Desplazados del Pacífico, en Bogotá al sol y al agua

Desde hace dos semanas, 32 familias acampan desde en un lote del barrio Montebello. Distrito no los ha convencido de desalojar para reubicarlos.

A estos desplazados les toca sobrevivir sin luz y agua. /Cristian Garavito
“Salí de Buenaventura huyendo de la violencia, pero jamás me imaginé que en Bogotá fuera a vivir estos horrores. Solo sé pescar y cocinar, y aquí piden dizque una hoja de vida. Explíqueme qué es eso, porque no tengo idea. Solo hice primaria”, dice Yoli Cuero, quien suelta la única carcajada de este encuentro. Ella pertenece al grupo de 32 familias desplazadas, que desde hace dos meses viven en “cambuches” de plástico, en un lote de riesgo no mitigable del barrio Montebello, en la localidad de San Cristóbal Sur.
 
Al llegar al lugar, lo primero que se ve son carpas de plástico y cobijas, que se sostienen con palos y piedras.  En el fondo, un grupo de mujeres y niños afro se sientan alrededor de una fogata, donde se cocina arroz y huevo. Varios acentos se escuchan en este lugar. Eso sí: todos de la región pacífica. Buenaventura, Nariño y Chocó son algunos de los lugares de donde provienen. Todos con el mismo común denominador: desplazamiento forzado.  
 
Los “cuartos”, como los llaman ellos, solo tienen colchonetas sobre la tierra y el pasto. Rayos de luz se asoman por los agujeros de los plásticos que sirven de techo para un espacio que no tiene más de cuatro metros.  
 
- “En una camita- en realidad un retazo de cobija- duerme una familia”. 
- ¿Y cuántas personas conforman una familia? 
- Tres o cuatro. Hasta cinco nos acomodamos en cada colchón. 
 
Han pedido ayuda desde que llegaron. Lo paradójico, según ellos, es que las autoridades sí dan la cara, pero de ahí no ha trascendido su ayuda. La Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Gobierno y hasta la Alta Consejería para las Víctimas han visitado el lugar, pero siguen en las mismas condiciones. Este grupo, en el que hay 32  niños y tres mujeres embarazadas, tiene que sobrevivir sin agua, baños o comida. 
  
Hace un mes, las autoridades llevaron hasta este campamento un Escuadrón de Móvil Antidisturbios (Esmad) para desalojarlos. “Solo somos mujeres y niños y aun así nos golpearon y nos dañaron lo poquito que tenemos. ¡Valiente ayuda la de la Alcaldía! nos ven cuando invadimos el espacio público, pero para ayudarnos somos invisibles”, expresa Luz Angélica, otra desplazada, quien se pregunta qué va a pasar con ellos y qué esperan para llevarlos por lo menos a un albergue para que no se enfermen con el frío y la lluvia.
 
Para solucionar este problema, el Distrito creó un grupo inter institucional, junto a la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de San Cristóbal y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), para ofrecerles oportunidades  a estas víctimas. Sin embargo, la situación es complicada, pues los desplazados no quieren salir de la zona sin antes tener una vivienda. Tanto la Alta Consejería para las Víctimas como la Secretaría de Gobierno han  tratado de mediar para reubicar a estas personas, pero ha sido imposible, ya que ellas dicen que no se irán del lote hasta que no se les entregue una vivienda del Estado. Gloria  Flórez, secretaria de Gobierno, visitó la zona el pasado 26 de abril y desde ese momento empezaron con un proceso de caracterización para identificar los problemas y las posibles soluciones.        
 
De esto da fe  William Suárez, el encargado de este caso ante la Defensoría del Pueblo, quien reconoce que la situación es precaria, pero asegura que se les ha brindado todas las ayudas posibles. “Hay un conducto regular que tienen que cumplir y que lastimosamente tarda. También hay otras personas esperando y que se inscribieron antes”, cuenta  el funcionario.
 
Lo que le preocupa a Suárez es que si estas personas no quieren salir voluntariamente, las autoridades se verán obligadas a desalojar la zona, que está en riesgo: “vamos a hacer lo que esté en nuestro alcance para que la solución sea pacífica”.  
 
La Defensoría del Pueblo ha reiterado múltiples veces que no dan a basto para atender a las centenares de víctimas que llegan cada mes a sus instalaciones y que buscan un hogar del Estado, el cual podría tardar años en llegar.
 
Con esta declaración está de acuerdo el alcalde local de San Cristóbal, Jairo León Vargas, quien advierte que uno de los mayores problemas ha sido conseguirles subsidios con el Distrito, pues muchos de ellos llevan más de seis meses y su situación es competencia del Gobierno Nacional. El alcalde manifiesta que les ha enviado oficios a la Unidad de Víctimas para que se apropie del tema  y los incluye en el proceso de reparación. “Lastimosamente, no hemos tenido respuesta. El próximo lunes nos vamos a reunir para solucionar esta situación”, puntualiza.
 
Por ahora, el Distrito seguirá con su trabajo de acompañamiento, que incluye la búsqueda de trabajo para las víctimas, tarea difícil, si se tiene en cuenta que muchas  no saben leer ni escribir.