Compras innecesarias suman más de $2.528 millones

Dinero para seguridad de TM se habría gastado en un gimnasio y hasta en trajes de mariachi

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Una investigación de la Veeduría evidenció que con el dinero de un convenio entre Transmilenio, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y la Policía Metropolitana se adquirieron muebles, instrumentos musicales, un gimnasio y vestidos de mariachi.

La seguridad en los buses y estaciones de Transmilenio (TM) es uno de los temas que más preocupa a los usuarios del sistema. Por esa razón, el Distrito y la Policía han acordado varias medidas para fortalecer la vigilancia, pero al parecer parte del dinero destinado a ese fin se estuvo desviando a otros temas durante varios meses. Una investigación de la Veeduría evidenció varias irregularidades en un convenio suscrito entre TM, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (Forpo) y la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), mediante el que se habrían desviado dineros para compras innecesarias y que no tienen nada que ver con la seguridad del sistema.

El cuestionado convenio fue suscrito el 21 de junio de 2019 y tuvo inicio el 12 de julio del mismo año. Su objeto era “aunar esfuerzos entre TM, la Policía Metropolitana de Bogotá y el Fondo Rotatorio de la Policía para fortalecer la seguridad, convivencia y vigilancia de los usuarios del Sistema Transmilenio”. Era un acuerdo a 12 meses y tuvo aportes por $10.000 millones, que fueron realizados por TM. No obstante, tuvo dos prórrogas: una en julio de 2020, por dos meses, y otras en septiembre de ese año, por cuatro meses. Las adiciones sumaron $2.000 millones.

No obstante, parte de ese dinero no se utilizó para la seguridad del sistema sino para otras compras que poco y nada tenían que ver con ese propósito. Fueron adquisiciones relacionadas con la dotación de instalaciones de la Policía y para atender a los miembros de la institución, como la adquisición de bonos para el personal del Comando de Policía Transporte Masivo; la compra de un gimnasio, instrumentos musicales y atuendos de mariachis para la Mebog; la contratación de actividades de bienestar como reconocimiento a la labor de los uniformados, e incluso la obtención de dispositivos taser. Todas esas compras sumaron más de $2.528 millones desviados del propósito inicial del contrato.

El veedor Guillermo Rivera aseguró que en la investigación se encontró que “más que participar en un convenio para mejorar la seguridad en TransMilenio, el Fondo Rotatorio de la Policía habría destinado recursos para dotar instalaciones, o atender a los uniformados”. Según dijo, las compras se hicieron escapando a la supervisión de TM y cuestionó la relación entre la adquisición de un gimnasio con la convivencia en el transporte masivo.

En el documento final de la investigación la Veeduría evidenció también debilidades en la supervisión del contrato, es decir los controles que debe ejercer el ordenador del gasto sobre la supervisión del mismo. “No se advirtieron los errores en los informes de supervisión y la falta de un acta del comité de coordinación donde se aprobaran expresamente los planes de necesidades del convenio”, agrega la entidad.

También se comprobó que había un Comité de Coordinación, conformado por las partes quienes suscribieron el convenio, que tenía como obligación aprobar los planes de necesidades según el objeto del acuerdo. Pero la información recopilada por el ente de control no evidencia un acta con la aprobación de dichas necesidades.

Debido a los hallazgos la Veeduría decidió enviar un oficio al gerente de TM, Felipe Ramírez, para darle a conocer el resultado, las conclusiones y recomendaciones de la investigación, para que coordine e imparta las instrucciones necesarias consolidar las respuestas que darán al organismo de control. También se formularon recomendaciones administrativas a TM, para mejorar la gestión en este tipo de convenios.

Además de eso se enviaron los hallazgos a la Procuraduría, pues es la institución que tiene competencia sobre el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, y se compulsaron copias a la Personería y Contraloría distrital para que valoren y determinen las conductas que se consideren del caso.

“Conforme a los hallazgos surgidos de nuestra investigación consideramos nuestro deber solicitar a usted que, en el marco de sus competencias disciplinarias, se evalúen las conductas de los miembros de la Policía Nacional – Fondo Rotatorio - que tomaron decisiones en la ejecución del convenio interadministrativo de cooperación 613. Lo anterior, teniendo en cuenta que la competencia que tiene la Veeduría Distrital recae únicamente sobre las entidades, funcionarios y/o trabajadores oficiales del nivel distrital”, manifestó Rivera en la carta que envió a la procuradora Margarita Cabello y al mayor Jorge Luis Ramírez, inspector general de la Policía.

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