Denuncian que zonas en recuperación por invierno se convirtieron en basureros

Las autoridades están tras la pista de los responsables de arrojar escombros y desechos en esos lugares.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) advirtió que las obras de reforzamiento, reconformación de estructuras de contención y control de inundaciones no pueden convertirse en una excusa para la disposición indebida de escombros y nuevas ocupaciones de zonas de ronda de los ríos, quebradas y humedales de la región.

La CAR, junto con la Fiscalía y la Fuerza Pública, vienen desarrollando operativos conjuntos para el control de la movilización e indebida disposición de escombros, “práctica que hoy ya se configuró en delito penal y que está a punto de producir los primeros resultados, pues ya se tienen identificados a algunos de los posibles responsables de estas redes de recolección, transporte y disposición ilegal de escombros”.

Dado que en Bogotá solo existe hasta la fecha un lugar definido para el acopio y manejo de los escombros de la capital, se han configurado redes de transportadores informales e ilegales que se encargan de recolectar, movilizar y disponer estos materiales llevándolos a municipios vecinos tales como Soacha, Mosquera, Funza, Madrid, La Calera, Cota y zonas rurales de la capital en Suba y Guaymaral, principalmente, en operaciones clandestinas que mueven negocios altamente lucrativos, pues cada descargue de una volqueta o de un vehículo oscila entre $ 50.000, y $80.000 aproximadamente, según lo establecido por la Policía Nacional.

Las lecciones que dejó la primera temporada de lluvias en el País han permitido establecer a la autoridad ambiental que existe la práctica indebida de disponer escombros para nivelar terrenos que en algunas ocasiones hacen parte de las zonas inundables de ríos y quebradas, o que conforman la zona de amortiguación de algunos humedales, con la excusa de que estarían protegiéndose de posibles inundaciones por el aumento de niveles en las fuentes hídricas cercanas a sus predios y viviendas, derivado de las lluvias que se vienen registrando en el país”, señaló la CAR.

Desde 2007 la CAR informó a los alcaldes de entonces sobre los riesgos derivados del mal manejo de los escombros. “A la llegada de los actuales mandatarios la Corporación hizo lo propio mediante directrices y conceptos jurídicos, subrayando las responsabilidades ambientales, disciplinarias y penales que conlleva el desconocimiento de la normativa en esta materia”.

En este contexto, “en reiteradas comunicaciones la CAR exhortó a los alcaldes a identificar y establecer zonas autorizadas para la correcta disposición de estos desechos, así como de no otorgar permisos para el relleno o nivelación de terrenos con este material, toda vez que esta actividad no tiene fundamento legal alguno”, dice el comunicado de la CAR.

Por su parte, el director general de la CAR, Edgar Alfonso Bejarano Méndez, advirtió que la indebida disposición de los escombros para rellenar zonas de humedales y rondas de ríos, nivelar terrenos o construir muros de contención, modifica o altera la morfología de la zona, fragmenta la biodiversidad (organismos y hábitats), e incide negativamente sobre otros recursos naturales, como el suelo, el agua (superficial y subterránea), el paisaje, la flora y la fauna silvestres.

“A ello se suma el hecho de que buena parte de este material está revuelto con basura y químicos, o material duro que no permite la compactación del suelo, ni su debido drenaje, y que al cabo de un tiempo se debilita, agrieta y cede, haciendo que lo que en su momento se construyó como obra de protección, termine colapsando rápidamente ante las lluvias o la fuerza de las aguas, en algunas oportunidades, después de varios años”, explicó Bejarano.