Las investigaciones y acciones judiciales de la Fiscalía contra el tráfico local de estupefacientes y las denuncias presentadas por la ciudadanía, lograron desarticular después de dos años de búsqueda una red delincuencial denominada 'Clan de los Suancha', encargada de reclutar personas para extender sus líneas de distribución en la localidad Rafael Uribe Uribe.
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Durante el operativo se capturaron a nueve personas en los barrios Molinos, Marruecos, Bochica y San Agustín, en el sur de Bogotá y en Medellín (Antioquia).
La banda conformada en su mayoría por personas de una misma familia, entrenaba a consumidores de droga entre jóvenes, adultos mayores, habitantes de calle y desempleados, para enseñarles los diferentes métodos de camuflaje de las sustancias, las zonas de venta, la identificación de posibles clientes y la cantidad exacta de debían portar para no levantar sospechas de las autoridades. Luego de tener un grado de eficacia en estos aspectos, invadían parques, zonas comerciales, residenciales y educativas de la localidad para realizar la venta.
Los videos recolectados por agentes encubiertos registraron que la comercialización de los estupefacientes la realizaban en lugares de alta concurrencia y que los jefes de las líneas de distribución entregaban las dosis a los expendedores en las horas del día y en compañía de menores de edad entre los dos y nueve años.
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Los jíbaros no permanecían en un mismo lugar por mucho tiempo con el fin de evadir los operativos de las autoridades. Tomaban casas en arriendo por un mes las convertían temporalmente en centros de acopio de las sustancias y luego se trasladaban a otro inmueble.
Además los investigadores constataron que los cabecillas de la organización compensaban los servicios de las personas en entrenamiento con cinco papeletas de bazuco diarios y nunca hacían pagos con dinero.
A los nueve capturados se les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El juez de control de garantías dispuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los detenidos, entre los que están los presuntos cabecillas, dos hermananos y su primo, una mujer y un venezolano, quienes se encargaban de abastecer las redes de jíbaros en las líneas de distribución.
Por otro lado, la Fiscalía constató que la mayoría de ellos tenía antecedentes y aunque habían sido capturados o judicializados eran puestos en libertad al argumentar que la dosis que llevaban camuflada era para consumo personal y no sería comercializada.
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