Detalles del contrato de construcción del puente que colapsó

El Distrito investiga por qué no se informó a la Administración sobre las pruebas de carga de la estructura.

Pamela Aristizabal - El Epectador

Argumentado gastos en el sector Defensa fue como se llevó a cabo el contrato para la construcción del puente peatonal que se desplomó en la carrera 11 con calle 103. Esta es la razón por la cual el Ejército asegura que se adjudicó de manera directa y no se realizó ningún tipo de licitación pública.

En diálogo con Caracol Radio, el jefe de ingenieros del Ejército, general Fernando Pineda, aseguró que esta era “una capacidad que se tenía antes del fallo del Consejo de Estado, ya que era una contratación directa reservada. Era una obra en las instalaciones militares”.

El fallo al que se refiere Pineda es de mayo de 2014, cuando se suspendieron cuatro artículos del Decreto 1510 de 2013, entre ellos el que habla sobre la contratación reservada. De acuerdo con Colprensa, el Consejo de Estado confirmó que la Ley permite contratar de manera directa los bienes y servicios que se consideren reservados, sin embargo no especifica qué se considera reservado y qué cabe dentro de esta expresión.

En el contrato para la construcción del puente también se estableció que el Distrito era el responsable de las obras de ampliación de la carrera 11, no obstante, se consideró que esta intervención afectaba la estructura del Cantón Norte. Frente a ello, el general Pineda manifestó que esta era una obra necesaria “para restablecer la comunicación entre lo que quedó dividido del Cantón Norte”.

La fecha de entrega de la estructura estaba prevista para diciembre de 2013, pero no se pudo cumplir con el plazo asignado: fue necesario hacer varios cambios en el diseño inicial debido a problemas con las obras que adelantaba el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en el carrera 11.

El mal tiempo en la ciudad e inconvenientes en la entrega de unos materiales, según lo afirmó Pineda, también contribuyeron a las demoras. Así, al contrato que se firmó en 2013 con Construcciones Tecnificadas S.A. (Constructec) se le hicieron dos prórrogas, la primera hasta el 5 de marzo del año pasado y luego para el 25 de junio de 2014.

Finalmente, el documento suscrito estuvo a cargo del teniente coronel Óscar Fernando Peralta Cortés, a quien la Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos en septiembre de 2014 por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos de gafas antifragmentación, con lo que se habrían comprometido más de 5.600 millones de pesos, según informó RCN Radio.
 

 

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