Distrito pone en marcha nuevo modelo de atención para evitar abusos en la UPJ

La Administración puso en funcionamiento el denominado ‘Centro de Traslado por Protección’ que, entre otras, comprende salas diferenciadas para los retenidos y una oficina de atención para familiares.

Se estima que la Policía traslada diariamente a 216 personas a la UPJ, cifra que los fines de semana puede ascender a 500. /David Campuzano - El Espectador

La Secretaría de Seguridad de Bogotá, en línea con la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía, presentó este martes el denominado ‘Centro de Traslado por Protección’ que, de ahora en adelante, reemplazará las salas de retención de la Unidad Permanente de Justicia (UPJ), con énfasis –dice el Distrito– en el respeto a los derechos humanos y el trato digno.

Lo anterior, luego de las controversias que han salpicado a estas salas del centro de retención de la localidad de Puente Aranda, donde se han denunciado maltratos físicos y verbales de la Policía, hacinamiento, arbitrariedades e incluso requisas en las que hacen desnudar a los detenidos. (Lea: UPJ de Puente Aranda, de nuevo en el ojo del huracán por presuntos excesos de la Policía)

Como funciona en la actualidad, estas nuevas salas harán las veces de albergue transitorio para aquellos ciudadanos que violan normas de convivencia como consumir bebidas embriagantes en la calle o involucrarse en riñas. Sin embargo, según explicó el secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, se implementa todo un nuevo modelo de atención centrado no solo en mejores condiciones de infraestructura física, sino en el trato a quienes son trasladados.

Muestra de ello es que se acondicionaron varias salas para diferentes grupos poblacionales, de cara a evitar conflictos y abusos. Así, mujeres, hombres o integrantes de la comunidad LGTBI ya no serán agrupados en un mismo espacio, sino en sitios diferenciados. A ello se suman talleres de convivencia y justicia restaurativa que recibirán quienes sean retenidos.

En materia de infraestructura, se acondicionaron 24 cámaras de seguridad para monitorear lo que ocurre en las salas; se habilitaron computadores para llevar el registro de los retenidos (anteriormente se llevaban listados escritos) y se puso en funcionamiento una oficina de atención al ciudadano, para que los familiares de quienes sean trasladados sepan su estado y eventual hora de salida.

“Se trata de una nueva forma para trasladar y atender a las personas que se encuentran en gran estado de excitación o que han cometido alguna contravención. Este nuevo centro implicó una inversión de entre $600 y $800 millones que se traducen en adecuaciones físicas, pues la UPJ se encontraba en condiciones indignas. Mejoramos la infraestructura física y ahora implementamos un enfoque diferencial”, señaló Mejía.

Para evitar arbitrariedades y abusos, por fin se pusieron en funcionamiento los detectores de metales para adelantar requisas y detectar armas, problemática que habría propiciado abusos de la Policía, que incluso hace desnudar a quienes son conducidos hasta la Unidad. Precisamente, los uniformados que atienden en la UPJ fueron capacitados en derechos humanos para evitar irregularidades.

“Lo que ahora tenemos es un trato más digno en toda la cadena de atención a las personas que son trasladadas”, agregó el secretario de Seguridad, quien destacó además la creación de dos centros de monitoreo –uno manejado por la Policía y otro por la Secretaría– para vigilar a los retenidos. Ahora, el Centro contará con capacidad para atender hasta a 450 personas. 

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