En detalle: así operaba el 'Clan Romero', zares del licor adulterado en San Andresito

La Fiscalía puso al descubierto una sofisticada organización, con tentáculos en la Policía y la rama judicial, que lograba ganancias de hasta $5.000 millones mensuales fruto del negocio ilegal. Investigación de Caracol Radio evidencia su poder e influencia.

Las autoridades recomiendan destruir las botellas de licor legal una vez son usadas, así como rasparles las etiquetas, para dificultar a los criminales la posibilidad de embotellar el líquido adulterado en envases originales. / Luis Ángel - El Espectador

Hace menos de 15 días las autoridades, lanzaron un gigantesco operativo en San Andresito de San José, en pleno centro de Bogotá, para dar con las redes del licor adulterado y del contrabando que se habían adueñado del sector. No obstante, fue hasta este martes que la Fiscalía dio a conocer detalles de la desarticulación de una de las organizaciones más poderosas y antiguas de la zona: el ‘Clan Romero’.

Según la investigación del organismo, conocida por la emisora Caracol Radio, se trata de una banda que percibía ganancias mensuales de hasta $5.000 millones por concepto de licor adulterado y que tenía tentáculos no solo en la Policía, sino en la misma justicia para seguir operando con tranquilidad.

Tras 36 meses de seguimientos e interceptaciones, la Fiscalía logró establecer que el ‘Clan’ estaba conformado por los hermanos Miguel y María Romero, propietarios de varios locales comerciales en San Andresito, desde donde se coordinada la producción, distribución y venta de licor adulterado. Tan lucrativo era el negocio para el ‘Clan Romero’, que producto del ilícito lograron hacerse dueños de propiedades que iban desde lujosos hoteles hasta exclusivos edificios en la capital del país.

La estructura delincuencial comprendía menores de edad, recicladores, delincuencia común, policías y hasta jueces, todos al servicio de la banda. Era tal la influencia del ‘Clan Romero’, según la Fiscalía, que se hizo invisible por años para la Dian y el propio ente investigador. 

La cadena iniciaba en el sur de Bogotá, donde la organización contaba con dos empresas de reciclaje legalmente constituidas. Hasta allí llegaban habitantes de calle y personas dedicadas al reciclaje, a quienes el ‘Clan’ les compraba las botellas de licor que encontraban entre la basura y en inmediaciones a bares. Dependiendo de la marca de la bebida, la banda pagaba entre $1.000 y $5000 por envase.

Posteriormente, en insospechadas propiedades debido a su lujo y extravagancia, los delincuentes sometían las botellas a tareas de limpieza para luego llenarlas de un cóctel mortal: alcohol artesanal, químicos y colorantes. A lo anterior, se sumaban las labores para instalar con el mayor cuidado y detalles los sellos, tapas y estampillas de licor. Cuando ya todo estaba listo para su comercialización aparecía la Policía.

De acurdo con la Fiscalía, al servicio de la banda estaba toda una red de uniformados de la estación de Los Mártires, quienes –como evidencian audios conocidos a lo largo de la investigación– se encargaban de coordinar la ruta que debían seguir los camiones encargados de movilizar el licor para llegar a San Andresito, sin caer en operativos o retenes de las mismas autoridades. En esa función de ‘campaneros’, los policías brindaban información valiosa al ‘Clan’ para que evadiera con facilidad el actuar de la Policía, la Fiscalía o la Dian.

Por estos hechos, ya hay un capturado: se trata del patrullero Jonathan Pérez Peña, cuyo accionar delictivo fue plenamente evidenciado por las autoridades. Ya en San Andresito, la banda contaba con un grupo de personas, entre ellos incluso menores de edad, que se encargaban de ‘recordarles’ a los demás comerciantes que en la zona no se movía una botella de licor adulterado sin el visto bueno del ‘Clan Romero’.

Los tentáculos delincuenciales no llegaban hasta ahí. Según la Fiscalía, el ‘Clan’ contaba con familiares y allegados en la rama judicial, quienes presuntamente, entorpecían las investigaciones, alertaban de operativos y lograban contener eventuales procesos en contra de los cabecillas.

En el caso de Miguel Romero, las autoridades determinaron que su esposa era juez en el complejo judicial Paloquemao y a su vez, que el hijo de esta figuraba como asistente judicial. Concretamente, en desarrollo de uno de los allanamientos fueron hallados expedientes y documentos de investigaciones sobre tráfico de licor adulterado. Entretanto, se comprobó que el esposo de María Moreno era un policía al servicio de la Dirección de Tránsito, quien incluso habría logrado que su pareja pasara desapercibida durante los operativos del pasado 16 de junio.

Adicionalmente, cada proceso o indagación judicial era asumida por un único buffet de abogados con el poder y la influencia suficiente para lograr tumbarlos o en caso dado, lograr irrisorias penas como limpieza de parques.

Y es que tan permeados estaban los distintos niveles de las autoridades, que para materializar la captura de cabecillas e implicados, el CTI de la Fiscalía tuvo que optar por pedirle a jueces de Tunja que emitirán las debidas ordenes de captura, puesto que persistía el riesgo de que la información se filtrara.

Gracias a todo lo que lograron determinar las autoridades, los hermanos Romero, cabecillas de los distintos niveles delincuenciales y policías lograron ser puestos ante un juez. Sin embargo, sólo a los secuaces se les envió a la cárcel, mientras que los cabecillas regresaron a la calle.

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