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Tres meses después de la intervención que realizaron las autoridades al sector del Bronx, en el centro de Bogotá, el Concejo Distrital decidió este martes abordar la problemática de la dispersión de habitantes de la calle por diferentes sectores de la ciudad. Precisamente, en desarrollo del debate de control político, la Personería Distrital denunció que cuenta con información sobre una supuesta campaña de ‘limpieza social’ para atentar contra esta población.
De acuerdo con la personera Carmen Castañeda, las autoridades han tenido que extremar las medidas e inspeccionar uno a uno los alimentos que ciudadanos les brindan a los habitantes de calle, teniendo en cuenta que hay información de que les suministran sustancias para quitarles la vida.
“A los habitantes de calle se les quiere hacer una limpieza social. Muchos ciudadanos, de manera bondadosa suministran alimentos a estas personas. Sin embargo, esos alimentos se están requisando porque tenemos entendido que ahí se pueden introducir venenos y drogas para acabar con la vida de los habitantes de calle", sostuvo la funcionaria.
En desarrollo del debate, Castañeda denunció además que tras la instalación de una mesa de diálogo –que contó con el apoyo de otras entidades del orden distrital– se identificó que de los cinco habitantes de la calle que representaron a esta población, dos eran ‘Sayayines’ que hicieron pasar por ellos para lograr hacerse nuevamente al control de zonas recuperadas por las autoridades por vía de programas y alternativas de atención.
Previamente, la Personería de Bogotá, entidad encargada de la defensa y protección de los derechos humanos, encendió las alarmas por la intolerancia contra habitantes de calle. En particular, el organismo se refirió a la aparición de panfletos en los que se les prohíbe a los habitantes de calle la presencia en ciertas zonas y parques de la capital, alertando que la solución para atender a esta población –a quienes vecinos señalan de favorecer la delincuencia y promover el consumo de estupefacientes– no puede ser tomar la justicia por mano propia.
“Hago un llamado a la tolerancia. Los habitantes de calle son tan ciudadanos como nosotros y tienen derechos que merecen ser respetados. No podemos permitir que, por ejemplo, en las marchas que se están haciendo digan que los quieren sacar de la ciudad. No podemos permitir colonias agrícolas, campamentos humanitarios o sitios similares”, agregó Castañeda. (Lea: Personería de Bogotá enciende alarmas por intolerancia contra habitantes de calle)
Reconociendo la intervención emprendida por la Administración Distrital en el sector del Bronx y desvirtuando cualquier tipo de improvisación en los operativos –como se ha denunciado desde el mismo Concejo– la personera de Bogotá le ‘jaló las orejas’ a la Secretaría de Integración Social instándola a hacer “más atractivas” las ofertas de atención para los habitantes de calle.
Luego de la intervención del 28 de mayo, que acabó con esas cuadras del crimen en el centro de Bogotá, esta población no sólo se ha concentrado en sectores cercanos, sino que, a punta de disturbios, robos y amenazas, sobre todo a los comerciantes de la zona, ha generado un clima de zozobra que lleva a pensar en soluciones para controlarlos sin vulnerar sus derechos.
El Distrito ha sido claro: la Corte Constitucional, en un fallo de 2015 que sentó jurisprudencia sobre la forma como el Estado debe atender a esta población, impidió, por ejemplo, que a los habitantes de calle los sancionen por el hecho de deambular y dormir en las aceras, o que los fuercen a recibir tratamientos de rehabilitación. La sentencia T-043, sin embargo, considera que las instituciones deben garantizar sus derechos y su atención cuando, voluntariamente, la requieran. Es lo que ha reiterado la administración Peñalosa: quienes lo deseen pueden acercarse al personal de la Secretaría de Integración Social que recorre las calles y vincularse a sus programas, que van desde la atención transitoria en albergues hasta el tratamiento contra su dependencia a las drogas.
Pero el desespero de los comerciantes del centro, sobre todo en La Estanzuela, difícilmente les permite entender esas razones. Sobre todo porque su problema no radica tanto en el merodeo de los habitantes de calle, sino en la inseguridad y los desmanes que éstos protagonizan, que pueden entenderse, en buena medida, gracias a la relación que mantienen con la criminalidad, heredada del Bronx. Extraoficialmente se ha dicho que los temidos sayayines (los criminales del Bronx) siguen suministrando droga a estas personas para que se rebelen contra la autoridad.
La Alcaldía ha manifestado su intención de pedirle a la Corte que revise el fallo, con el fin de que le brinde herramientas que le permitan tener más margen de maniobra. Daniel Mejía, subsecretario de Seguridad, precisó que el objetivo es que, en algunos casos en los que sea evidente la carencia de la capacidad de razonar y de actuar bajo su voluntad, puedan declararlos interdictos a partir del concepto de un comité médico, para tener la capacidad de someterlos a un tratamiento.
En eso lo apoya el defensor del Pueblo en Bogotá, William Suárez, que agrega: “No es posible que por respetar su libre desarrollo de la personalidad se les permita, de paso, vulnerar su propia dignidad humana y la de los demás sin que las autoridades puedan hacer algo. Estamos analizando cómo pedirle a la Corte que modere ese fallo y les dé herramientas a las autoridades. Eso sí, todo a la luz de los derechos humanos”.