Distrito cuestiona renovación urbana del Gobierno Nacional

La administración de Gustavo Petro solicita que habitantes originarios no sean desplazados del centro de la ciudad y sean incluidos en el Proyecto Ministerios.

Archivo El Espectador

Con una dura carta enviada al gerente de la Empresa de Renovación Urbana Virgilio Barco (EVB), la administración de Gustavo Petro pretende comenzar un fuerte debate en torno a la forma en que el gobierno nacional adelanta proyectos de renovación urbana en Bogotá, en especial, en nueve cuadras aledañas a la Casa de Nariño, donde se construirán en los próximos años las sedes de varios ministerios.

La misiva, que fue revelada por El Espectador en su edición del pasado domingo, está firmada por dos de los miembros del gabinete Petro con más credenciales académicas en el ámbito del urbanismo y el patrimonio: María Mercedes Maldonado, Secretaria de Hábitat, y María Eugenia Martínez, directora del Instituto Distrital de Patrimonio (IDPC), así como por el Secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo.

El Proyecto Ministerios, ideado por el gerente de la EVB, Andrés Escobar, implicará la compra o expropiación de los inmuebles ubicados en nueve manzanas al sur y occidente de la Casa de Nariño, entre la carrera octava y la carrera décima. Allí, al menos unas 400 familias moran o adelantan actividades comerciales –tipógrafos, vendedores de artículos militares, zapateros, joyeros- desde hace varias décadas.

Son varias las preocupaciones que asaltan a los miembros del gabinete Petro, pese a que fue esta misma administración la que consintió que el proyecto se llevara a cabo y así quedó consignado en la modificación excepcional al Plan de Ordenamiento Territorial que fue decretada en agosto por el alcalde mayor.

En primera instancia, al Distrito le preocupa el enfoque con el que se adelantará el proyecto, que es muy distinto, al menos en el discurso, a proyectos de renovación urbana que han sido adelantos por la Empresa de Renovación Urbana y el IDPC en la capital. Mientras que la renovación urbana “progresista” trabaja en elaborar proyectos de intervención en el que los habitantes originarios sean socios o beneficiarios de estas grandes y complejas intervenciones, el proyecto del gobierno nacional busca relocalizar a los habitantes y comerciantes en otras zonas de la ciudad.

Los usuarios del sector tienen derecho a condiciones similares a las de otros sectores respecto a las posibilidades de permanencia en el sector, de vinculación a los proyectos y de consideraciones respecto al uso de herramientas como la expropiación”, asegura la carta radicada ayer y hecha pública hoy en una rueda de prensa conjunta en el Concejo de Bogotá.

De hecho, ya 33 habitantes en dos de las nueve manzanas de la ciudad recibieron opciones de compra de parte de la EVB. En promedio, a los propietarios se les está pagando 1.300.000 el metro cuadrado, mientras que a los comerciantes se les brinda apoyo y asesoría, tres meses de arriendo y una indemnización que corresponde a tres meses de ganancias de su negocio. (Vea Habitantes del centro se levantan contra Renovación Urbana de Santos).

Para el Distrito, la expropiación debería ser una excepción y no la regla, y solo debería ser aplicada una vez se hayan agotado los mecanismos de concertación y participación con la comunidad originaria. “Consideramos indispensable privilegiar el papel de los propietarios originales, y lograr en procesos participativos su vinculación a los proyectos, sin partir del uso de la expropiación como mecanismo para llevar a término los proyectos, que solo se asume como excepcional, para los casos en que algunos propietarios se opongan a proyectos que ya han logrado la aceptación de un número importante de propietarios”, reza la misiva.

En diálogo con El Espectador, Escobar explicó hace un par de días que el proyecto es necesario para renovar y darle de nuevo vida a partes del centro que hoy están abandonadas y que suponen problema de seguridad para el sector. Además, aseguró que un proyecto de estas magnitudes –que implica una considerable inversión por parte del sector privado- solo puede ser financiada a través de las rentas que deje el uso comercial de parte de esos inmuebles. “Los negocios de los comerciantes que actualmente están en la zona no dan las suficientes ganancias como para que puedan pagar los nuevos precios de arriendo, teniendo en cuenta que el metro cuadrado se elevará una vez se construya el proyecto”, aseguró Escobar.

Adicionalmente, a la administración distrital le preocupa que el proyecto haya comenzado el proceso de compra y expropiación de predios y de traslado de sus moradores, sin que exista aún un diseño específico del mismo. María Eugenia Martínez, directora del IDPC, le dijo a este diario que “no hay un lugar en el mundo donde se haga renovación urbana sin antes tener un proyecto diseñado”.

La preocupación de Martínez radica en que algunas de las manzanas a intervenir gozan de protección patrimonial. Y aún no hay claridad sobre la forma en que el Proyecto Ministerios protegerán y restaurarán estos inmuebles.

Escobar explica que de todas las manzanas, aquellas que gocen de estatus de protección serán conservadas y restauradas, mientras que aquellas colindantes con la carrera décima, que no hacen parte del complejo arquitectónico colonial de La Candelaria, serán demolidas para la construcción de los edificios más altos.

Se sabe que durante la mañana de este miércoles, los citados funcionarios del Distrito se reunirán para Escobar, para adelantar conversaciones sobre el futuro del proyecto. La discusión promete abrir un importante capítulo en la historia de la planeación urbana de Bogotá.
 

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