Por lo menos 100.000 visitantes llegan cada domingo a la iglesia del 20 de Julio, el tradicional templo católico del sur de Bogotá. A estas aglomeraciones se suma la congestión que causan los 1.200 vendedores ambulantes que desde hace más de 20 años se han ubicado en los alrededores del lugar, invadiendo andenes y vías principales del espacio público comprendido entre las carreras 3ª y 10ª, y entre las calles 22 Sur y 27 Sur. Hace una semana, cuando terminó el año, se venció un nuevo plazo que el Consejo de Estado había dado para reubicarlos, y los residentes y comerciantes formales del sector aún no pueden transitar libremente por el sector.
El fallo del alto tribunal es del 1º de enero de 2003 y estipuló la reubicación inmediata de todos los vendedores informales que allí se ubican, a raíz de varias acciones populares que interpusieron algunos vecinos.
El documento reza: “Esta situación (…) atenta contra los derechos de los residentes y comerciantes formales de la zona a quienes se les dificulta su desplazamiento; el acceso a sus viviendas o establecimientos comerciales y el desarrollo de su actividad. Así mismo, impide el libre tráfico de vehículos y peatones”.
El fallo en ese entonces ordenó que la Alcaldía Local de San Cristóbal, con el apoyo de la Alcaldía Mayor y la Policía, tenía que recuperar el espacio para el uso de todos los ciudadanos, y dio un año de plazo. Además calificó como necesario y urgente reforzar las medidas con una propuesta para reubicar a los vendedores en el corto plazo.
Sin embargo, desde ese momento innumerables razones han impedido que la reubicación sea una realidad, por lo que el plazo se ha prorrogado varias veces. El más reciente era diciembre de 2015.
Algunas situaciones que han complicado el panorama son las amenazas de mafias que controlan el sector y cobran por el aseo o la ocupación de ciertos espacios; el intento fallido de algunos vendedores que aceptaron la reubicación, pero cuyas ventas disminuyeron entre 30% y 40% al cambiarse a las carpas que dispuso el Instituto para la Economía Social (IPES), y la falta de claridad de los implicados ante las propuestas de la administración.
¿Qué dicen los vendedores?
Entre los vendedores hay opiniones adversas. Mientras algunos argumentan que los espacios destinados por el IPES (que abrió 900 puestos de venta en la plaza ferial 20 de Julio desde 2012 para acatar el fallo) son pequeños y en ellos no venderían lo mismo, otros quieren formalizar su trabajo.
“A algunos les gusta el desorden, pero yo sí quiero pasarme al local. Así me cobren, sé que allá el trabajo es seguro y estable”, dice Gustavo Rojas, vendedor de calzado, y agrega: “Sabemos que se está concretando la reubicación y estamos esperando a que nos digan cuándo será”.
Pompilio Reyes, vendedor de dulces y minutos de celular, lleva tres años en el sector y asegura que desde hace ocho meses está inscrito en la administración del recinto ferial para que lo reubiquen, pero que a la fecha no ha recibido información de lo que ocurre con las carpas. “Como que todavía no han dado la orden para ocuparlas”.
Don Enrique, de 65 años y quien lleva allí 25 vendiendo artículos religiosos, añade: “Sé por encimita que habrá reubicación y que las reuniones empiezan este mes. Es muy difícil poner de acuerdo a todo el mundo”, y recuerda que hace un tiempo le ofrecieron la carpa y no la aceptó al ver que no le cabía toda su mercancía. Sus ganancias se verían afectadas.
Otros vendedores consideran que registrarse en el IPES implica enfrentarse con un sector de los informales. Un trabajador del lugar explica que existen organizaciones de colegas suyos que tienen “el dominio de la zona y de la gente” y cuenta que los domingos, cuando los clientes ya se han ido, cruzan la calle 27 unos sujetos y “cobran el arriendo, que pueden ser $25.000 y $30.000. Entonces, si firmas con el IPES te va mal, te joden, te amenazan, y puede pasar cualquier cosa”.
Con el plazo de reubicación vencido una vez más, la nueva administración deberá asumir este reto, que es tan sólo uno de muchos ejemplos de lo que ocurre en el espacio público bogotano.