Las deudas de la Nación con Bogotá

A propósito de la Agenda por Bogotá del Gobierno, estos son algunos compromisos y temas claves que la Nación no ha cumplido.

El presidente Juan Manuel Santos y el alcalde Gustavo Petro, en el lanzamiento del Centro Nacional Logístico. /SIG
Esta semana, por segunda vez en cinco años, el Gobierno Nacional “se tomó” Bogotá, como parte de su estrategia de presencia institucional en las regiones del país. Desde el jueves hasta hoy las reuniones entre ministerios y secretarías distritales han ido y venido en busca de coordinar tareas que puedan dar algunas luces a los principales problemas de la capital.
 
Una vez más el presidente Juan Manuel Santos se tomó la foto con el alcalde Gustavo Petro y los ministros posaron con los secretarios distritales. La jornada terminará el próximo lunes cuando Santos realice un consejo de ministros al que asistirá el alcalde Gustavo Petro. Pero más allá de los eventos mediáticos, la “Agenda por Bogotá” toca temas y compromisos incumplidos de la Nación con la capital, que la administración Petro quiere sacar a flote, pero que sin el músculo financiero y político del Gobierno no verán una salida.
 
Uno de los más publicitados hasta ahora es sin duda la financiación del metro. A comienzos de mayo, el alcalde Petro lamentó que el Gobierno se estuviera echando para atrás: “Está obligado a cofinanciar el metro hasta en un 70 por ciento. Si no lo puede hacer entonces que nos diga, porque no  va a haber metro”, dijo Petro. La respuesta la tiene  la Financiera Nacional de Desarrollo que está haciendo la estructuración para definir de dónde sale la plata y cómo será el contrato,  pero muchos piensan que es más una cuestión de voluntad política que de cálculos técnicos.
 
Otro compromiso aplazado del Gobierno con el Distrito, por ejemplo, es la descontaminación del Río Bogotá y el reasentamiento de los pobladores que viven en sus riberas. Es decir, cómo van a hacer realidad el fallo del Consejo de Estado que en el 2014 ordenó que se debían girar cerca de 6 billones de pesos para limpiar el río Bogotá, uno de los sistemas hídricos más contaminados del mundo, y ordenó la construcción de una planta de tratamiento. “Para hacer la planta de Canoas, que podría detener la contaminación del río se requiere una cofinanciación de la Nación, que todavía no ha sido definida”, aseguró ayer la Secretaria Distrital de Ambiente, Susana Muhammad.
 
Las preocupaciones sobre la  seguridad  de la ciudad pasan por la conocida petición del Distrito al Gobierno de incrementar el número de uniformados  en la capital. El alcalde Petro ha señalado enérgico que:  “La policía especializada en Transmilenio tiene 280 efectivos y no 1.400, como piensa el Gobierno Nacional. Se necesitan 1.000 efectivos más, no 330”, En total habría 680, según Petro. La cifra del Ministerio  de Defensa es de 1.300 efectivos.
 
La Alcaldía a través de la Secretaría de Gobierno también busca  que la Nación replantee si la estrategia de seguridad por  cuadrantes es un sistema funcional para una ciudad que se moviliza alrededor de los esquemas de transporte masivo, ya que solo  en horas pico 2 millones 400 mil personas transitan estos corredores. Corabastos, como la central agrícola más grande del país, que mueve $30 mil millones diarios sin mayor regulación estatal, es otra preocupación  de seguridad en la que  el Distrito busca comprometer al Gobierno. 
 
En temas de salud,  la Alcaldía quiere sacar adelante  el plan de salvamento del hospital San Juan de Dios, una compra que ha intentado Petro, pero no ha logrado. Hoy está a la espera de que la Superintendencia de Notariado y Registro defina si el liquidador de la Fundación puede venderle la propiedad a la Alcaldía. En todo caso, reanimar la atención en salud del hospital requiere de millonarios recursos que, de acuerdo con un fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca deben venir 50% de la Nación, 25% del Distrito y el otro 25% de la Gobernación de Cundinamarca.
 
“También necesitaríamos el concurso del Estado para abrir varios centros regulados de consumo, para que los drogodependientes, en especial habitantes de calle que consumen bazuco puedan consumir marihuana para que se reduzcan los riesgos, que dejan de ser solo de salud para ser de seguridad. También estamos atentos a la respuesta del Ministerio de Salud sobre su participación en la readecuación del hospital materno infantil, que ya tiene todos los estudios, solo hace falta su financiamiento”, especificó el secretario Distrital de Salud, Mauricio Bustamante.
 
La coordinación en temas de educación tampoco ha sido fácil. “Encontramos muchas veces que no hay escucha, hay una actitud tecnocrática basada en supuestos que no son correctos”, asegura el secretario de Educación, Óscar Sánchez, y cita como ejemplo que el Ministerio de Educación asignó los recursos del Sistema General de Participaciones sin consultar con Bogotá, y les reconocieron menos matrículas de las que tienen. “Es un tema gravísimo porque  nos afecta financieramente y además afirma que estamos contando mal a los estudiantes y eso no es cierto. La Universidad Nacional ha demostrado que están equivocados”, dice Sánchez. 
 
Esto sin hablar de las dificultades que señala la alta Consejera para las Víctimas del Distrito, Ana Teresa Bernal, para quien el proceso de indemnización  ha sido muy lento: “Hay un registro 721.000 personas víctimas en Bogotá  y de esas se han indemnizando a 10.000”. 
 
A su vez, según la Secretaría Distrital para la Mujer, el Ministerio de Salud no ha expedido la resolución de asignación de recursos para la vigencia 2014 y 2015 para la implementación de medidas de atención a mujeres víctimas de violencia. Las deudas del Gobierno con el Distrito no son pocas y se necesita  más que discursos y fotos de rueda de prensa.