Denuncian que funcionaria distrital pagó $30 millones para que tumbaran contrato

Natalia de la Vega, gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad.

Este lunes el concejal Javier Palacio hizo una grave denuncia del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá. Según el cabildante, la gerente de la entidad, Natalia de la Vega, “tiró a la basura 30 millones de pesos de los recursos del Distrito contratando unos abogados para que tumbaran un contrato que hoy el alcalde aprueba, con la entrega de las motos”.

El contrato del que habla el concejal Palacio es el de 100 motos eléctricas. Este fin de semana el burgomaestre capitalino entregó las motos a la policía compradas por un valor cercano a los 4.500 millones de pesos.

“Olvida el alcalde que su pomposa entrega está precedida por un retraso de 9 meses que él mismo hizo el 6 de agosto del año pasado cuando anunció que en septiembre del mismo año llegarían 100 motos eléctricas a la ciudad. También olvida el señor alcalde que un informe de la Contraloría alertó sobre hallazgos administrativos, fiscales y penales en una auditoría realizada a este contrato firmado en su administración”, indicó Palacio.

El concejal del partido de La U solicitó a la Contraloría, Personería y Procuraduría que den celeridad a las investigaciones que se adelantan, pues según él, recibir esas motos por parte de la administración para su posterior entrega a la policía es avalar el contrato firmado para su compra, que tuvo presuntos sobrecostos y además violó la ley 80, porque se realizó de manera directa y con una firma que según la Contraloría no llenaba los requisitos para realizar contratos por cuantías superiores a 1.500 millones de pesos y este contrato fue de 4.300 millones.

Agregó que esas motocicletas llegarán a Bogotá hasta este año y estuvieron archivadas en una bodega durante casi tres meses. “Solicito a los entes de control que también revisen si estos retrasos en la entrega generaron algún sobrecosto o detrimento patrimonial a la ciudad”.

En este sentido, puntualizó en que la gerente del Fondo de Vigilancia, Natalia de la Vega, contrató una firma de abogados para que buscaran la manera de tumbar jurídicamente ese contrato, labor por la que se pagó cerca de 30 millones de pesos y que tal parece no tuvo ningún resultado porque hoy las motos se entregaron a la policía.

“Tal parece que en el Fondo de Vigilancia no solo dejan perder el presupuesto por no ejecutarlo sino que cuando lo hacen es para tirarlo a la basura. Solicito a los organismos de control que investiguen si se cometió alguna irregularidad al gastar recursos públicos en abogados para que por decisiones contradictorias y en doble vía de la Gerente del FVS no entregaran ningún resultado”, concluyó Palacio.