reclutamiento militar. El concejal Diego García, por su parte, pidió promover una reforma para que la tarjeta militar no se les exija a los varones colombianos como requisito para formalizar la vinculación laboral en cualquier empresa.

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2014-09-18T06:50:56-05:00

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Natalia Herrera Durán

Bogotá

Defensoría pide frenar las 'batidas'

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