Distrito, en la mira por negocio de luces led para semáforos

Contraloría dice que el contrato renovado por la Secretaría de Movilidad, en diciembre de 2013, tiene vicios, pues aún son efectivas las medidas que lo liquidaron en febrero del mismo año.

Susana Muhamad (izq.), exsecretaria General y Rafael Rodríguez (der.), exsecretario de Movilidad, anunciaron en enero de 2013 que revivirían el contrato de módulos LED. / Archivo

El contrato que la administración de la ciudad pactó en diciembre del año pasado con la Unión Temporal Módulos LED, con el objeto de comprar 26 mil bombillos led para los semáforos de la ciudad, está en la mira de la Contraloría distrital, que advirtió sobre graves hallazgos disciplinarios, penales y fiscales debido a omisiones por parte de la Secretaría de Movilidad. La Procuraduría Delegada para la Vigilancia de la Función Pública decidió hacerle un minucioso seguimiento a este acuerdo y adelanta una actuación disciplinaria con la que espera determinar quiénes son los responsables de revivir un contrato que, a su juicio, es “ilícito”.

Lo que empezó como una historia, en la que la propia administración quiso develar hechos de corrupción en el interior de la Secretaría de Movilidad, según los cuales habría sido perjudicada la Unión Temporal Módulos LED (UT) por supuestos sobornos de funcionarios, se ha convertido en un confuso proceso que tiene preocupado a más de uno en el gabinete por las posibles sanciones de los órganos de control.

El 23 de enero de 2014 la entonces secretaria general de la Alcaldía, Susana Muhamad, y el exsecretario de Movilidad Rafael Rodríguez, citaron a una rueda de prensa en el Palacio Liévano para denunciar que el contrato firmado en 2010 para adquirir los módulos led había sido liquidado injustamente en febrero de 2013, luego de que la Secretaría declara su incumplimiento en 2012.

Tanto Rodríguez como Muhamad, contaron en ese momento que funcionarios de Movilidad, habrían cometido errores contra la UT y después de hacer pruebas a sus módulos encontraron que éstos sí podían usarse en la ciudad, por lo que decidieron recuperar las condiciones de la contratación original, estimada en $6 mil millones.

No obstante, en los últimos días aparecieron denuncias acerca de la posible influencia de concejales como Severo Correa, del Partido de la U, quien habría podido interceder en el proceso para revivir el contrato. Aunque éste fue archivado por la Fiscalía, ayer se conoció que el ente investigador adelanta un proceso contra el exsecretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, por la renovación del acuerdo con la UT. De hecho, la concejal Sandra Jaramillo presentó la denuncia por prevaricato contra Rodríguez.

Pero más allá de quiénes hayan tenido intereses en revivir este contrato y de si la administración distrital pudo ser engañada por el contratista o terceros, como se rumora en los pasillos de la Alcaldía, la Contraloría distrital determinó que la Secretaría incurrió en graves fallas de incidencia disciplinaria y fiscal. La razón es que cuando la entidad declaró el incumplimiento del contrato de la UT en 2012, también ordenó una multa por $1.199 millones, multa que nunca se hizo efectiva. El ente de control asegura que no hay excusa para que Movilidad no haya ejecutado la sanción, más aun cuando “el proceso contractual es finalizado y liquidado unilateralmente por el mismo gestor fiscal en febrero de 2013”.

Además, la Contraloría señala que a pesar de que el secretario de Movilidad firmó un nuevo contrato bajo la figura de “transacción” con la misma UT, en diciembre de 2013 (el cual tuvo la aprobación del alcalde Gustavo Petro), éste no tiene efectos para revocar anteriores decisiones ordenadas por la misma Secretaría, como la multa por el incumplimiento y la liquidación.

Como si fuera poco en este lío, Fanny González, procuradora delegada para la Vigilancia de la Función Pública, dijo a este diario que el contrato de transacción no es el “idóneo para dejar sin efectos la liquidación y declaratoria de incumplimiento del contrato inicial”, y por ello su despacho lo considera ilícito. Por esta razón, cursa una acción popular ante los juzgados administrativos que pide que como medidas cautelares no se le desembolse dinero a la UT. Ahora el ente de control quiere determinar qué funcionarios tienen responsabilidad en el proceso y por ello adelanta la actuación disciplinaria. El paso que seguiría es la investigación disciplinaria, una vez se determine quiénes serían los presuntos culpables.

Así las cosas, no está claro si el único que tendría que responder es el exsecretario Rodríguez, sino quizá también el alcalde, debido a la firma con la que aprobó hacer el contrato de transacción el año pasado. Sin embargo, Rodríguez dijo el martes a este diario que las firmas se hicieron con el visto bueno de abogados de la Secretaría General, quienes les dijeron “que todo estaba bien y se podía hacer”.

 

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@VeronicaTellez