La demanda que puede apretar a Corabastos

El presupuesto para modernizar la central de abastos podría afectarse por el pleito jurídico que enfrenta con unas empresas que le reclaman $248.300 millones, la mitad de su patrimonio. Los directivos están confiados en que ganarán el pleito

El Espectador

Al mirar Corabastos desde arriba, una mancha verde dibuja una isla en medio de los complejos de bodegas de techos rojos, de las carreteras grises y de las filas negras de camiones que a diario llegan allí. La isla es un pequeño bosque que algunos llaman “el pulmón” de esa ciudadela. Y es, también, el centro de un pleito por el que, desde mayo pasado, le reclaman a la central mayorista más grande del país $248.387 millones, un platal que equivale a la mitad de su patrimonio.

A pesar de que el lío viene desde 2007, apenas hace cuatro meses se conoció que la pretensión de los demandantes es tan onerosa. La cifra resonó aún más el martes pasado en un debate en el Concejo de Bogotá, donde se discutió sobre la situación financiera de la central de abastos. Aunque es una sociedad cuyos dueños mayoritarios son privados (tienen el 52 % de las acciones), el patrimonio público allí comprometido es amplio: también son accionistas la Gobernación de Cundinamarca (24 %), el Ministerio de Agricultura (20 %) y la Alcaldía de Bogotá (4 %). Por cuenta del litigio, “Corabastos enfrenta una situación complicada”, advirtió en el Concejo Freddy Castro, secretario de Desarrollo Económico de Bogotá.

El problema nació durante la gerencia de José Gonzalo Romero, que en noviembre de 2007 firmó un contrato con la unión temporal Corapark, conformada por las firmas Visicol y Formalum Ingeniería, por medio del cual se le entregaba en arrendamiento la zona de árboles con un parqueadero aledaño, para que construyera un edificio de 950 parqueaderos, 112 locales comerciales y áreas recreativas. Las obras, sin embargo, nunca empezaron, porque no estaba en firme la licencia que permitía adelantar los trabajos. La Contraloría, además de cuestionar esa falta de planeación, criticó la inexistencia de un estudio financiero que demostrara la rentabilidad del negocio. Consideró que las irregularidades rayaron en lo penal.

El actual gerente de Corabastos, Mauricio Parra, que asumió en marzo de 2012, denunció en 2013 este y otros contratos con presuntas irregularidades ante los entes de control y ante la Fiscalía, donde actualmente se mantiene la investigación.

A pesar de que la Contraloría determinó que las fallas podrían “acarrear problemas económicos” para Corabastos, otra cosa piensa Nelson Ramírez, asesor jurídico de la central mayorista. En diálogo con este diario, aseguró que los efectos de un resultado adverso no serían sobre la operación de la central, que mueve una cuarta parte de los alimentos del país. El golpe se sentiría en el presupuesto que piensan invertir en un futuro para modernizar la ciudadela. Se trata de un plan urbanístico que permitiría mejorar el estado de pisos y bodegas para cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales y, por otra parte, explotar nuevos espacios comerciales. Todo esto pretenden echarlo a andar con el dinero que consigan por la venta de acciones que tienen en reserva (es decir, que aún no tienen dueño), que pueden valer casi $221.000 millones. Eso y la renta de los nuevos negocios les permitiría, según Ramírez, captar una cantidad de recursos que les daría la posibilidad de “pagar la demanda y seguir invirtiendo”.

La demanda en la que Corapark reclama la multimillonaria suma fue presentada ante un tribunal de arbitramento. Pide que se declare la validez del contrato y su terminación por incumplimiento de Corabastos, pues no permitió la explotación del predio. De ahí que cobre no sólo por lucro cesante, sino una indemnización por la terminación anticipada del contrato.

El asesor jurídico, no obstante, se muestra confiado en ganar el pleito. Para ello, al gerente le autorizaron adquirir un crédito por $6.000 millones para pagar abogados. El concejal del Polo Manuel Sarmiento, que citó el debate en el Concejo, cuestionó que la firma elegida hubiese sido justo Vargas Abogados, de Enrique Vargas Lleras, hermano del vicepresidente Germán Vargas Lleras, y pidió que aclararan el proceso de selección. Ramírez respondió que era la firma idónea y el secretario de Desarrollo Económico añadió que para un caso como este no puede ser cualquiera. Corabastos contestará la demanda ante el tribunal en noviembre, antes de lo cual espera que la denuncia penal se resuelva a su favor.