Tras las violentas protestas que se presentaron entre el 9 y el 11 de septiembre en Bogotá, a raíz del asesinato de Javier Ordóñez, que dejaron 13 personas muertas (10 en Bogotá y tres en Soacha), este mes se iniciaron las audiencias contra cuatro policías quienes, presuntamente, serían los responsables de cuatro homicidios, en diferentes puntos de la capital del país. A raíz de esto, 15 concejales de Bogotá solicitaron que dichos procesos judiciales se realicen con celeridad.
La carta, que tiene como título “¡El 9-S no puede quedar impune!” va firmada por Diego Laserna, Diego Cancino, Julián Rodríguez, Andrea Padilla, María Fernanda Rojas, Luis Carlos Leal, Martín Rivera, concejales de Alianza Verde; las concejales de Colombia Humana – UP, Heidy Sánchez, Susana Muhamad y Ana Teresa Bernal; por Celio Nieves y Carlos Carrillo, del Polo Democrático, y por Manuel Sarmiento (Dignidad), Marisol Gómez (Bogotá para la Gente) y María Victoria Vargas (Partido Liberal).
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En el oficio los cabildantes aseguran que sienten preocupación, porque una de las audiencias de imputación de cargos fue aplazada, por lo que piden que no haya dilaciones en los procesos. “De la manera más respetuosa solicitamos a la Rama Judicial Colombiana que no permita dilaciones en estos procesos judiciales, que seguramente permitirán conocer la verdad de lo ocurrido en Bogotá en septiembre del año pasado”, dice la carta.
Adicionalmente los concejales piden que “los casos identificados no pasen a la Justicia Penal Militar, en donde las sanciones contra miembros de la Fuerza Pública tienden a ser nulas o no llegan a ser conocidas por la ciudadanía”.
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Frente a esta petición, ayer se conoció que el caso de Jhon Antonio Gutiérrez, patrullero que, al parecer, está implicado en las muertes de Jaider Fonseca, de 17 años y Andrés Rodríguez, de 23 años, en el CAI Verbenal, no pasará a la Justicia Penal Militar.
Finalmente, la última solicitud del oficio es que la Fiscalía “reconsidere” su estrategia investigativa, con el fin de identificar si hubo órdenes de mandos superiores de la Policía de Bogotá, que llevaran a los uniformados a “ejercer violencia letal en contra de la población civil”.
Los cabildantes aseguraron que estarán al pendiente del avance de los procesos judiciales en contra de los patrulleros investigados y que, asimismo, esperan que “la justicia obre en favor de las víctimas y de la verdad”.