Centro de Memoria, Paz y Reconciliación hará informe de lo que ocurrió entre 9 y 11 de septiembre

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Foto: Jose Vargas

En medio de una de las sesiones públicas, que en esta ocasión fue con la Secretaría General, la alcaldesa Claudia López pidió al director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, José Antequera, realizar un informe de los hechos que sucedieron entre el 9 y 11 de septiembre y que dejaron a 12 personas muertas y 75 heridos por armas de fuego.

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La mandataria informó que las situaciones, denuncias por violación de los derechos humanos y el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la Policía, así como la información de civiles que atacaron CAI y cometieron actos violentos, fueron entregados a las autoridades correspondientes, pero es deber de la alcaldía documentar como parte de la memoria histórica lo que ocurrió esos tres días.

“No es un informe judicial sino de memoria histórica de qué pasó, que tenga diferentes fuentes, voces y versiones (...). Es un deber moral y ético con la ciudad, las familias y los 75 ciudadanos que fueron heridos a bala”, indicó.

Además señaló que esta será una forma de honrar a las familias con la verdad, independientemente de cómo avancen los procesos judiciales y disciplinarios.

A la par, Antequera manifestó que el Centro de Memoria ya ha venido recopilando las imágenes y videos de esos días. “Estamos haciendo una alianza con el IDPAC y con la Dirección de Derechos Humanos de Secretaria Gobierno para tener la mayor cantidad de información y para medir las condiciones. Además, comenzamos una propuesta para hacer una exposición temporal que vamos a presentar el 10 diciembre, día internacional de los derechos humanos, que va a sevir de apertura al diálogo”.

Bogotá ardió en llamas entre el 9 y 11 de septiembre. Las protestas de indignación por el asesinato de Javier Ordóñez en custodia policial, rápidamente se convirtieron en fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, que terminó con la muerte de 12 personas y 75 heridos por impactos de arma de fuego, a las que se suman alrededor de 500 que también se vieron afectadas en medio de estos hechos.

Ante esto, avanza un proceso penal contra los dos uniformados que han sido incriminados por el abuso policial en el caso de Ordóñez, así como otra contra las personas sindicadas de haber infiltrado las manifestaciones, mientras que entes de control y la Policía investigan el accionar de los uniformados que activaron sus armas de fuego esas noches.